El ministro de Salud, Ginés González García, anunció que este viernes entrará en vigencia el nuevo protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE), con el objetivo de ofrecer un instrumento sanitario que garantice el cumplimiento de la ley para las mujeres, en casos de riesgo en la salud o violación, y la protección de los equipos médicos, que han sido «intimidados» por organizaciones antiderechos y gobiernos provinciales cruzados en un «combate al protocolo», lamentó Ginés.

Ginés cumplió, al mismo tiempo, con una promesa previa a su asunción, que era la de dar marcha atrás al «bochorno político» protagonizado por el ex presidente Mauricio Macri veinte días antes de dejar la Casa Rosada, cuando derogó el protocolo ILE que había firmado el exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein . El ministro ubicó a Macri en el grupo de quienes han protagonizado el «combate al protocolo», algo que no solo hizo como presidente sino también como jefe de Gobierno porteño .

La actualización del protocolo ILE, que entra en vigencia este viernes con su publicación en el Boletín Oficial, tiene pocas variantes respecto de la que había sido resuelta por Rubinstein, que Ginés indicó como algunos elementos ténicos y una flexibilización respecto de la objeción de conciencia para asegurar que no impida la ILE. Respecto de los protocolos de 2007 –publicado en la primera gestión de González García–, 2010 y 2015, el actual incorpora las modificaciones hechas al Código Civil y Comercial y los avances científicos validados por la OMS respecto de la intervención.

Se trata de una herramienta técnica que detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante estos casos; además incluye el abordaje de debe llevar el equipo de salud; una pormenorizada descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo; y la anticoncepción post interrupción del embarazo.

Desde el punto de vista clínico, la edición 2019 del protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.

El acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994, así como en las recomendaciones de sus Comités de Seguimiento que se han ido emitiendo.

También, por el Código Penal de la Nación de 1921 y por el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015. El Fallo F.A.L / Medida Autosatisfactiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 orienta claramente el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo. A su vez, la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global, actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones para su atención.

Las cifras del aborto en Argentina

En la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna. En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Sólo en 2017 murieron 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto.

Se estima que en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año –dado que esta práctica es mayormente clandestina–, no se dispone de datos precisos.

La única información oficial disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos.

Según datos disponibles de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7.694 (16.7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos, mientras que el 26% fueron de mujeres entre 20 y 24 años.

La Iglesia pide rebelarse

Enterado de la decisión, el sacerdote entrerriano Leandro Bonnin -hoy destinado en Santa Elena, pero desde 2020 mudado a Paraná, autor del libro «La familia ante el desafío de la ideología de género- llamó a «rebelarnos ante la tiranía de losa poderes internacionales».

«Nuestros ministros de Salud (el de Macri y el de Fernández, el anterior y el actual) se empecinan en legalizar y normalizar la muerte de los más inocentes», planteó. «Parece que en nuestro país el sistema público de Salud está perfecto. Todo anda de 10. Y como hay plata -porque para algunas cosas hay plata, misteriosamente- hay que usarla en esto…», señaló Bonnin.

«No dejemos que se burlen de nosotros, de la Constitución, de los más indefensos», sostuvo.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.