La suspendida Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, batalla en la justicia para ser juzgada como lo marca la Constitución entrerriana: con el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador en el proceso de jury. Y es que el Jurado de Enjuiciamiento, que abrió causa en su contra, apartó a la Fiscalía por entender que ninguno de sus integrantes sería imparcial en el proceso.

El proceso en su contra se abrió el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento dio curso a una denuncia en su contra –formulada por los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto-, en la que se la acusa de supuesto incumplimiento de funciones por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura a partir de la relación comercial que tuvo con uno de los imputados, Pedro Opromolla.

En el marco de un amparo presentado en los Tribunales de Paraná contra el Gobierno provincial, Goyeneche denunció que la suspensión en el ejercicio de su cargo importó una afectación a la independencia del organismo acusador público entrerriano, ya que la resolución de su juzgador que así lo decidió careció de referencia concreta que la vincule favoreciendo algún imputado en la causa que originó su enjuiciamiento, en la que por otra parte -agregó- se encuentra inhibida de intervenir desde el 29/04/19.

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En dicho expediente, que lleva adelante el juez de feria, el juez laboral Juan Antonio Reviriego, se expusieron en forma pública en la página web del Poder Judicial toda la documentación del caso. Entre la documental se encuentra la nota elevada por Goyeneche a su superior, el Procurador Jorge Amilcar García, el 29 de abril de 2019, donde solicitó se la dispense de intervenir en el expediente de la causa contratos truchos de la Legislatura.

“Me dirijo a Usted a los efectos de excusarme de continuar interviniendo en mi rol de coordinación en la causa de la referencia, ad eventum de la necesidad de intervención de futuras actos procesales, por los motivos que paso a detallar”, arrancaba la nota de la hoy fiscal suspendida. Enseguida, planteaba el vínculo de su esposo Sebastián Orlando Bertozzi con el contador imputado en el caso, Pedro Opromolla; y denunciaba que estaba en curso una operación periodística para desgastar su figura pública y la investigación.

“Como es sabido, -agregaba Goyeneche- desde el inicio de la investigación de la causa referida, y en virtud de vuestra resolución Nº 080/18, del 15/08/2018, he desarrollado tareas de coordinación de la misma, y atento a sus enormes dimensiones, he colaborado con los Sres. Fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, en determinados actos de investigación y actos procesales. Luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del CP Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el 3 de octubre de 2018 y fue indagado el 28 de diciembre de 2018”.

En ese sentido, sostuvo: “No se relaciona, sin embargo, mi pedido con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados (Gustavo) Pérez y (Roberto) Faure (los abogados Cullen, Vartorelli y Cappa), quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo –y, consecuentemente conmigo-, para –sin ningún interés que los ampare- recusarme de la causa, utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal”.

En otro párrafo, señalaba que “el vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el Sr. Opromolla, el contrato suscripto para la inversión de un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente”.

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Más adelante, informaba que en la investigación se realizaron medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias, pero que se encontraron con una situación que debía ser atendida. “En este contexto, los Sres. Fiscales solicitaron –y así los dispuso la Sra. Jueza de Garantías-, la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los Fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo de un 50% de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz Nº 236, Oficina B, de Paraná”.

Y añadió: “Lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del Sr. Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017 (acompaño copia de dicho boleto, y de la declaración jurada de bienes del año 2018, en la que también lo informé)”.

Así las cosas, planteaba que “la traba de la cautelar me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la Sra. Jueza de Garantías”. “Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación”, completaba y cerraba señalando que su apartamiento no perjudicaba la causa ya que estaba llevándose de forma “impecable” por los fiscales Yedro y Aramberry.

Al día siguiente, el 30 de abril de 2019, el Procurador García firmó la resolución Nº 050 mediante la cual hizo lugar al pedido de la Procuradora Adjunta para dejar de intervenir en la coordinación de la causa contratos.

Las denuncias 

El primer pedido de jury a Goyeneche fue planteado el martes 13 de julio último por el abogado Carlos Reggiardo por su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura. Ese mismo mes se presentó un segundo pedido de jury ante el Jurado de Enjuiciamiento: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet acusaron por mal desempeño al Procurador General  y a la Procuradora Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche, con pedido de apartamiento de sus funciones.

Lo cierto es que el Jurado dio luz verde a la apertura de causa contra Goyeneche y remitió a la Cámara de Diputados la denuncia contra García, por entender que para él cabía el proceso de juicio político. La comisión de juicio político, más tarde, rechazaria la denuncia.

A Goyeneche le endilgan su participación en la causa Contratos en la Legislatura, siendo a la vez socia de uno de los investigados. «Concretamente se acusa a la Dra. Cecilia Andrea Goyeneche por las causales previstas en el art. 15º inc. 6 y 9 de la Ley Nº 9283 y al Dr. Jorge Amílcar Luciano García  de estar encuadrado en la causal del art. 15º inc. 4° y 9° de la citada ley -falta de vigilancia del movimiento general de la causa a cargo de su subalterna, y de no ejercer los inexcusables deberes a su cargo al no apartarla para que continuara con la investigación» de la causa Contratos, expediente «del cual objetivamente surgía que tenía intereses y como se desarrolla más abajo en este memorial, comportamiento omisivo que también encuadra en mal desempeño en sus funciones, a tenor del inc. 9 del art. 15º de la ley de enjuiciamiento».

 

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Foto: Análisis Digital

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.