La investigación judicial que tiene contra las cuerdas al expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreeer), entre 2009 y 2015, y actual asesor legal de la Cámara de Diputados, Juan José Canosa, imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y por enriquecimiento ilícito, derivó en un planteo de recusación.

El recusado es uno de los dos fiscales que investigan a Canosa, Juan Malvasio (el otro es Sebastián Brugo), y el planteo fue hecho por el defensor del actual funcionario de la Legislatura, Raúl Barrandeguy. La recusación derivó ahora en una decisión de la jueza de Garantías Paola Firpo que pidió la declaración del senador Raymundo Kisser (Cambiemos) y del conductor radial Ricardo David.

Acá, el contrapunto entre el fiscal recusado y el yerro insólito del defensor, que confundió el nombre de pila del fiscal en su escrito de recusación

 

Barrandeguy, el yerro y un correctivo

 

El defensor de Canosa fue el primero en exponer en la audiencia de recusación que tuvo lugar el miércoles, en Tribunales.

Barrandeguy describió un escenario en el que, a su entender, estaría en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Dijo que el senador Kisser no puede entrometerse en el Poder Judicial, y aseguró que el fiscal de la causa no es imparcial, por lo cual pidió su apartamiento.

Un detalle que no pasó inadvertido en la audiencia fue el hecho de que el escrito presentado por Barrandeguy tenía un error: en vez de consignar que el recusado es el fiscal Juan Malvasio, escribió “Federico”, nombre del periodista, y hermano del acusador público.

El “error” fue advertido por el propio fiscal. El abogado de Canosa se limitó a asentir con la cabeza que había cometido un desliz en el escrito.

Barrandeguy leyó ante la juez Firpo una nota periodística que le hizo el conductor radial Ricardo David a Kisser, donde éste expresa: “El fiscal Malvasio me anticipó que en el allanamiento a las mutuales se encontró muy buena información”.

El defensor de Canosa también leyó un párrafo de la nota en el que Kisser aseguró: “He tenido una charla con el fiscal Malvasio, ya avanzaron muchísimo y de no haber otra indagatoria, seguramente para fines de mayo o principios de junio esta causa se eleva a juicio, directamente la jueza de Garantías Paola Firpo lo va a pasar a al tribunal de juzgamiento”.

Barrandeguy planteó que Kisser “no tiene participación en el expediente ni en la investigación penal preparatoria, salvo un aporte que hizo negándose a dar la identidad de un testigo reservado”.

Luego continuó leyendo el artículo publicado en un sitio online de la radio en la que trabaja David y concluyó que, a su criterio, lo sucedido es “una intromisión violenta y grosera en el Poder Judicial”. A continuación, cuestionó las declaraciones de Kisser e informó que dirigió sendas notas a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, y al presidente de la Cámara de Senadores, Adán Bahl, para que tomen cartas en el asunto.

A la Cámara Alta, Barandeguy solicitó que se le aplique un correctivo al senador por su “conducta desordenada en términos de ubicaciones republicanas”.

Luego de afirmar que nunca habló con un juez, Barrandeguy manifestó que “esto del legislador requiere una corrección inmediata. No pido ninguna caza de brujas, lo que pido es una marca clara de los límites: fuera del Palacio de Justicia las intromisiones de los políticos”. Además, añadió que el caso es relevante ya que está involucrado el denunciante y consideró que la denuncia contra su defendido tiene motivaciones políticas.

A juicio de Barrandeguy, Malvasio violó la imparcialidad que debe tener un fiscal. En ese sentido, el abogado y ex diputado nacional por el peronismo aseguró que existe actualmente una “estampida de imparcialidad que está asolando casi todo el territorio procesal nacional” y que ello no debe alcanzar a la provincia. “Aquí el Ministerio Público y sus representantes deben ser imparciales, esto no quiere decir que no prejuzguen, porque como nos van a juzgar pueden prejuzgar. Lo que quiere decir es que al asumir la tarea no deben hacerlo buscando una condena, sino buscando la verdad”, subrayó Barrandeguy.

