Por Ramiro Pereira (*)
Agudizada desde 2018 la crisis argentina -en el contexto de una economía que no crece desde 2011- el deterioro del salario real, mayor desempleo, disminución de la calidad del empleo (precariedad y cuentapropismo) y su impacto en el aumento de los hogares por debajo de la línea de pobreza, han llevado a la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social por ley de la Nación, y la consecuente delegación al Poder Ejecutivo de facultades legislativas. La emergencia vino con aumento de impuestos, afectación de haberes previsionales y eliminación de la movilidad jubilatoria vigente, bajo el signo del déficit fiscal y la deuda pública externa (1).
La situación general de la economía y el ajuste dispuesto por ley N° 27.541 trajeron como secuela una reacción bastante generalizada de actores políticos tendiente a la disminución de los sueldos de gobernantes, funcionarios y dietas de legisladores, tanto en el orden nacional cuanto en los niveles provincial y local. En tal sentido el congelamiento de dietas de diputados y senadores de la Nación, con iniciativa previa del bloque de senadores radicales (2).
En Entre Ríos, ambas cámaras de la Legislatura dispusieron el congelamiento de dietas y haberes de su personal político y lo propio hizo la Municipalidad de Paraná, al igual que otros municipios de la provincia, publicitados en general en tono de “ajuste” sobre los “políticos”.
El caso de Paraná es paradigmático por cuanto la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante había rechazado poco antes el proyecto de ordenanza de otro bloque partidario tendiente a disminuir sueldos de la llamada planta política y dietas de concejales. En el caso, no debieran desatenderse los argumentos planteados por el concejal del PJ David Cáceres, quien habló de cierta demagogia ubicada en dicha propuesta (3).
En efecto, la forma responsable de plantear los congelamientos debe centrarse en la importancia de emitir señales y gestos desde los distintos poderes y niveles del Estado tendiente a evidenciar que el esfuerzo es compartido.
Mirado desde dicha perspectiva, se trata de decisiones que no deben considerarse menores, siempre y cuando se entienda que su proyección es de orden eminentemente simbólico. En todo caso, no olvidemos que la vida humana es primordialmente simbólica en todo lo que no sea directa satisfacción de necesidades vitales puramente materiales.
Reforzando lo antedicho, recuerdo que mi padre me refería que durante la segunda guerra mundial la familia real británica se sujetó el régimen de racionamiento de comida, como sus súbditos, e incluso la actual reina pagó su traje de bodas con cupones de racionamiento.
Más cercano en el tiempo y en el espacio, durante la crisis energética de finales del gobierno de Raúl Alfonsín, en el asfixiante verano porteño, el presidente trabajaba en su despacho de la Casa Rosada sin prender el acondicionador de aire: “hay que dar el ejemplo”, le escucharon decir.
El accionar de gobernantes, funcionarios, legisladores, jueces, fiscales no resulta un tema de mera moralina, pues la ejemplaridad tiene impacto valioso no sólo en la legitimación del sistema político sino también en el funcionamiento concreto de las reparticiones estatales.
Es por ello que el congelamiento de dietas y sueldos es una saludable reacción que procura dotar de mayor legitimidad a las instituciones políticas, emitiendo señales de empatía en momentos de crisis económica y ajuste.
Pero debe quedar claro hacia el público que los problemas fiscales y económicos no se ordenan con estas medidas, pues la incidencia en el presupuesto de los haberes de funcionarios y magistrados no suele ser gravitante.
Es decir, la idea de que un ajuste “en la política” va a resolver algo es falsa y remite a la retórica de la antipolítica. Así, en los años 2000 y 2001 se opinaba sin mayor fundamento respecto del “costo de la política” y unos días atrás vi una discusión entre un liberista ultra y una diputada, en el cual aquel reeditaba los planteos antiestatales y cualunquistas: “No podemos mantenerlos” bramaba el mediático economista, anudando en un todo la caída del PBI per capita, el nivel de actividad, la presión tributaria, el incremento del empleo público y los sueldos de funcionarios y magistrados, explicando la decadencia en clave de asfixia del sector privado y la exorbitancia del sector público (4).
