En un mes, entre mayo y junio de 2018, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) -la empresa editora de El Diario que regentea la familia del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, y que tuvo como socios, entre 2010 y la actualidad, en forma sucesiva, a Walter Grenón, el financista con lazos con el urribarrismo y que fue aportante de la campaña de Alberto Fernández; después, a Ramiro Nieto, hombre ligado durante el kirchnerismo a Fútbol para Todos; y en el medio, a la familia Caputto, de El Litoral– echó a más de 80 empleados sin pagarles las indemnizaciones que por ley corresponden.
¿Qué ocurrió en estos dos años?
En julio de 2018, El Diario entró en concurso preventivo, trámite que sigue todavía con la lenta parsimonia que suelen imprimirle en los Tribunales a este tipo de causas. La presentación se hizo ante el Juzgado Civil y Comercial N° 9, a cargo del juez Ángel Luis Moia, especializado en concursos y quiebras. Se trata del expediente judicial N° 7.214/18. Los dueños de El Diario buscaron así resolver todas sus dificultades financieras y sus compromisos salariales en el marco de un proceso judicial.
Moia firmó la apertura del concurso el 18 de septiembre de 2018 y en su resolución dispuso «hacer saber a los integrantes del Directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos que no podrán salir del país sin previa comunicación al juez del concurso».
También, ordenó constituir un «comité de control» y designó como integrantes del mismos a los siguientes acreedores de El Diario: Magnus SA, Mutual América y Mutual 10 de Abril, más un representantes de los trabajadores. Y como integrantes «suplentes» del comité de acreedores a: Castromil SRL, Artes Gráficas del Litoral SA y Eduardo Héctor Cancio.
El pedido de apertura de concurso fue presentado en la Justicia por el abogado santafesino Mariano Ricardo Prono.
El letrado que representa a los intereses de los dueños del matutino paranaense, la familia del exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y el empresario rosarino Ramiro Nieto, relató en la Justicia que 2010 la empresa «decide vender todos los inmuebles que no estuvieren afectados a la explotación del diario, para obtener financiamiento propio y pagar deudas fiscales pendientes. En la misma línea se decidió tomar un crédito hipotecario para pagar un viejo juicio, y se dispuso la venta de diez inmuebles con el fin de achicar el pasivo».
Sostuvo que si bien el fenómeno de reducción en la venta del diario papel se da a nivel nacional y mundial, en el caso de El Diario se acentuó aún mas debido a una multiplicidad de factores, como el incremento de las tarifas, la reducción de la impresión de ejemplares, la caída en la toma de publicidad, la acentuación de la morosidad de los deudores, e incrementos sustanciales en los costos de impresión, obligando a ahondar en el endeudamiento. Y recordó que a principios de 2015, los pasivos generados -tanto con proveedores como organismos públicos como ATER y AFIP- ya no se podían afrontar con regularidad debiendo recurrirse a refinanciaciones y planes de facilidades de pagos que se tomaban pero que al tiempo, se dejaban de cumplir.
Relató que en 2017 y para paliar la crisis, se instrumentaron cambios en la política comercial. Estos tuvieron inicialmente resultados positivos pero no fueron suficientes para revertir la situación de la empresa. A ese momento con patrimonio neto negativo, los costos de financiamiento resultaron cada vez mayores, lo que desencadenó una serie de juicios y la imprescindible decisión de achicar el plantel de personal a fin de lograr una estructura eficiente y sostenible. Dentro de ese contexto, destacó que El Diario no podía publicarse por falta de papel y de otros insumos, por lo que se debió recurrir a la drástica decisión de reducir la planta de personal, despidiendo 55 empleados en un primer momento -mayo de 2018- y luego se tuvo que sumar el despido de 15 empleados más.
Y como la situación se mantenía, «lamentablemente» se redujo drásticamente la cantidad de personal «hasta contar con un plantel que actualmente es sostenible, y permite ser eficiente para programar un esquema de ingresos y egresos que asegure el normal pago de salarios y cargas sociales de los más de 40 trabajadores que permanecen en la planta activa. Así el concurso preventivo producirá el desahogo financiero con el consiguiente ahorro que permitirá volcar recursos a la actividad productiva, y terminar con la sangría que la falta de liquidez implica».
Lo que siguió fue un berenjenal y la presentación de recursos y pedidos de ampliación de plazos por parte de SAER para seguir incumpliendo con los despedidos a todo lo cual el juez Moia ha dado trámite favorable. En medio, además, la pandemia, que estiró hasta el infinito todos los plazos judiciales.
Ahora, los extrabajadores de El Diario dieron un ultimatum. «Hace más de dos años y medio, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario de Paraná, decidió despedir a más de 80 trabajadores sin abonarles las indemnizaciones correspondientes y con seis meses de sueldos impagos. Y a hace más de dos años y medio esperamos que la Justicia actúe en amparo de nuestros derechos», señalaron.
Y apuntaron al juez del concurso judicial. «Han sido innumerables las veces que el magistrado actuante, Ángel Moia, ha prorrogado los plazos a los administradores de la firma para celebrar un acuerdo que permita saldar la deuda, sin que los extrabajadores hayan obtenido un resarcimiento; sólo migajas y vanas promesas. Nunca se nos ha hecho llegar una oferta acorde con expectativas razonables. Por eso decimos basta; que se termine la farsa y se declare la quiebra para poder cobrar lo que nos corresponde».
«Este tiempo de dilación sólo ha alimentado una bicicleta de saqueo de fondos de publicidad del Estado provincial, único financista de los restos de este cadáver llamado El Diario. Primero fueron los gestores de El Litoral de Santa Fe, con el engaño de una posible opción de compra por parte del grupo que comanda Nahuel Caputto, que derivaron millones de pesos a sus arcas. Ahora reaparece Ramiro Nieto, representante de una supuesta mayoría accionaria de NEA Capital Creativo, la SA que maneja la empresa junto con la minoría de la familia Etchevehere, pero que tan solo es el mascarón de Dios sabe qué funcionarios públicos trastornados por algún sueño entrerriano», indicaron.
Los extrabajadores despedidos de El Diario señalaron que «el Estado provincial, que sistemáticamente ha sido cómplice de la fuga de dinero a través del pago de facturas de publicidad cedidas en forma de garantías por préstamos cuyo dinero nadie sabe a dónde fue a parar, adeuda 17 millones de pesos. Sí a poco de finalizar este 2020, la Provincia debe 17 millones de pesos de tantas otras remesas ya enviadas y que ahora esperan ser giradas desde la Dirección General Administrativo Contable de Entre Ríos para alimentar a los buitres de siempre».
Pero si el concurso de El Diario viene tramitándose a paso de tortuga nada distinto ocurre en la Justicia con otra causa emblemática, la que planteó en 2013 Dolores Etchevehere, que denunció el proceso de vaciamiento en SAER. En 7 años, la causa durmió todo cuanto pudo, cambio cuatro veces de jueces y pasaron 7 fiscales, y al final recién casi al concluir el año 2020 un juez llamó a indagatoria a la familia Ethevehere.
Ese trámite todavía no termina, y no se sabe a ciencia cierta qué destino tendrá la causa.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora