El diputado provincial Raúl Riganti (FPV) apeló a los fueros para evitar que avance la causa judicial en la que está imputado por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Es en el caso que se investiga sobreprecios en la pavimentación de 14 cuadras durante su gestión al frente del municipio de Larroque, departamento Gualeguaychú. En el proceso también están imputados otros exfuncionarios y el empresario Néstor Hereñú, de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA).

La denuncia por supuestos sobreprecios fue hecha por el actual intendente de Larroque, Darío Benedetti, que consiguió repercusión nacional y hasta una intervención del propio presidente Mauricio Macri.

Lo curioso es que  Riganti antes de asumir su banca -reemplaza a Juan José Bahillo, ahora diputado nacional- aseguró que no se ampararía en los fueros. “No me voy a amparar en los fueros. Si les preocupa eso, que se olviden porque no lo voy a hacer. Soy el primero que quiere que se termine de esclarecer este tema”, le dijo en octubre pasado a Ente Ríos Ahora.

Pero no cumplió su palabra.

El jueves 28, Día de los Santos Inocentes, en los tribunales de Gualeguaychú, el fiscal Sergio Rondoni Caffa solicitó al juez de Garantías Mario Figueroa que eleve la causa a juicio. En la audiencia, estuvieron Sergio Avero, abogado del municipio de Larroque; y los defensores de los imputados: Daniel Garbino por Riganti, y sus exfuncionarios, Leonardo Hasell (exsecretario de Gobierno) y Juan Carlos Rochelle (exsecretario de Obras Públicas); en tanto, el abogado Fabián Otarán estuvo asistiendo a Norberto Marchesini (exsecretario de Hacienda de Riganti); y Miguel Ángel Cullen y Julio Pedrotti, en defensa de Néstor Herenú, de OIC SA.

En esa audiencia judicial, las defensas de los imputados hicieron dos peticiones: por un lado, el abogado del exsecretario de Hacienda planteó una medida de excepción de competencia jurisdiccional, y solicitó que se declare que la causa no debe continuar en el ámbito provincial sino en la Justicia Federal, porque están involucrados fondos de Nación; mientras, la defensa de Riganti pidió la suspensión del proceso por la aplicación de los fueros que tiene desde que asumió como diputado provincial, en reemplazo de Juan José Bahillo, que se fue al Congreso nacional. La inmunidad parlamentaria está contemplada en los artículos 113º y 114º de la Constitución provincial.

Tras escuchar a las partes, el juez Figueroa dispuso un cuarto intermedio hasta febrero, cuando termine la feria judicial, para resolver sobre los planteos. La audiencia donde dará a conocer su decisión se llevará a cabo entre los días 14 y 16 de febrero.

Riganti y los fueros

A fines de octubre, en diálogo con Entre Ríos Ahora, Riganti sostuvo que no se iba a amparar en los fueros parlamentarios para evitar ir a juicio. “No me voy a amparar en los fueros. Si les preocupa eso, que se olviden porque no lo voy a hacer. Soy el primero que quiere que se termine de esclarecer este tema”, dijo entonces. Lo cierto es que en la audiencia del pasado jueves ocurrió lo contrario.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el fiscal Rondoni Caffa se manifestó en desacuerdo con que el caso sea remitido a la Justicia Federal; tampoco acuerdo con la aplicación de los fueros de Riganti. “Tenemos una posición contraria, porque decimos que sin perjuicio que los fondos hayan sido remitido por Nación, ingresaron a las arcas públicas y el municipio pagó a la empresa. No es que Nación le giraba el dinero directamente a la empresa OIC SA, sino que entraba a los municipios y estos pagaban”, explicó.

En ese sentido, afirmó que “hubo un perjuicio al municipio, no a Nación” y agregó que según la pericia oficial, “el sobreprecio en la pavimentación de las 14 cuadras ronda más del doble de lo que se iba a pagar: la obra está estipulada por el perito oficial entre $9 millones y $10 millones y se iba a pagar $21 millones”.

El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que Riganti y los demás exfuncionarios  “al emitir ordenes contraria a derecho, actuaron en contra del mandato constitucional que es velar por esos intereses ajenos que la sociedad les da”.

En cuanto a los fueros en los que se ampara Riganti, el fiscal señaló que en la audiencia esgrimió como fundamento que “existe una ley nacional que establece que los fueros son para evitar arresto o prisión efectiva y que todas las demás instancias del proceso no entran en ese parámetro, como por ejemplo la elevación a juicio”.

“Esta fiscalía, por el momento, no va a solicitar la detención del diputado. Hasta ahora todas las veces que se le ha requerido cumplió, por lo cual no se tiene ningún fundamento para pedir el arresto”, agregó el acusador público.

No obstante, subrayó que en la audiencia de remisión a juicio aclaró que “una vez que finalice este paso, si el juez eleva la causa a juicio, voy a solicitar que se remita un pedido de desafuero a la Cámara de Diputados de la provincia”.

Las 14 cuadras 

Según el expediente judicial y administrativo, en mayo de 2015, Riganti, en calidad de intendente de Larroque, celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Meses después, la pequeña ciudad del departamento Gualeguaychú fue noticia provincial y nacional cuando el nuevo jefe comunal, Darío Benedetti, de Cambiemos, decidió devolver 13 millones de pesos a Nación luego de corroborar que esa obra de la gestión de Riganti fue sobrefacturada. A esa conclusión llegó el jefe comunal tras una auditoría interna, que observó que se pagaba de más a la empresa constructora OIC SA.

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.