El conflicto de competencia entre la Justicia provincial y la Justicia federal todavía no se resuelve en el caso que investiga los abusos que se le imputan a la exsuperiora del convento carmelita de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, Luisa Toledo, tras la denuncia que presentaran, en agosto último en la Justicia, dos exreligiosas por tormentos y privación de la libertad.

El jueves 23 de febrero el expediente ingresó en los tribunales federales de Paraná después de que la Cámara de Casación Penal, integrada por los camaristas Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, resolviera la incompetencia para entender en la investigación por parte de la Justicia provincial. A esa instancia había llegado la causa tras la presentación de un recurso de apelación firmado por el fiscal Lisandro Beheran, de Gualeguaychú.

Beheran recurrió un fallo de la jueza Alicia Vivian, del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú, , que hizo lugar a un planteo de la defensa de la monja Toledo, representada por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, y declaró la incompetencia de la Justicia provincial. En Casación, se confirmó el fallo de Vivian: los camaristas sostienen que “el Estado de Derecho ha concebido como garantía constitucional al juez natural, según la cual antes del hecho de la causa existe un determinado órgano creado previamente por una ley que ha fijado el ámbito material y territorial de su jurisdicción, su número, el modo integración y las reglas de procedimiento conforme a las cuales ejercerán sus funcione, órgano que así constituido tiene jurisdicción respecto de los justiciables y nadie puede ser de él sacado”.

Luego de ese fallo, la Justicia entrerriana giró el expediente a la Justicia Federal.
La madre María Isabel fue imputada por el fiscal Federico Uriburu por el delito de privación de la libertad en perjuicio de dos religiosas que batallaron durante bastante tiempo hasta que por fin lograron salir del convento de Nogoyá. Una de ellas lo hizo el 28 de marzo de 2016, ayudada por el jardinero del monasterio, y luego consiguió auxilio en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, adonde fue recibida por los sacerdotes Gerónimo Zaragoza y Jorge Bonin.

Eso es lo que surgió de la investigación llevada adelante hasta acá por la Justicia entrerriana.

Pero la monja Toledo ya no está en el convento de Nogoyá. La religiosa fue separada de la dirección del convento carmelita de Nogoyá el 15 de septiembre último por resolución adoptada por el juez de Garantías, Gustavo Acosta. Primero, se alojó en Lucas González, una ciudad ubicada a 27 kilómetros de Nogoyá.

Allí,  convivió con las monjas Terciarias Misioneras Franciscanas, que dirigen el Colegio Castro Barros San José. Pero después fue autorizada a radicarse en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

En esa ciudad fue a parar en el Monasterio Cristo Jesús y la Inmaculada Carmen, de las Monjas Descalzas de la Orden la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, una casa de religiosas que depende de la diócesis Diócesis de San Roque de Presidencia Roque Saenz Peña.

En la Justicia entrerriana consideran que el caso deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal federal de Victoria, Carlos García Escalada, emitió un dictamen contrario a la petición de los abogados Cullen y Vartorelli, defensores de la monja carmelita. Y señaló que “de acuerdo a lo aportado por la solicitante, por el momento no hay razones para que intervenga la Justicia Federal”.

A principios de octubre, el juez federal Leandro Ríos rechazó el planteo efectuado por la defensa de la monja Toledo para que el caso pase a la Justicia Federal.

El magistrado consideró que por el momento “resulta prematuro” que la investigación pase al fuero federal, pero no descartó que eso pueda ocurrir más adelante.

“Resultaría precoz en el presente estadio de la causa –aún en sus albores– sostener que compete a la Justicia Federal su tramitación, toda vez que resta desarrollar la pesquisa sobre aquellos aspectos fácticos que aún son materia de una investigación insipiente” por parte del Juzgado de Garantías de Nogoyá, señaló Ríos en su resolución.

Ahora, el caso vuelve a sus manos. Y de nuevo tendrá que decidir.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.