Los problemas no están en el “gasto de la política” ni -en general- en el “tamaño del Estado”. Respecto del Estado -en sus distintos niveles- el horizonte de acción es dotar a sus instituciones de potencia y capacidad operativa, haciéndolas receptivas a la pluralidad de intereses sociales y económicos y procurando que no sean un instrumento sectorial para el despojo de otro sector.
En punto al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones gubernamentales, debe señalarse que no sólo interesa el gasto sino -y de modo central- la calidad del mismo, que suele ir de la mano de la transparencia, es decir, la cuestión no es menos Estado sino un Estado mejor (5).
Retomo la diatriba contra la demagogia, que conceptualmente es la desvirtuación de la democracia, falseándose los problemas, engañando y/o adulando al pueblo sin proyectar soluciones realistas. Aún cuando no puedo sino recordar el genial cinismo burlón del Perón del exilio al decir que la demagogia “es como le llaman a la democracia los políticos sin votos”.
Pienso que deben generarse políticas que tiendan a la igualdad (ante la ley, de oportunidades y posibilidades), sólo que implementadas con un criterio de sustentabilidad en lo económico-financiero y atendiendo a la capacidad operativa de las concretas instituciones estatales que las realizan.
De igual modo, conviene preguntarse si es progresista impulsar políticas públicas igualitarias sin prever como habrán de financiarse en el mediano y largo plazo, lo que a la postre genera enormes déficit fiscales, con su secuela de inflación y endeudamiento.
Antes que aventurar una respuesta a la pregunta formulada, prefiero plantear que las políticas sustentables lo son porque se basan en el crecimiento y desarrollo. Para ello es central el fortalecimiento del Estado en sus distintos poderes, reparticiones y niveles de gobierno, con capacidad para brindar buenos servicios, transparencia y la llegada que efectivamente tengan al poder político los vastos y diferentes intereses socio-económicos, sobre la base del pluralismo político.
Del mismo modo, la seguridad jurídica, la erradicación de la venalidad en la administración pública y en el Estado en general son condiciones necesarias para el desarrollo. Este requiere regulación y control estatal, así como inversión pública en infraestructura, guiado por sanas necesidades sociales (6).
Desde esa perspectiva, los sueldos más o menos abultados de “los políticos” suelen oscurecer el gran tema de la venta de decisiones públicas y la utilización patrimonialista del aparato del Estado.
Así, debe tenerse presente que más importante que la cuantía de tales sueldos es 1) que no se vendan las decisiones públicas; 2) que no se utilice el Estado en su diversidad de reparticiones para conseguir beneficios ilegales o ilegítimos; 3) que las decisiones no estén guiadas por necesidades políticas poco funcionales a la prosperidad social.
De modo positivo, las decisiones de funcionarios y legisladores debieran estar motivadas en las expectativas y presiones de sus representados, con base en sus plurales intereses, procurando incentivar el trabajo, la inversión y la innovación, con miras en el bienestar general.
(*) Ramiro Pereira es abogado y dirigente de la Casa de la Reforma (UCR).
1. Debemos enfatizar nuestra desconfianza a la emergencia, sobre todo por el antecedente de emergencia permanente durante más de una década, pese a contar con mayorías legislativas afines. Tal el caso del actual gobierno, con mayoría oficialista en las dos cámaras del Congreso.
3. http://www.entreriosdiario.com.ar/politica/david-caceres-contra-la-demagogia-de-parana-futura/
4. https://www.youtube.com/watch?v=AXY6CVnTFd8
5. Un ejemplo sencillo de la baja calidad del gasto unido a la opacidad administrativa, es una partida presupuestaria que refleja casa con dos habitaciones, y todos los beneficiarios firmaron haber recibido la casa con dos habitaciones, pero en verdad, se hizo con una sola: esa parte no construida figura como gasto social, pero en la realidad de las cosas fue a parar a “la corrupción”. El ejemplo es real y fue obra del gobierno nacional y provincial entre 2007/2015).
6. Cfr. ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James A. “Por qué fracasan los países. Los origines del poder, la prosperidad y la pobreza”, págs. 95/111, Ariel, febrero 2018.