El campo de 2.164 hectáreas, valuado en 7 millones de dólares, que la Justicia decomisó en 2005, en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, al exsenador Mario Yedro, pero del cual el Estado recién pudo hacerse en 2011, está envuelto en la más cerrada indefinición. En ese predio, durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri se construyeron 50 viviendas para destinarlas a un incierto proyecto de desarrollo productivo. El proyecto nunca cuajó, las viviendas están deshabitadas y el campo expropiado a Yedro, a la deriva.

El Ministerio de la Producción que comandó Roberto Schunk hizo varios anuncios sobre lo que denominó como Aldea Productiva Esperanza, que nunca se concretó. A comienzos de abril de 2014, el Gobierno entrerriano informó que se trataba de «un proyecto inédito de colonización de un campo recuperado por el Estado provincial, en el cual 50 familias nucleadas en una cooperativa desarrollarán un emprendimiento socio-productivo, asentado en la cría intensiva de cerdos como eje principal, pero orientado a la diversificación productiva. La construcción de las viviendas para los cooperativistas avanza al ritmo programado y se espera que en el corto plazo estén concluidas».

Dos años antes, en el verano de 2012, el exgobernador Urribarri decía que su idea era «formar una especie de aldea productiva nueva fundada sobre un modelo social, económico y educativo totalmente original porque veo que hay una juventud rural con formación que está buscando oportunidades”. Y hablaba de sueños, mucho antes del Sueño Entrerriano: “Sueño con que los hijos de estos jóvenes cuando tengan 15 años sepan mucho más de cerdos que sus padres, pero que además tengan la formación para emprender. Creo que legítimamente podemos imaginarnos el mismo desarrollo para los cerdos que el que tuvo la avicultura y esto quiere ser un impulso a eso”.

De todo eso, nada.

El último amague por torcer ese destino incierto fue la decisión del dirigente Juan Pedro Farías, presidente de la Cooperativa Aldea Productiva Esperanza Limitada, que acudió a la Justicia con una presentación contra el Gobierno de Entre Ríos por la “falta de entrega” de las 50 viviendas construidas en ese predio, ubicado en Guardamonte, distrito Raíces Norte, departamento Tala.

Pero la vía judicial no prosperó. «La denuncia que hizo Farías en el Ministerio Público Fiscal fue rechazada. Farías no tienen ningún título, ni derecho o contrato que le permita establecerse, o que le asignen las viviendas. Lamentablemente, todo el proceso de armado de la cooperativa fue muy irregular. Hay que decir que para adjudicar esas tierras se necesitaría una ley, dictada por mayoría de ambas cámaras de la Legislatura. Y para darlo en comodato, como mínimo se requiere un decreto del Poder Ejecutivo», planteó una fuente de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos.

Ya van 12 años desde que la Justicia expropió ese campo al exsenador Yedro, que pasa sus días en la cárcel.

A finales de 2011 el Estado entrerriano tomó posesión de ese campo, que antes, el 22 de febrero de 2005, y por sentencia de la Justicia, había sido expropiado  en una causa por enriquecimiento ilícito. El predio había sido comprado por el exlegislador a un valor de $800 mil dólares, pero cuando se expropió su valor había trepado a los 7 millones de dólares.

El 22 de diciembre de 2005, la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Concordia halló culpable del delito de enriquecimiento ilícito al exsenador Yedro, y lo condenó a una pena de 3 años de prisión en forma condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos, la inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de esa propiedad que recién pasó al Estado en el año 2011. El exsenador batalló cuanto pudo para retener su propiedad, y por eso se ganó una segunda causa en su contra: por usurpación.

Un juez de primera instancia y un tribunal de alzada lo condenaron a cumplir una condena efectiva de 4 años y 6 meses en la cárcel, pero Yedro fue recurriendo esas sentencias por distintas vías, hasta que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le cerró ese camino, y lo obligó a cumplir la condena. Desde 2016 está en prisión.

En su presentación en la Justicia, Farías señala que el exgobernador Urribarri  “ordenó la creación de nuestra cooperativa, que la misma contaba con un proyecto de crianza de cerdos. En dicho predio fueron construidas las viviendas para los socios y que se han finalizado hace cuatro años”, pero recuerda que a pesar de las gestiones hechas ante el Gobierno, no ha conseguido respuesta, y por eso eligió el camino judicial.

Pero un informe elaborado por el abogado Martín Rettore Elena, de la Unidad de Control de Inmuebles de la Fiscalía de Estado, resalta que “no existe acto administrativo, contrato o norma alguna que haya otorgado derecho de uso ni de ningún otro tipo sobre estos bienes a persona alguna, ni a sociedades ni a cooperativas de personas, razón por la cual nadie puede esgrimir derechos sobre ellos. Asimismo, desde la Fiscalía de Estado se ha dado noticia a la Policía de Entre Ríos en reiteradas oportunidades sobre intenciones de ocupación ilegal y se ha solicitado conforme el Contrato de Servicio de Custodia, impida la ocupación”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.