El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia, dispuso concederle una prórroga de diez días a los socios de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del matutino El Diario, en el trámite de concurso preventivo iniciado a comienzos de julio en la Justicia. Ese plazo es «a los fines del cumplimiento total a los recaudos del art. 11 de la Ley de Concursos y Quibras, comenzando a correr dicho plazo a partir de la fecha de la presente resolución», fechada el lunes 30 de abril.

Hace tres meses El Diario cayó en una etapa de profundo ajuste al disponer, entre mayo y junio, el despido de 80 trabajadores de su planta, la mayor sangría de empleados en una medio de comunicación en Entre Ríos. El despido se produjo adeudándoles a los despedidos ocho meses de salario y la indemnización de ley, situación que ni siquiera corrigió a pesar de una tibia intimación que le cursó el secretario de Trabajo, Oscar Balla. La cara visible de El Diario -empresa que comandan el empresario rosarino Ramiro Nieto y la familia del ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere-, el abogado Andrés Arias, argumentó que la firma no cuenta con recursos para hacer frente al pago de las indemnizaciones de ley.
En el concurso preventivo que tramita el juez Moia se presentó como apoderado de la sociedad que administra El Diario el abogado santafesino Mariano Ricardo Prono, y en su escritor, luego de relatar «la historia de El Diario, de su labor cultural, politica editorial, se centró en las dificultades económico/financieras», según detalla el texto judicial.

«Expresó que en la década actual comenzó a sentir los efectos de la crisis por la que atraviesan los medios informativos tradicionales -en papel-, es así que en el acta de directorio de fecha 20.12.2010 se decide vender todos los inmuebles que no estuvieren afectados a la explotación del diario, para obtener financiamiento propio y pagar deudas fiscales pendientes. Tiempo después se decidió tomar un crédito hipotecario para pagar un viejo juicio, y se dispuso la venta de diez inmuebles con el fin de achicar el pasivo -reseña el texto del juez Moia-. Mencionó que al problema estructural se le sumó un mayor desajuste financiero provocado por el incremento en los tiempos de cobro, ahondando las dificultades. Debido a la imposibilidad de recurrir al financiamiento bancario, se optó por endeudarse en financieras con tasas de intereses mayores».

El cuadro de situación describen que «el fenómeno de reducción en la venta del diario papel se da a nivel nacional y mundial, en el caso de El Diario se acentuó aún mas debido a una multiplicidad de factores, como el incremento de las tarifas, la reducción de la impresión de ejemplares, la caída en la toma de publicidad, la acentuación de la morosidad de los deudores, e incrementos sustanciales en los costos de impresión, obligando a ahondar en el endeudamiento. Señaló(el escrito del abogado) que a principios de 2015, los pasivos generados -tanto con proveedores como organismos públicos como ATER y AFIP- ya no se podían afrontar con regularidad debiendo recurrirse a refinanciaciones y planes de facilidades de pagos que se tomaban pero que al tiempo, se dejaban de cumplir».

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Luego, de modo insólito, achaca al cambio de Gobierno la caída de la publicidad y la debacle de El Diario. Así, dice el abogado que a fines de 2015, «y gracias a una mejor política de venta de ejemplares y contratación de publicidad -sumado a transitar un período de mayores avisos gubernamentales- el ejercicio cerró con un notable incremento en la facturación (cercano al 40% comparado con el ejercicio anterior). Sin embargo, luego de ello, el cambio de administración en distintas juridicciones del país produjo no sólo reducción en la pauta oficial sino suspensión y diferimiento en los pagos que se debían a SAER».

Otra vez el desahogo en 2016 producto de un «canje» con el Gobierno nacional, que «mejoró la situación de los pasivos en un monto superior a los 40 millones». Así, en 2017 «se instrumentaron cambios en la política comercial. Estos tuvieron inicialmente resultados positivos pero no fueron suficientes para revertir la situación de la empresa. A ese momento con patrimonio neto negativo, los costos de financiamiento resultaron cada vez mayores, lo que desencadenó una serie de juicios y la imprescindible decisión de achicar el plantel de personal a fin de lograr una estructura eficiente y sostenible. Dentro de ese contexto, destacó que El Diario no podía publicarse por falta de papel y de otros insumos, por lo que se debió recurrir a la drástica decisión de reducir la planta de personal, despidiendo 55 empleados en un primer momento -mayo de 2018- y luego se tuvo que sumar el despido de 15 empleados más».

La prosa del juez Moia refleja las lamentaciones empresariales, en una presentación que señaló que «lamentablemente, esta difícil decisión se tomó para poder hacer viable el futuro de El Diario. Se redujo así la cantidad de empleados hasta contar con un plantel que actualmente es sostenible, y permite ser eficiente para programar un esquema de ingresos y egresos que asegure el normal pago de salarios y cargas sociales de los más de 40 trabajadores que permanecen en la planta activa. Así el concurso preventivo producirá el deshago financiero con el consiguiente ahorro que permitirá volcar recursos a la actividad productiva, y terminar con la sangría que la falta de liquidez implica».

Pero aún con esos planteos elaborados con la heroicidad de una empresa que se desprendió de, según sus números, 70 empleados sin cumplir con las más elementales leyes laborales, la Justicia demoró la apertura del concurso preventivo. El juez Moia hace notar que del escrito de petición de concurso preventivo «surge prima facie que no se han cumplimentado en forma íntegra los requisitos sustanciales y formales. Estos últimos constituyen exigencias que deben observarse estrictamente».

Así, «frente al cumplimiento defectuoso de los presupuestos legales, cabe el rechazo de la apertura del concurso, salvo petición expresa y fundada de un plazo de adición para dar cumplimiento a todos los recaudos exigidos», entre otros, «no agregó el correspondiente al último ejercicio anual cerrado el 31.12.2017». Por eso, le otorgó un plazo de diez días, que cuentan desde el lunes 30 de abril.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.