Este miércoles 31 era el Día D.
El desalojo del Procurador General Jorge Amílcar Luciano García de las oficinas que ocupa en el edificio de Tribunales, que se había resuelto por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), no0 se concretó. Ese acuerdo, de principios de mes, había ordenado la mudanza del Procurador, sus petates, sus adláteres y todos los empleados que ocupan parte del segundo piso y la planta baja.
La decisión del STJ había quedado contenida en el Acuerdo General del 2 de este mes, a través del cual dispuso “hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber: las instalaciones de la Procuración General (2° piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba –planta baja- y cualquier otra que existiere, antes del 31.08.22, encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”.
A partir de un informe de la arquitecta Diana Zilli sobre distribución de organismos judiciales, el alto cuerpo aprobó “la propuesta de planificación por etapas referida a la implementación de los retiros de dependencias de los Ministerios Públicos (Fiscal y de la Defensa, NdelR), elevada por la Dirección de Arquitectura Judicial. Asimismo, tuvo presente el informe contable respecto de la partida presupuestaria correspondiente a Alquileres”, con una ejecución del 59,65%.
Guerra sin cuartel: el STJ desaloja al Procurador de Tribunales
Así, y en función a “los porcentajes de incremento que se vienen negociando en los cánones locativos de los contratos a vencer (o nuevas contrataciones) la proyección del crédito disponible hacia el cierre de ejercicio resultaría insuficiente. A título ilustrativo, en renovaciones de alquileres de inmuebles de la ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay se han requerido actualizaciones de entre el 60% al 130% interanual”.
Eso habían dispuesto los vocales del STJ. Pero la sangre no llegó al río.
Hubo tregua entre el Procurador y el STJ y no habrá desalojo inmediato
Pero quince días atrás, despúés de conocerse esa ardiente novedad, la titular del STJ, Susana Medina, se sentó a una mesa a parlamentar con el Procurador García, y el desalojo que parecía inminente quedó desactivado. Llegó el armisticio.
Tras ese encuentro entre Medina y García se acordó que el desalojo del Ministerio Público Fiscal del edificio de calle Laprida «se llevará adelante en el marco de un plan de reordenamiento que se cumplirá en los próximos meses y que se extenderá hasta el año que viene. Para eso se estipuló que los equipos técnicos contables comiencen a trabajar en forma conjunta para el cumplimiento de los objetivos del esquema de trabajo trazado para mejorar la prestación del servicio de justicia».
En la Procuración ahora juzgan con un humor ácido ese entredicho. «No habían leído la Constitución. Nosotros somos un organismo autónomo del Podre Judicial: no tenemos nada prestado sino que nos corresponde porque lo dice Constitución», arguyen.
De momento, las partes -el STJ y la Procuración- parecen haber firmado la pipa de la paz. Pero nada es para siempre.
Foto: Análisis Digital
De la Redacción de Entre Ríos Ahora