Por Sonia Velázquez (*)
La crisis pandémica que hemos tenido que atravesar y conducir no hace mucho tiempo nos llenó de lecciones aprendidas, entre ellas reemplazar los combates por los debates que permitan poner en real dimensión el Derecho Humano a la salud.
Dados los desafíos trazados por la misma, es necesario recuperar y proyectar discusiones que contribuyan a forjar una política pública, en tanto haya decisión política para llevarla adelante, integrando así apreciaciones éticas y juicios de valor bajo una perspectiva del Derecho Humano a la Salud de la población. Cuestiones que parecen haber desaparecido de la agenda actual, ante un paulatino desguace del Estado que cada vez se desentiende más de las obligaciones esenciales como provisión de medicamentos e insumos en la red de servicios públicos de atención.
Sumado a la eliminación de herramientas de gestión estratégicas de un Plan interjurisdiccional de Salud como fueron en su máximo desarrollo el Plan Remediar, el Plan Sumar, el Programa Médicos Comunitarios, el Programa Proteger, el Programa de Salud Perinatal, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, el Plan ENIA entre otros.
Es hora de poner en debate también nuestro rol como profesionales de la Salud desde un punto de vista ético y desde una visión sanitaria, de la salud pública, que concibe a la salud no desde una lógica meramente individual, sino como un proceso de construcción colectiva.
Los países que siguen apostando como el nuestro, a políticas que privilegien una economía de mercado, como único motor de las sociedades en detrimento del Estado, han fracasado; y esto ya nos sucedió al final de la década del 90 y hoy la historia parece repetirse. En nuestro país está representando una enorme deuda social y demanda sanitaria acumulada. La exclusión social se manifiesta no solo en la desigualdad de oportunidades, sino también en los malestares sociales que reproducen y amplifican la pobreza y la injusticia. En Argentina estos indicadores siguen aumentando, a expensas de mejorar los niveles de la macroeconomía, pero por sobre todas las cosas sigue aumentando la injusticia, y los valores humanos parecen haberse retraído, sumado al descredito social y a la crisis dirigencial de todos los estamentos públicos y privados: sociales, eclesiásticos, gremiales, en especial el de la dirigencia política.
Volviendo a la realidad actual de una economía de mercado totalmente desregulada y un tanto organizada a favor del lucro, y no del derecho, el lugar que ha ido abandonando el Estado lo han ido ocupando otros actores con capacidad de incidir en las decisiones que repercuten en la salud de la población. El rol de las prepagas, la influencia que sigue representando, entre otros, los laboratorios y la industria farmacéutica sobre los sistemas sanitarios a nivel mundial, su dinámica de concentración, los elevados precios de las nuevas tecnologías y su resistencia a los genéricos. Como así también, la construcción discursiva sobre la predominancia de un mercado que pugna por hacer desaparecer el rol tan elemental y necesario de un Estado presente y eficiente frente a esta situación de crisis social, económica y política que no es coyuntural, sino que es estructural, que no es nueva, pero que día a día sigue golpeando fuertemente en los rostros sanitarios de la población más vulnerable de la República Argentina.
Como correlato, en nuestro país y en nuestra provincia, asistimos a un sistema de salud que parece no encontrar su rumbo en términos de equidad y de oportunidades para el acceso de una demanda sanitaria postergada, y, que se ha ido desentendiendo de una red de servicios racionalmente organizada, por complejidad creciente, y por su composición regional y de sus efectores de salud (hospitales y centros de salud) que estaban clasificados por nivel de riesgo de atención de acuerdo a normativas internacionales con un primer nivel de atención que intentaba ordenar el tránsito por el sistema y con un tablero de mando que conformaban las redes de servicios de salud. Cabe enfatizar una vez más que las redes en salud son una herramienta insustituible de ordenamiento del sistema que, bajo la rectoría de un Estado que regule, se puede articular los diversos subsectores incluso el sector privado y el de las obras sociales. (y esto ocurrió mientras transitamos la Pandemia con la distribución equitativa de respiradores, provisión de oxígeno medicinal, provisión de insumos de sedo analgesia entre las innumerables acciones) Entonces, es propicio decir que para la construcción de un sistema que exprese los principios de igualdad, gratuidad, e integralidad no solo se requiere de capacidad y voluntad política e institucional para su viabilidad. Exige además del conocimiento técnico, de experticia, y de un profundo compromiso e involucramiento de los actores relevantes, Exige también de una conducta ética que no represente incompatibilidad de intereses frente a la ley de ética pública para que la Salud y de calidad sea una realidad y algo que todos estemos dispuestos a defender.
Formular políticas Sanitarias en este siglo XXI exige mucho más que el saber de medicina, hay un conjunto de fenómenos multicausales que están afectando al sector salud, y, que requiere ser leído por muchas disciplinas, entre ellos, que la esperanza de vida aumenta y, por lo tanto, la población está envejeciendo, con la creciente demanda de cuidados de salud donde adquieren mayor peso las enfermedades crónicos-degenerativas, que requieren mayor inversión de recursos. Surgen entonces nuevos desafíos asistenciales como el de brindar cobertura integral a enfermedades con alta prevalencia; como la innovación tecnológica y su rápida difusión, tanto a lo que hace a diagnóstico y a terapia y como a gestión de servicios y políticas entre otros. Teniendo en cuenta también que existen factores predominantes que determinan los resultados de salud de la población entre ellos los genéticos, ambientales, los estilos/destinos de vida y la accesibilidad a los servicios de salud.
Es necesario establecer prioridades y saber hacia donde se dirigen los esfuerzos de los valiosos trabajadores de salud que la provincia de Entre Ríos ya cuenta en la red de atención sanitaria de la población. Es necesario un Estado que intervenga, organice y garantice un piso de igualdad en el acceso a la atención del proceso de salud/enfermedad y estrategias de cuidado de ese sujeto de derecho.
Es necesario entonces, asimilar la herencia recibida, sincerar las herramientas de gestión que quedaron en marcha como el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de gestión de turnos, el sistema de monitoreo de unidades críticas entre otros que fuimos desarrollando a través del Sistema de Salud de Entre Ríos con una población nominalizada de más de un millón de entrerrianos/as todos ellos validados por RENAPER (apellido, nombre, género, Fecha de Nacimiento y DNI), superarla, ocuparse con dedicación full time de las vacancias que generan con su ausencia los programas de salud, proveerles de insumos y medicamentos a los usuarios y ponerse a cumplir con el enunciado del spot publicitario del gobernador de la provincia de comenzar a ejecutar un plan integral de salud.
(*)Sonia Velázquez es Magister en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud; exministra de Salud de Entre Ríos.