Hace 35 años Raúl Alfonsín asumía la Presidencia de la Nación e iniciaba la construcción de la democracia en la Argentina, que ha perdurado desde entonces. La fecha de asunción fue un 10 de diciembre, aniversario de la aprobación por la Asamblea de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, aún frescos los horrores del nazismo. La conmemoración no es menor, puesto que desde 1983 los argentinos nos hemos arreglado para transitar nuestra vida como Nación en los causes de la Constitución y de la soberanía popular como criterio de legitimidad de los gobiernos.

Por otra parte, la idea de los Derechos Humanos – civiles, políticos, sociales – nos permite precisar que la Democracia no es sólo la elección popular de los gobernantes, sino que a ella se le asocian la plena libertad política de los ciudadanos, las garantías para el ejercicio de sus derechos y consecuente protección judicial y también, por cierto, la existencia de condiciones materiales que hagan posible a cada argentino y argentina el disfrute de su libertad. De lo contrario, esta será “la libertad de morirse de hambre”.

En este sentido, debemos señalar que la democracia argentina inicia su construcción en 1983 cuando el país dejaba de ser democrático en su faz socio-económica. En efecto, entre 1975 y 1976 hubo una abrupta caída del salario real –en orden de un tercio- que se mantuvo, con oscilaciones. En definitiva, desde la perspectiva social y económica las desigualdades han venido incrementándose en todos estos años. La Caja Pan, política social temprana del gobierno de Alfonsín, fue un reconocimiento de ese país desindustrializado que dejaba la última de las dictaduras.

La pauperización de amplios sectores de la población ha ido en incremento, más allá de las coyunturas. Por caso, la estabilidad de precios en 1992/1994 generó en lo inmediato el espejismo del aumento del poder adquisitivo de amplias franjas de la población, aunque ese ciclo de política económica culminó con desempleo, desindustrialización, endeudamiento y la recesión de 1997/2001 y el colapso de la paridad cambiaria.

De igual modo, si analizamos el ciclo político de 2003/2015 encontraremos que la desigualdad social no disminuyó. Signo inequívoco de ello es la estructura tributaria, asentada en el impuesto a los consumos -que siempre pesa más sobre los sectores de menores ingresos- y la injusta aplicación de ganancias a los trabajadores. Sí debe destacarse que las retenciones a las exportaciones permitieron que el aumento extraordinario de los precios de las commodities financiaran parte del gasto público de esos años, inexplicablemente suprimido en estos tiempos de ajuste fiscal.

En todo caso, la holgura fiscal de 2003/2008 debió haber financiado el cambio del sistema tributario argentino. Ello hubiese sido aprovechar la coyuntura favorable hacia cambios de fondo en pos de una sociedad con más igualdad.

Celebramos la democracia, pero por estos días desde UNICEF se nos hace saber que el 48% de los niños de nuestro país son pobres. Esto nos señala a todos un camino de urgencia y la necesidad de políticas claras de inversión pública –por lo menos- en materia alimentaria y educativa.

Por otro lado, siguen pendientes los desafíos de modernización de nuestra economía, la cual ha de hacerse con un sano pragmatismo, cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la población: el bienestar general, que excluye el manejo de áreas del Estado por intereses sectoriales.

Otro desafío de la democracia actual se plantea en orden a los problemas de la “inseguridad”, a los cuales hay que dar una respuesta compatible con los Derechos Humanos. Entre otras razones, porque el Estado se justifica desde el orden, situación en la cual el Estado garantiza y protege los derechos de todos los ciudadanos.
En suma, hemos querido con estas líneas aportar al debate, para que la conmemoración de este aniversario no se agote en la exaltación de la figura de Alfonsín, cuya veneración republicana –entendemos- debe servir como estímulo al pensamiento y la acción para construir una democracia moderna y solidaria.

(*) Ramiro Pereira. Abogado