 

Malvasio y las notas del defensor

 

A su turno, el fiscal Juan Malvasio se opuso a la recusación planteada por la defensa técnica por considerarla notoriamente improcedente y por el “pleno conocimiento de que esta pretensión defensiva tiene como finalidad dilatar el avance de la pesquisa”.

En ese marco, hizo saber a la jueza que la fiscalía tiene como imputado a Juan José Canosa en dos delitos contra la Administración Pública: negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Sobre las negociaciones dijo que “no es difícil concluir que la causa está próxima a ser elevada a juicio, porque incluso esto lo venimos sosteniendo desde la audiencia anterior y porque se ha replicado en todos los medios de la provincia”.

Malvasio remarcó además que en varias oportunidades la fiscalía manifestó que cuando concluyeran las indagatorias a los imputados –entre ellos familiares de Canosa- estaban en condiciones de remitir la causa a juicio. En ese contexto, el fiscal señaló que están acreditadas las contrataciones que realizó Canosa con familiares y allegados y que la fiscalía “tiene la provisoriedad para solicitar la remisión de la causa a juicio”.

Enseguida, el funcionario judicial reconoció que existió la conversación con el senador Kisser, que es cuestionada por la defensa. “Obviamente que se lo hemos comunicado al senador provincial Raymundo Kisser, porque tiene un interés legítimo conforme lo prevé el articulo 1 inciso ‘G’ de nuestro Código de Procedimiento. Porque es el que promovió la denuncia y que aportó elementos de interés para la causa”, expuso Malvasio.

Luego, habló de la investigación del supuesto enriquecimiento ilícito de Canosa. “Esa causa también ha avanzado notablemente habida cuenta que hemos podido acreditar inversiones millonarias de la persona que ha sido imputada, y esto lo conoce la defensa técnica porque ha tenido un acceso irrestricto a los legajos de la fiscalía”. En ese marco, el acusador público informó que establecieron el patrimonio de Canosa a partir de su declaración jurada, pero que éste no pudo justificar “inversiones millonarias en distintas mutuales”.

Por ello, sostuvo que ese hecho habilitaría a llevarlo a juicio por enriquecimiento ilícito. En respuesta a Barrandeguy, el fiscal expresó que esas manifestaciones no adelantan una opinión sino que es “perfilar al teoría del caso de la fiscalía”

En relación al planteo de imparcialidad de la fiscalía que exigió Barrandeguy, Malvasio señaló que el Ministerio Público Fiscal es parte y debe tener criterios objetivos de investigación. “Eso criterios son los que nos habilitan a incorporar a la investigación no solamente los elementos de cargos sino también aquellos de descargo, los que pueden motivar el sobreseimiento del imputado”, explicó y agregó que Canosa aún no pidió su sobreseimiento para negociaciones incompatibles.

En relación a la conversación con Kisser, Malvasio señaló que sólo lo puso en conocimiento de que la causa se elevará a juicio y que el senador tiene legítimo interés en el caso ya que es el denunciante.

Como argumento, Malvasio sostuvo que “la causal de apartamiento se da de bruces contra la Ley 10.417, del Ministerio Público Fiscal, que en su articulo 35 dispone que las excusaciones o recusaciones previstas en el Código Procesal Penal deben ser resueltas por el fiscal Coordinador, o por el Procurador General de la provincia”.

En ese marco, se mostró sorprendido porque la defensa de Canosa no envió una queja al jefe de los fiscales, Jorge Amilcar García. “Llama la atención que el doctor Barrandeguy haya manifestado que cursó una nota a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia y al presidente de la Cámara de Senadores y no haya puesto en conocimiento de esta circunstancia al jefe de los fiscales”, dijo Malvasio y resaltó que el apartamiento debe hacerlo el Procurador Jorge García.

Finalmente consideró que el planteo de la defensa “resulta notoriamente improcedente porque aquí no se ha afectado el principio de objetividad” y sostuvo que la causal presentada debió ser rechazada ‘in limine’.

Luego reflexionó que los fiscales deben honrar el principio de dar a conocer a la sociedad los actos de gobierno, “siempre y cuando no se afecte la investigación o ponga en riesgo la pesquisa”.

 

 

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.