El Diario, de Paraná, pasa por su peor momento, si es que hubo momentos mejores en la pendiente en continuado que atraviesa desde 2010, cuando la familia Etchevehere vendió la mayoría accionaria a Nea Capital Creativo, primero en poder del financista Walter Grenón, luego del rosarino Ramino Nieto.
Este viernes los trabajadores amenazaron con un paro de actividades ante la falta de pago de buena parte de los salarios de mayo y la falta de certeza de qué es lo que cobran cuando lo pueden cobrar: hace dos meses que no hay liquidación de sueldos por cuanto renunció el liquidador. En función de ese estado de situación, no se entregan los recibos de sueldo a los trabajadores.
El paro, al final, se desactivó ante la promesa empresaria de que en la próxima semana se saldarían los salarios adeudados.
Denuncia Etchevehere: la causa que casi naufraga por decisión fiscal
En 2018, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAR), la empresa editora de El Diario, despidió a más de 80 trabajadores sin pagarle indemnización de ley y se presentó en concurso de acreedores. El proceso empezó una marcha lentísima en la Justicia en el despacho del titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia, que ahora se ha tomado una licencia de dos meses. Raro: el proceso ingresó a un callejón sin salida en el que el destino más próximo podría ser la quiebra. Pero la causa se quedó sin juez.
De modo que las víctimas laborales de El Diario -otrora un medio de alto impacto, y de obligada consulta- están entre los 80 trabajadores que esperan una señal de la Justicia, y el puñado de empleados que sigue trabajando y que se enfrenta a la zozobra mes a mes respecto del cobro de salarios.
Sebastián Etchevehere, candidato a gobernador por el sector libertario de Javier Milei, y sus hermanos Luis Miguel, exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, y Juan Diego, presidente de la Sociedad Rural Entre Ríos, dicen que nada tienen que ver con la situación actual de El Diario, aún cuando la familia dirigió sus destinos desde 1914, cuando se fundó, hasta 2010, cuando vendieron la mayoría accionaria, aunque se reservaron un 33% para sí.
No lo entendió así la jueza de Transicióin Carola Bacaluzzo, que en noviembre pasado los proceso por administración fraudulenta, a partir de una denuncia que presentara en 2014 la hermana de todos ellos, Dolores Etchevehere.
Pero la familia se desliga. Lo hizo en una carta que hicieron pública luego de aquella decisión judicial.
Con el título “A la búsqueda de un delito inexistente”, desarrolló su descargo en el siguiente texto:
“Estos son los hechos.
Demanda iniciada en el 2012 por Dolores Etchevehere de Güiraldes, única denunciante luego de haber vendido la totalidad de su fracción accionaria de Sociedad Anónima Entre Ríos en el 2010.
“Contrariamente a lo que sostiene la jueza de Instrucción en su Resolución provisoria, no hubo ni hay hechos que vulneren la ley. En su momento, 10 años atrás, ante un complicado cuadro financiero y siendo nosotros socios minoritarios de SAER, empresa editorial de El Diario, se decidió en reunión de Directorio desprenderse de algunos bienes inmuebles improductivos (que no guardaban relación con la empresa periodística) a fin de procurar liquidez para afrontar gastos de la empresa. En ejercicio del Derecho de Preferencia del Estatuto Societario habilitado por ley, y que implica que en caso de ventas de bienes de la empresa los socios son preferidos ante terceros que efectúen idénticas ofertas, adquirimos algunos de esos inmuebles. El producido de estas ventas fue destinando por completo a modernizar la empresa que había quedado rezagada respecto a las nuevas tecnologías digitales, a inversiones en pre prensa, equipamientos de refrigeración, equipos informáticos de última generación, además de afrontar gastos corrientes (todo ello correctamente documentado y presentado a la justicia).
“Es decir, se hizo lo que habitualmente realizan las empresas cuando están con problemas estacionales de liquidez y necesitan seguir adelante. Todo ello, reiteramos, está absolutamente documentado y esas pruebas documentales, todas, sin excepción, fueron acompañadas al expediente judicial para demostrar su verosimilitud y que no se trataba solo de un relato defensivo sin respaldo alguno.
“A finales del año 2010, fallecido Luis F. Etchevehere, pasamos a detentar la minoría empresaria de SAER con el 33,33% accionario. El 66,66% restante fue y es detentado por grupos empresarios que compraron esa porción accionaria a los hermanos de Luis F Etchevehere. Cabe consignar que desde hace varios años atrás la única detentora del 33,33% accionario es la Dra. Leonor Barbero Marcial de Etchevehere.
“Es muy importante tener presente que desde finales de 2010 hasta el presente no hemos intervenido en la administración de SAER por ser minoría, careciendo de acceso a la firma de cheques, a cuentas bancarias y a cualquier tipo de decisiones administrativas, ni hemos participado en resoluciones definitorias como fueron los despidos de empleados de El Diario en el año 2018, como tampoco participamos como minoría en el Concurso Preventivo del 2019, fecha en que el paquete mayoritario de la editora vuelve a cambiar de manos.
“Es importante reiterar también que la promotora y única denunciante de esta causa, Dolores Etchevehere de Güiraldes (no existen denuncias por parte de bancos, empresas, proveedores y/o terceros), había vendido sus acciones en el año 2010 con anterioridad a ser designada querellante de la causa (que se inició durante el 2012).
“La jueza de la causa penal, sin decirlo explícitamente, deja entrever en su Resolución –medida provisoria que contenía el viejo modelo de procedimiento penal de Entre Ríos- que se habría producido una suerte de vaciamiento de bienes de SAER con esas ventas de inmuebles ya referidas, dejando con menor patrimonio a la empresa para responder a sus acreencias, especialmente laborales, y con causa en aquellos despidos del 2018 a los que nos opusimos siendo minoría, encontrándose paradójicamente entre los cesantes dos miembros de nuestra familia que trabajaban en El Diario a tal punto que uno de ellos tiene iniciado juicio laboral con sentencia favorable.
“En primer lugar este error garrafal de la jueza del fuero penal queda al descubierto por dos motivos dirimentes: es impensable imaginar que alguien puede, en una Argentina inestable económicamente, diseñar seis años antes un plan para luego, seis años después, despedir a trabajadores de una empresa y un año más tarde ingresar en un proceso de Concurso Preventivo; y en segundo término, porque en marzo de este año un profesional de las ciencias económicas designado por el juez del Concurso como auxiliar encargado del avalúo de SAER determinó que esta empresa tiene un valor activo de $ 310.000.000, con lo cual esa suma hoy cubre cómodamente su pasivo, cuyo monto es inferior a ese importe (excluyendo lógicamente el pasivo post concursal).
“Por lo que ha trascendido, la resolución de la jueza se basa en un confuso y escarpado informe de la sindicatura concursal, producido tiempo después del concurso, donde analiza sucesos acontecidos una decena de años atrás, con algunos equívocos significativos y omisiones sustanciales, destacándose opiniones subjetivas sin pruebas reales, sin respaldos contables serios y sin haber tenido en cuenta la llamativa falta de declaraciones testimoniales.
“Habría que sumar, que la totalidad de las operaciones vinculadas a las ventas de inmuebles de SAER y las respectivas compras por sus socios, fueron auditadas e inspeccionadas con lupa por la AFIP, sin encontrar el organismo recaudador irregularidad alguna, todo lo cual, con sus respectivos documentos oficiales, fueron presentados como pruebas en el Juzgado.
“En síntesis, y para no ingresar en los farragosos intersticios de tecnicismos jurídicos, lo que debe quedar claro y entendido es que este interminable calvario jurídico lleva casi 12 años con una única denunciante que nunca aportó ninguna prueba contundente como querellante”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora