La comisión de Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamentos de la Cámara de Diputados dará a conocer este miércoles al mediodía el dictamen en relación a la solicitud de enjuiciamiento contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak.
A diferencia de lo que ocurrió con el suspendido presidente de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ, Carlos Alberto Chiara Díaz, no habrá dictamen único sino dividido. La mayoría de diputados del Frente para la Victoria (FPV) dejará a salvo a la jueza del proceso de juicio político; aunque cambiemos propondrá sentarla en el banquillo de acusados.
La sesión especial que resolverá sobre el futuro de la magistrada será un poco más tarde, a las 19.

La jueza del STJ fue denunciada el 12 de diciembre de 2016 por un grupo de abogados y dirigentes que le endilgan una serie de irregularidades durante el ejercicio de su magistratura: uso indebido de viáticos, abandono excesivo de la magistratura, incompatibilidad por haber integrado una empresa mientras era vocal del STJ, manipulación del sonado caso “Smaldone-Arralde”, negligencia por el robo de armas de los Tribunales, entre otras causales.

Las pruebas de Cambiemos

De la recolección de pruebas, los diputados de Cambiemos, María Alejandra Viola, Esteban Vitor, Jorge Monge y Gabriela Lena, determinaron que la magistrada incurrió en mal desempeño de sus funciones por lo que debe ser apartada de su cargo. El dictamen de los legisladores opositores concluye que “los hechos denunciados por los promotores de este juicio político han quedado probados durante el trámite investigativo llevado adelante por la Comisión de Investigación de esta Cámara”.

“A esta altura del memorial, es harto indubitable que la doctora Claudia Mónica Mizawak, en tanto magistrada judicial y presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se halla claramente incursa en la causal de mal desempeño”, sentencian los diputados de Cambiemos. “Amerita claramente su acusación tendiente a obtener la separación del cargo y posterior destitución por el Senado”, agregan en el dictamen acusatorio. “Los hechos, las evidencias y el contexto en que se han sucedido los acontecimientos por los cuales se ha investigado a la magistrada constituyen presupuestos suficientes para formalizar su acusación ante el pleno de esta Cámara”, dice el escrito difundido por “Análisis Digital”.

En el dictamen acusatorio, los diputados opositores afirman que la magistrada “centraliza su esfuerzo defensivo en que la denuncia en su contra se basa casi con exclusividad en las declaraciones que volcara el doctor Carlos Alberto Chiara Díaz, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento de esta Cámara, desechando la validez de estas declaraciones como medio de prueba para sostener la denuncia en su contra”.

En ese marco, sostiene que “han quedado acreditados en el abandono de sus funciones por sus reiteradas ausencias comprobadas y la simultánea firma de despachos en días de presuntos viajes, la negligencia grave en el ejercicio de su cargo al descuidar con falta grave la custodia de armas de fuego secuestradas bajo su directa responsabilidad, el incumplimiento de la Constitución Provincial y normas reglamentarias vinculadas con la dilación irrazonable y manipulación del proceso de inconstitucionalidad en la causa ‘Arralde Juan Carlos c/ Estado Provincial’, donde reveló una parcialidad ostensible y una tolerancia inadmisible en el descontrol de los despachos de las Vocalías para emitir sus votos, la indignidad para el cargo cometida en la indebida percepción de emolumentos sin justificación y sobresueldos arropados bajo el mote de ‘Gastos Protocolares y de Representación’ con origen en la Partida Presupuestaria 392 Gastos Reservados sin rendición adecuada y completa de su destino, uso y aplicación”. En tal sentido, se indica que Mizawak recibió más de 4 millones de pesos en concepto de gastos reservados.

Ausencias y viajes

Los diputados de cambiemos señalan que Mizawak cuenta con una excesiva cantidad de viajes, ausencias y abandonos reiterados de la jurisdicción. Sostienen que de la prueba referida, surge que desde enero del año 2008 hasta diciembre del año 2016, alegando motivos oficiales, Mizawak se ausentó de la jurisdicción la cantidad 332 días hábiles, que a su vez representaron la cantidad de 400,5 días de viáticos por una suma de 537.763,50 pesos.

Por otra parte, advirtieron que en el transcurso de los tres años que lleva como presidenta del alto cuerpo, totaliza 133 días hábiles (179 días corridos) de ausencias por viajes, habiéndosele liquidado, solo durante estos tres años, 178 días de viáticos, lo que representó para las arcas del Poder Judicial la suma de 338.776.

Los diputados subrayan en su dictamen que la conducta observada al vocal suspendido del STJ, Carlos Chiara Diaz, resulta casi idéntica que la manifestada por Miazwak, “resulta ilustrativo comparar el comportamiento de ambos, en materia de licencias y ausencias en los últimos tres años”. “Ello a la luz de la información que ha sido acompañada por la denunciada y se encuentra incorporada al expediente”, dicen y afirman que “se advierte que durante los años 2014, 2015 y 2016, Chiara Diaz acumuló un total de 282 días entre licencias y ausencias, mientras que Mizawak registró un total de 211 días. Si además tomamos por ejemplo solo el año 2016, advertimos que la doctora Mizawak registra mayor cantidad de días de ausencias totabilizando 72 días, contra 71 días del doctor Chiara Díaz”, concluyen.

Los diputados analizan distintas documentales para concluir que hay viáticos que Mizawak cobró en días en que aparece firmando resoluciones o fallos judiciales. Los diputados que propician la continuidad del juicio político y consideran que debe terminar en destitución, se basan en una prueba identificada como “Cuadernillo de Prueba III – Ref. Acuerdos Generales dictados por el STJ y Convenios suscriptos por la Dra. Mizawak en cumplimiento de encomiendas asignadas por el Alto Cuerpo”. Bajo ese título, los legisladores encuentran que “se halla acreditada la existencia de un sinnúmero de convenios celebrados por Mizawak en representación del Superior Tribunal de Justicia, con distintas instituciones nacionales y extranjeras, durante el período en ejercicio de la presidencia. Convenio estos cuya utilidad para al Poder Judicial de la provincia se desconoce, pero que en todo los casos, han servido para `justificar` viajes a distintos puntos del país (CABA, Santa Fe, Rosario, Corrientes, San Juan, Neuquén, Córdoba, Formosa, Puerto Iguazú, Ushuaia, Misiones) y del exterior (España, Italia, Uruguay) y la percepción de viáticos”.

En ese sentido, recuerdan que “desde su asunción como presidenta se le han sido liquidado a la doctora Mizawak, en tan solo tres años, la cuantiosa cantidad de 178 días de viáticos, lo que representó para las arcas del Poder Judicial la suma de pesos 338.776 pesos”.

Incompatibilidad: jueza y empresaria

En otro de los puntos, los diputados de Cambiemos señalan que Mizawak participó en una sociedad comercial mientras fue vocal del STJ, violando la ley orgánica del Poder Judicial, que lo impide expresamente. Se trata del hecho de que haya integrado la empresa Emprendimientos AyM SA, junto a su esposo y secretario de Energía, Raúl Arroyo.

Precisan que desde 2003, Mizawak junto a su esposo conformaron la sociedad Emprendimientos AyM SA, ambos socios con el 50 por ciento del capital social. Arroyo era el Presidente de la sociedad y la jueza directora suplente.

“La magistrada estuvo al menos 6 meses en situación de incompatibilidad del art. 4 LOPJ, siendo éste uno de los fundamentos por el cual votamos en pos de la apertura del proceso acusatorio”, dijeron los diputados.

“De igual forma surge que la conformación del Directorio se mantuvo inalterada hasta julio de 2008, que ingresó para su registro el cambio de autoridades (conocido como art. 60 Ley 19.550), registración que se perfeccionó recién en el mes de octubre del mismo año”. Concluyen los diputados que si Mizawak asumió como vocal el 26 de diciembre de 2007, “no cabe duda alguna que durante el transcurso del primer año, más precisamente hasta el mes de julio de 2008 -que ingresaron un trámite para inscribir su renuncia al Directorio y designación de nuevas autoridades- ésta estuvo incursa en la causal de incompatibilidad”. En este punto, los legisladores dicen que Mizawak presentó documentación de poca credibilidad y que cayó en “falsedad ideológica”.

En cuanto a la acusación de que habría integrado una sociedad con el ex gobernador Sergio Urribarri, aseguran que “de la prueba colectada no surge acreditada tal existencia”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.