El Colegio de la Abogacía ponderó la actuación del Jurado de Enjuiciamiento -órgano encargado de juzgar las faltas de conductas de los magistrados y en la que la entidad, de 7 miembros, tiene dos representantes- en el proceso de jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Andrea Goyeneche, finalmente destituida.

La entidad recordó que “el proceso a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche fue altamente cuestionado por distintos sectores, y es por ello que resulta esperable e institucionalmente necesario que sus integrantes hayan votado con libertad y de acuerdo a sus principios, creencias y a la libre interpretación de los hechos que se juzgaron. Si así no lo hubiesen hecho quedará en su conciencia el haber obrado en contra del juramento prestado”.

El Jurado votó por mayoría -5 a 2- la destitución de Goyeneche, cuya conducta fue juzgada por sus lazos comerciales con uno de los imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, el contador Pedro Opromolla, investigación que la funcionaria coordinó hasta que se excusó de seguir interviniendo.

“Así como se debe respetar el proceso, también se deben garantizar todos los mecanismos de legítima defensa y las instancias de apelación de los fallos ante otros estamentos del orden jurídico argentino, solo de esa manera aspiraremos a lograr un mejor funcionamiento democrático con los contrapesos  y controles de cada espacio de poder”, planteó el Colegio.

Y recordó que al inicio del jury, desde el Colegio de la Abogacía “remarcamos que se debía promover el respeto a las instituciones creadas constitucionalmente, la independencia de los poderes del Estado y la libertad de actuación de los órganos constitucionales”. Al respecto, agregó:  “Con la sentencia conocida en el Jurado de Enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, volvemos a manifestar que se deben respetar los procesos constitucionales y cuando así no suceda, la sociedad argentina debe saber que este Colegio permanecerá atento  e institucionalmente organizado. No cederemos a presiones de ningún tipo ni nos alejaremos de los principios que nos han mantenido por décadas, con las manos libres y la voz fuerte para contribuir al regular funcionamiento de las instituciones de la República -y en su caso- para continuar denunciando los desvíos del buen funcionamiento de los poderes del Estado a fin de afianzar el valor Justicia y los derechos constitucionales de todos y todas”.

“La abogacía es una profesión libre e independiente, que presta un servicio a la sociedad en interés público y se ejerce en régimen de libertad, en defensa de derechos e intereses públicos o privados, en orden a la paz social, a la efectividad de los derechos, libertades fundamentales y a la justicia. Son principios rectores y valores superiores del ejercicio de la abogacía los de independencia, libertad, dignidad e integridad. En este sentido, desde el CAER destacamos la participación de los y las profesionales que intervinieron en las dos composiciones del Jurado de Enjuiciamiento que participaron en este caso”, planteó.

“Así como valoramos al Jurado de Enjuiciamiento como órgano vital en el funcionamiento democrático, advertimos a los estamentos políticos, tal como lo hemos hecho en varias oportunidades, que Entre Ríos debe reglamentar de manera urgente todos los organismos propuestos en la reforma Constitucional del año 2008, para adaptarlos a los tiempos que corren”, subrayó.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora