Raúl Galarza, alias «Tati», alias «GG», 44 años, actual empleado administrativo en el Registro Civil de General Campos -a 225 kilómetros de Paraná, en el departamento San Salvador- fue el primer testigo en la jornada número 13 del megajuicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel Sergio Daniel Urribarri en el marco de tres grandes investigaciones por hechos de corrupción en el Estado. Estuvo contratado en la Cámara de Diputados, fue secretario privado del exgobernador Urribarri y actuó como asistente ad hoc de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, cuando este fue director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. También, trabajó en la empresa Formato Urbano, el nombre de fantasía de las firmas Tep SRL y Next SRL que el que Ministerio Público Fiscal atribuye a Aguilera.
«Llegué a la empresa (Formato Urbano) por la política», contó Galarza, quien admitió ante las preguntas de los fiscales Patricia Yedro y Juan Francisco Ramírez Montrull que cumplía funciones de «logística» y «coordinador de áreas», aunque en los papeles de la empresa aparecía como «gerente». Trabaja en negro, y percibía un salario mucho más voluminoso que el que percibía el supuesto dueño, Emiliano Giacopuzzi, situación que no pudo explicar. Garlaza dijo conocer «de la infancia», a Aguilera, Giacopuzzi y el otro nombre que aparece como dueño de Formato Urbano, Maximilano Sena.
Contó que trabajó en la secretaría privada del exgobernador entre 2014 y 2015, y mientras cumplía esa misión “viajaba a Buenos Aires, a la Casa de Entre Ríos: hacía las veces de secretario del director de la Casa de Entre Ríos, Juan Pablo Aguilera”. También relató, con algunas lagunas en su declaración, varias veces dudando ante las preguntas de Fiscalía, que había trabajado “de manera informal para la empresa de Emiliano Giacopuzzi, Formato Urbano. Aproximadamente dos años trabajé, de 2012, 2013 habrá sido. Hacía tareas de logística, era coordinador. No estaba inscripto como empleado. Pero me pagaban en contado. Me pagaba (la contadora de la empresa) Corina Cargnel”.
Le consultaron si sabía quién o quiénes eran dueños de Formato Urbano, y respondió: “Tengo entendido que Luciana Almada era dueña además de Giacopuzzi. Luciana Almada es la esposa de Aguilera. Pero no sé con exactitud quiénes eran los dueños de la empresa”.
-¿Sabe si Aguilera tenía vinculación con la librería Alfa?
-Tengo entendido que es… que, un familiar de su señora era propietario de la empresa. Pero no conozco con exactitud. Uno de los hermanos de la señora. No recuerdo el nombre.
La Fiscalía le exhibió correos electrónicos y planillas de Excell en los que aparece su nombre como empleado, en la categoría de “gerente”, y le requirieron precisiones sobre las sucesivas reuniones que la firma Formato Urbano convocó con un “coach”, Alejandro Portela, para adiestrar a su personal, y por qué aparecía Juan Pablo Aguilera como los convocados. Galarza recordaba poco.
Fue entonces que el fiscal Ramírez Montrull le preguntó si había atravesado alguna situación traumática o había registrado algún problema de salud que le afectara su memoria.
-No –respondió.
Después, lo consultaron si había estado contratado en la Cámara de Diputados, y respondió que sí, entre 2008 a 2012.
-¿Qué tipo de vínculo tenía?
-Tenía un contrato de obra.
-¿Para qué legislador trabajaba?
-Para el diputado Hugo Berthet.
Le exhibieron después facturas emitidas por Galarza, que fueron encontradas en la casa de Aguilera durante el allanamiento que ordenó la Justicia el 1° de agosto de 2016.
-¿Por qué facturas suyas estaban en la casa de Aguilera?
-No sé. No tengo idea por qué estaba ahí.
Contexto
Las preguntas a Galarza giraron en torno a la investigación de una de las tres causas por las que Urribarri está sentado en el banquillo: la de las «imprentas» o más llamada como «causa de la vaca».
“La causa de la vaca” tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
La escena ocurrió en una sala del Poder Judicial la mañana del 18 de noviembre de 2016, durante una audiencia que presidió el exjuez Humberto Oscar Franchi: ayudado por una pantalla de video, el fiscal Santiago Brugo -entonces a cargo de la investigación penal preparatoria que investiga el desvío de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri en beneficio de su cuñado, Juan Pablo Aguilera- empezó a proyectar imágenes.
Lo que más llamó la atención fue la foto de una vaca adelante de un cartel con propaganda del Estado. La vaca, la misma vaca, se repetía en muchos otros carteles. Las fotos eran, en teoría, la certificación de que el servicio de publicidad se había prestado, de que el cartel publicitario se había plantado al costado de una ruta, al ingreso de alguna ciudad. Entonces, esa foto se incorporaba al legajo de pago, y se extendía el cheque al proveedor, en este caso, la empresa del cuñado de Urribarri.
Todo era así, y el encargado de certificar que los trabajos se habían hecho según lo pautado era Gustavo Tamay, funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación que comandaba Pedro Ángel Báez.
Pero en el ínterin ocurría una avivada: los chequeos eran ficticios, según la tesis del Ministerio Público Fiscal, pero los pagos, reales. La hipótesis que aquella mañana de noviembre de 2016 expuso el fiscal Brugo es que no lo hicieron, que simularon haber ido y constatado, y que así y todo firmaron los pagos de las órdenes de publicidad. La oratoria de Brugo es sólida, esa solidez que se permite transitar el sendero de la hilaridad. “Las fotos son repetidas”, afirmó el fiscal Brugo en aquella audiencia ante el juez Franchi, y como prueba, dijo, hay “una vaca” que se repite en todas las fotos.
“Siempre está la misma vaca. Hay una vaca en el medio del cartel, y graciosamente se le pagó a la empresa de publicidad con esta acreditación por diferentes meses –explicó–. Entendemos que esa vaca no puede haber estado siempre en el mismo lugar y en la misma posición. Fenotípicamente estamos convencidos de que se trata del mismo animal, pero genotípicamente no lo sabemos porque no podemos hacerle una prueba de ADN”.
No hubo necesidad de ningún análisis de ADN a la vaca: el modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.
Pero la causa “Aguilera Juan Pablo s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” no buscó, precisamente, debatir sobre la existencia o no de la misma vaca, sino el desvío de publicidad oficial en provecho de las empresas que se atribuyen al cuñado del gobernador, Tep SRL y Next SRL, durante el período 2010 y 2015, y que involucra una suma superior a los $24 millones que salieron de las arcas del Estado.
La vaca, la misma vaca, en todo caso fue sólo un ardid para llevar adelante la maniobra delictiva, entienden los fiscales.
El fiscal Brugo ya no está en la causa, pero la vaca quedó incorporada para siempre en esta investigación penal.
El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.
La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora