Un día -una mañana- el juez Ángel Moia estaba sentado en su poltrona que balconea a la calle Santiago del Estero al 300, un sitio con una deco algo kitch, apretujado entre el escritorio demasiado grande y el espacio demasiado chico que ocupaba un grupo de despedidos de El Diario, sentados de forma desordenada. Habían acudido con la candidez de quien espera mucho de eso que algunos llaman «justicia» y que a fin de cuentas es un burócrata que firma papeles con displicencia.

-El juzgado está abierto -dijo, abriendo los brazos, encojiéndose de hombros, recorriendo con su mirada a sus interlocutores.

El Juzgado Civil y Comercial N° 9, que Ángel Moia encabeza, es una casona antigua, incómoda y demasiado pequeña, a la que se ingresa por un pasillo que se estrecha con un ventanuco por el que se asoman empleados. Lo primero que se ve es una habitación -una oficina- atestada de carpetas. Es preciso apurar el trámite porque el pasadizo es mínimo y hay que liberarlo rápido.

A ese juzgado recayó en 2018 el concurso preventivo de El Diario. Cinco años después los 80 trabajadores que despidió de forma ilegal Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora, siguen en ascuas: nunca cobraron la indemnización de ley y el juez tramita la causa con la paciencia de la araña. En medio, se ha entreverado en discusiones por los honorarios que pretenden cobrar abogados que representan a los despedidos. Cualquier asunto colateral que cruce el concurso de El Diario es motivo para que todo se aplace.

Todo se aplaza. Siempre.

El día previo a la última feria judicial, el juez Moia firmó un papel  -una resolución- que la hizo distribuir a través de la oficina de Prensa del Poder Judicial, y anotició que los extrabajadores de El Diario despedidos en 2018 cobrarían migajas que se caratulan como «pronto pago»: una afrenta. Ese «pronto pago» -monedas- llegó al bolsillo de los despedidos un mes después: ¿Yo, señor? No, señor. Fuenteovejuna

Durante ese larguísimo mes de zozobra -en medio con feria judicial- los extrabajadores pusieron a prueba aquella frase que acuñó el juez Moia una mañana de tantas sentado en su poltrona que balconea a calle Santiago del Estero: enviaban whatsapp en cadena para preguntar cuándo se liquidaría el «pronto pago». Las respuestas, rasguñaban la indolencia. «Hable con su abogado».

¿Qué destino tendrá El Diario, el concurso de El Diario que administra el juez Moia? ¿Irá a la quiebra ante el panorama de naufragio? ¿O la agonía se extenderá hasta el final de los tiempos? La respueta está en las manos, y la firma, del juez Moia.

Este martes, SAER, la empresa editora de El Diario, despidió a otros 15 trabajadores. Redactaron un acta con escribano y dijeron: «Por todo lo referido, reafirmamos, es impostergable la reestructuración de la empresa para afrontar la crisis sin que ella acabe con la misma. Y con ello, la indeseable consecuencia de extinguir el contrato que nos uniera. No tomar esta medida drástica llevaría indefectiblemente al cierre del diario”. Echan trabajadores para evitar el cierre, dicen. Como antes echaron otros tantos. ¿Cuántos más?

Como la canción de Shakira, la Justicia se presume sorda, ciega, muda. Y algunos jueces, como Moia, corren detrás de la estructura judicial para lanzar comunicaditos con los que preteden tranquilizar conciencias.

El Diario echó 15 trabajadores un día inhábil en la Justicia: el Día del Abogado. Pero a qué dudar: podrían echarlos el Día del Periodista, el Día de Acción de Gracias, el de la Inmaculada Concepción o el Día de la Marmota.

Javier Milei se mofa de esa frase que dictamina que donde hay una necesidad hay un derecho. Habría que tranquilizar al libertario: ya casi no quedan derechos. Tampoco periodistas.

 

 

 

Ricardo Leguizamón

De la Redacción de Entre Ríos Ahora