La decisión de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) de ir al paro por 24 horas este miércoles 28 y el próximo 25 en reclamo de la vigencia de la Ley de Enganche Salarial generó la réplica del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que rechazó la decisión gremial e instó a las autoridades correspondientes «a tomar las medidas necesarias para revertir esta situación».
El miércoles 11 se reunió el plenario provincial de AJER con la presencia de sus 15 filiales y resolvió convocar a un paro de 24 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración, para los días miércoles 18 y 25 de agosto y celebrar un nuevo plenario provincial el 27 de este mes, instancia en la que se evaluará, de acuerdo a la respuesta del Gobierno, si se continúan o intensifican las medidas de fuerza, según adelantaron desde el gremio de los judiciales.
«La medida de fuerza es en reclamo a la inmediata restitución y aplicación integral de la Ley 10.068, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fuera suspendida por un año por la ley de emergencia provincial. El gobierno en un acto de manifiesta ilegalidad ha derogado de facto nuestra ley salarial con un decreto por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde», señaló AJER.
Pero el Colegio de la Abogacía no comparte esa decisión.
«Resulta necesario recordar que este mismo gremio, cuando realizó medidas de fuerza en junio por cuestiones salariales, se comprometió ante la Mesa de Diálogo convocada por este Colegio a solicitar solamente el levantamiento de la Ley de Emergencia, algo que días después se concretó», indicó la entidad que preside Alejandro Canavesio.
«Hoy, la situación social, económica y, sobre todo sanitaria aún no ha sido superada, por lo que es contraproducente para el conjunto solicitar beneficios exclusivos para algunos sectores de la sociedad en desmedro de otros y menos aún impedir el funcionamiento de servicio de Justicia con un paro con quite de colaboración. Reconocemos la problemática de los trabajadores estatales, pero bien sabemos que el Poder Judicial cuenta con mejores salarios que otros sectores», apuntó.
Y concluyó «Por ello, se debe proceder a solicitar el cese inmediato de la medida de fuerza que solo daña a los más vulnerables impidiendo la tutela judicial efectiva y el libre ejercicio profesional».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora