Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, y su esposa, Luciana Almada, tienen ahora nuevo defensor en la causa que espera fecha de juicio oral -se aplazó el inicio de las audiencias que habían sido programadas para el 29 de julio último-: en Tribunales hicieron saber que Miguel Ángel Cullen se sumó como codensor, para acompañar a Marcos Rodríguez Allende.
A principios de agosto, la Justicia había emplazado a Aguilera y a Almada para que designen abogado defensor para que entienda en el juicio en su contra en la conocida causa “de la vaca”, en la que se investigó el supuesto direccionamiento de publicidad callejera entre 2010 y 2015, en la última parte del gobierno de su cuñado, Sergio Urribarri.
El juicio estaba programado iniciar el 29 de julio, pero fue suspendido el 25 por un pedido formulado por dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que por problemas de salud no podían participar de las audiencias.
En una resolución fechada el 2 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola, analizó la situación planteada por uno de ellos, Rodríguez Allende, que defiende a Aguilera y Almada.
El profesional médico que justificó la imposibilidad del letrado para estar en el juicio fue el psiquiatra Luis Pirro, quien en una audiencia celebrada el 10 de julio, sostuvo que Rodríguez Allende no estaba apto para ejercer su rol plenamente por el término de 45 días.
En base a esa exposición, el Tribunal consideró que “debido al cuadro de salud que presenta, no solo no se encuentra en la actualidad en condiciones de ejercer en forma plena su rol, sino que tampoco existe un pronóstico cierto de cese -provisorio, menos aún definitivo- de tal situación. Lo dicho, pues si bien el certificado médico agregado prescribe un período de ‘reposo’ por 45 días, el psiquiatra en forma verbal se explayó sobre el cuadro de su paciente -a cuyas precisiones nos remitimos- refiriendo lapsos de tiempo mayores, dando cuenta de un tratamiento -con lapsos de mejoría y otros de retroceso- que ya lleva algunos años y que no puede estimarse por cuánto tiempo se podrá prolongar”.
“Lo dicho implica –agregaron- , por un lado, que no se puede establecer una nueva fecha de realización del plenario en estas condiciones, y por el otro, que los incursos Aguilera y Almada se encuentran en una clara situación de indefensión, que debe ser subsanada de inmediato”.
En función de esa situación, los magistrados emplazaron a la pareja a designar un abogado co-defensor de su confianza en el término de diez días. El nombramiento, explicaron, no implica el apartamiento de Rodríguez Allende que es “quien podrá ejercer su ministerio en forma conjunta o indistinta cuando sus posibilidades materiales derivadas de su estado de salud lo permitan”.
A su vez, aclararon que si la pareja no designa ningún otro letrado, se les nombrará un Defensor Oficial quien se desempeñará como defensor sustituto en los términos del artículo 133 del Código Procesal Penal.
Al finalizar, dejaron en claro que una vez que el juicio tenga nueva fecha, cuestión que esta a cargo de la OGA, éste no se aplazará nuevamente. “Se hace saber a todas las partes que el debate cuya fecha de realización será fijada oportunamente según el calendario que lleva a tales efectos la O.G.A. no se suspenderá nuevamente por motivos de la misma naturaleza, para lo cual el Tribunal adoptará eventualmente, las medidas pertinentes para asegurar su efectiva realización”.
Esa situación fue ahora salvada por el matrimonio Aguilera-Almada: ambos designaron como codefensor a Miguel Cullen.
Aunque sigue en stand by la definición de la nueva fecha de comienzo del juicio oral.
El expediente judicial está caratulado “Urribarri Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel Corina; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; peculado, defraudación a la Administración Pública”.
La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.
Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.
El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”, el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.
Aunque finalmente esa recusación fue desestimada.
Las audiencias de juicio en la causa “de la vaca”, según calendario, se habían previsto para los días 29, 30 y 31 de julio; y 1°, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto de 2019, a partir de las 9.
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.
Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.
En tanto, fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.
Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.
Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.
La suspensión del juicio en la causa de la vaca no es la única buena nueva que consiguió Urribarri en Tribunales. Este lunes 22, y tal como lo anticipó Entre Ríos Ahora, se suspendió la audiencia de elevación a juicio que se había programado para este miércoles en la megacausa del Sueño Entrerriano.
“Atento al estado de las presentes actuaciones, la presentación efectuada por el Dr. Emilio Fouces, defensor de los imputados Hugo José Marsó y Gerardo Daniel Caruso, requiriendo la suspensión de la audiencia de Remisión a Juicio, teniendo en cuenta que el mencionado profesional acompaña copia de sus estudios médicos en un total de 68 fs., los que acreditan el problema de salud que le impide comparecer actualmente, suspéndase la audiencia fijada para el día 24/07/2019 a las 17.30 horas”, dice una disposición de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial a la que accedió Entre Ríos Ahora.
El Sueño Entrerriano es una megacausa que incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo eslogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.