El cura Luis Alfredo Anaya fue designado por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, a cargo de la formación permanente del clero.

Anaya, porteño de nacimiento, de 64 años, tiene el título de abogado otorgado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, es doctor en Teología Moral y desde hace un año cumple las funciones de capellán en el Hospital San Martín de Paraná. Llegó allí para reemplazar a Fernando Montejano, que ahora tiene un curioso destino: vive en una casa particular, sin funciones sacerdotales, en la zona sur de la ciudad.

La designación de Anaya, ahora, es como Delegado Episcopal para la Formación Permanente del Clero de Paraná.

Pero el nombre de Anaya ha resonado siempre. Más resonó por su rol en la investigación previa de la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.

Siendo miembro del consejo presbiteral del ahora arzobispo emérito Mario Maulión se opuso férreamente a que un grupo de sacerdotes redactara una carta en la que exigió a la Iglesia que denunciara los abusos de Ilarraz. Fue en 2010, dos años antes de que el caso llegara a la Justicia, finalmente.

«Anaya fue uno de los curas del decanato III que se opuso y demostró su enojo con respecto a la denuncia contra Ilarraz. Es un cura totalmente alejado del clero», lo caracterizó alguien que está adentro de la Iglesia.
En el verano de 2015, cuando la causa “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción agravada”, estaba a cargo de la entonces jueza de Transición Susana María Paola Firpo, Anaya fue citado a declarar como testigo a raíz de un dato: integró el consejo presbiteral de la curia que en 2010 supo de los abusos de Ilarraz a partir de una carta.

Entonces, 2015, Anaya ocupaba el cargo de decano de la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA)

Quién es

Anaya, sobrino de Jorge Anaya, el almirante que impulsó la guerra de Malvinas y que integró la tercera junta militar que gobernó el país durante la última dictadura, fallecido en 2008 mientras cumplía prisión domiciliaria acusado de graves violaciones a los derechos humanos en la ESMA, nació en Buenos Aires, pero se ordenó sacerdote en Paraná, en diciembre de 1985.

Antes de ordenarse sacerdote, se graduó de abogado en la UCA Buenos Aires, en 1977. Es también magíster en Ética Biomédica, y, entre 2000 y 2002, integró el Consejo de Fe y Cultura del Episcopado Argentino. Es, además, profesor del Seminario de Paraná, y en 2010, cuando las víctimas de los abusos de Ilarraz empezaron a reclamar sanciones en la Iglesia, integró el consejo presbiteral de la curia que atendió ese pedido.

El nombre de Anaya comenzó a oírse en la causa Ilarraz a mediados de octubre de 2012, cuando uno de los querellantes, el abogado y exseminarista Milton Urrutia, pidió que sea citado por la Justicia.

“Pedí la citación de Anaya porque él era integrante del consejo presbiteral que en 2010 recibió las denuncias de los abusos cometidos por Ilarraz”, dijo entonces, cuando explicó su petición al juez que en ese momento tramitaba la causa por los abusos en el Seminario, Alejandro Grippo.

Esa carta que llegó a Maulión fue firmada por Leonardo Tovar, párroco de San Benito; José Dumoulin, entonces vicario de Nuestra Señora de Luján, hoy trasladado a Villaguay; José Carlos Wendler, en ese momento párroco de Luján, y ahora alejado del sacerdocio; Alfredo Nicola, párroco de Oro Verde; Mario Olivera, de Villa Urquiza; Agustín Hertel, de San Francisco de Borja, y el canadiense José María Gauthier, responsable de la Casa Padre Lamy, enrolado en la congregación Servidores de Jesús y de María.

La carta buscó que la jerarquía eclesiástica reaccionara ante un caso que muchos conocían, pero del que nadie hablaba: los abusos de Ilarraz. Fue dos años antes de que el caso estallara en los medios, y que la Justicia comenzara a investigar las responsabilidades en su ocultamiento.

Aquel grupo de curas, tuvo un primer encuentro previo el 15 de septiembre de 2010; una segunda reunión ocurrió el día 23 de ese mes. Fue esa vez cuando acordaron presentar una carta a las autoridades eclesiásticas pidiendo definiciones sobre el tema Ilarraz, y particularmente que fuera denunciado en la Justicia.

En el texto, hablaron de la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná, y mostraron su preocupación por el hecho de que el cura siguiera ejerciendo el sacerdocio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.

Anaya supo tanto del caso como el resto de los sacerdotes que integraban el consejo presbiteral de Maulión en 2010.

A todos ellos, el exarzobispo incluido, llegó aquella carta firmada por los sacerdotes del decanato III. Ese consejo presbiteral, del que Anaya formó parte, es una especie de consejo de ministros que integran los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

 

En ese ámbito se leyó la carta de alerta de aquel grupo de sacerdotes que denunciaban a Ilarraz. Pero en los largos dos años de tramitación de la causa Ilarraz, la Iglesia se ha mantenido distante, y ha procurado enfriar el tema.
Pero cuando Anaya declaró en la Justicia no se acordó de casi nada.

Este es el resumen textual de su declaración, contenido en el voluminoso expediente de la causa Ilarraz: “Tiene conocimiento de los hechos por los medios de comunicación social, que fuera de eso, no tiene conocimiento. Que conoce a algunas de las víctimas que se mencionaron, pero nunca habló con ninguna de ellas sobre estos hechos porque los desconocía. Sí tuvo conocimiento, no de los hechos pero sí de una solicitud vinculada al sacerdote bajo querella, denunciado, en el decanato III, que se había presentado a la firma de los sacerdotes presentes una carta en la que se solicitaba del Obispo Maulión mayor conocimiento acerca de la situación del padre Ilarraz y eventualmente, preguntar a la Santa Sede si no era necesario adoptar una actitud nueva en la diócesis ante el cambio de legislación vinculado con posibles delitos sexuales por parte de los sacerdotes. Ese fue su conocimiento, de la carta no de los hechos. La carta nunca la vio ni la firmo, que a la fecha no la conoce y obviamente no la firmó porque no estuvo en la reunión donde se solicitó la firma. De su contenido sabe por los dichos del vicario parroquial. Agrego que de los hechos en sí mismos se enteró en Roma, leyendo los diarios por Internet, más precisamente en Análisis Digital, estando en una reunión en septiembre de 2012. Que al padre Ilarraz no lo conoció más que en un trato formal, de compartir el sacerdocio. Que del año 1985 a 1988 fue docente de Teología Moral, ayudante de clases. En el año 1988 hasta fines de 1992 estuvo en Roma estudiando, regresando a la diócesis en 1993 cuando fue designado docente de Teología Moral del Seminario Mayor y Director Espiritual externo. No tuvo otra responsabilidad”.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.