El cuñado del exgobernador  Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera, y su mujer, Luciana María Belén Almada, están cerca de ser llevados a juicio oral por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Se trata de una causa que se abrió en 2016 por un hallazgo fortuito en medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del clan Urribarri. Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, el arma de fuego fue encontrada durante un allanamiento en agosto de ese año en la casa que Aguilera y Almada poseen en calle Fray de Montesinos 2107, en el Acceso Norte de Paraná.

Fuentes judiciales indicaron que en aquel procedimiento los investigadores encontraron un revolver calibre 22 y la pareja no pudo justificar su tenencia con la documentación exigida por la ley.

Del operativo que dio lugar a ese particular hallazgo participaron los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio y fue en simultáneo con otro que se llevó a cabo en la sede de la empresa Tep SRl, de la que es socia la mujer de Aguilera, en un galpón ubicado en calle Racedo 415.

Los operativos se realizaron en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, que se abrió tras una denuncia periodística de la revista Análisis y una posterior presentación judicial por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

Fuentes tribunalicias confirmaron que la pareja fue imputada e indagada el año pasado por la tenencia ilegítima del arma y para defenderse ambos contrataron los servicios del abogado Marcos Rodríguez Allende.

Ahora, el caso está en manos del fiscal Gonzalo Badano, quien ya formuló el pedido de remisión a juicio. Desde la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) se confirmó que el juez sorteado para presidir la audiencia de remisión a debate oral y público es el juez de Garantías Nº 5, Elvio Osir Garzón. Sólo resta que el organismo fije la fecha en el que se discutirá la elevación a juicio.

A Aguilera y Almada se le imputa haber violado el artículo 189 del Código Penal, el cual señala que la simple tenencia de armas de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de entre $ 1.000 a $ 10.000.

Según fuentes consultadas del derecho, dicho artículo se encuentra dentro de la categoría de los delitos de peligro abstracto, es decir, donde se castiga una conducta peligrosa sin que se haya producido una acción que haya puesto en riesgo a un tercero.

En definitiva, Aguilera y Almada están cerca del juicio por no haber realizado la registración del arma. Según la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para poseer un arma se debe solicitar la credencial de Legitimo Usuario Individual de Armas de Fuego (Cluse).

El trámite se inicia completando un extenso formulario en el sitio del Anmac, en el que se requiere un par de certificados de aptitud física, psicológica e incluso realizar una instrucción de tiro con un instructor matriculado. El costo de la credencial es de sólo $800.

El delito que se le achaca a la pareja del clan Urribarri es de menor gravedad si se compara con aquellos en los que se los sindica como parte de una maniobra que defraudó al Estado provincial a través del presunto reparto irregular de pauta publicitaria.

En la “causa de la vaca”, Aguilera y su mujer están imputados junto al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri y el diputado y exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Para Aguilera, Urribarri y Báez, la Fiscalía pide 8 años de prisión, mientras que para Almada y sus socios solicitan 4 años.

En esta causa hay 10 imputados y un arrepentido: el empresario Jesús Bustamante, quien la semana pasada reconoció haber pagado coimas al cuñado del exgobernador. El 24 de mayo el juez de Garantías Ricardo Bonazzola dará a conocer si homologa el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y el acusado.

La acusación del Ministerio Publico Fiscal dice que las contrataciones de publicidad en vía pública durante los años 2010 a 2015 fueron por un monto de $24 millones,y  que se distribuyó entre las empresas Tep SRL y Next SRl –ambas que se adjudican a Aguilera- y las firmas de Jesús Bustamante, en Paraná, y de Hugo Montañana, en Concepción del Uruguay.

Los demás imputados en este expediente, además de Urribarri, Báez, Aguilera y Almada, son: Corina Elizabeth Cargnel (contadoras de las firmas Tep y Next); Hugo Fernando Montañana; Gustavo Rubén Tamay (ex Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública); y los socios de la mujer de Aguilera, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada (hermano de la mujer de Almada y empleado de Diputados, con una causa en la Justicia Federal por supuesto lavado de dinero) y Maximiliano Romero Sena. Tras meses de espera, este expediente llega a una etapa crucial el 1° de junio, cuando se realice la audiencia de remisión a juicio ante el juez José Eduardo Ruhl.