El miércoles 27 de diciembre ocurrió un hecho insólito y grave en la ciudad: un interno de la Línea 7 de Transporte Mariano Moreno, que hacía su recorrido por barrio 1º de Julio, se incendió en plena calle. El chofer alcanzó a bajar a los poco pasajeros que llevaba y luego el fuego hizo todo lo demás: la unidad quedó destruida totalmente.
Un día después, el jueves 28, el Concejo Deliberante sesionó con un único tema en agenda: dar aprobación al proyecto enviado por la intendenta Rosario Romero para establecer un plan de condonación de deuda a propietarios de motovehículos secuestrados en los últimos año en distintos operativos de tránsito. La idea es que los propietarios puedan recuperar más de 7.000 motos depositadas en dependencias de la Municipalidad de Paraná y de la Policía.
Uno de los objetivos de la medida apuntó a dar una solución precaria a los déficits del transporte público: ese mismo 28, Día de los Santos Inocentes, cuando sesionaron los concejales, se cumplía un mes del lockout patronal que dejó sin servicio nocturno a la ciudad: entre las 21,30 y las 5,30 Paraná no tiene servicio de colectivos.
En el Municipio hay una fuerte incertidumbre con lo que pueda pasar con el servicio del transporte urbano de pasajeros, que en más de un 60% de su estructura de costos depende de los subsidios. El presidente Javier Milei anunció el recorte de subsidios al transporte pero de momento no ha dicho de qué modo llevará a la práctica ese anuncio. Si la tijera hace su tarea, para los usuarios la tarifa sería impagable.
El concejal Enrique Ríos, presidente del bloque del PJ en el Concejo Deliberante, acepta que hoy el servicio de transporte «se sostiene en gran parte con el subsidio nacional y el subsidio provincial. En este caso, de ocurrir una quita o merma de subsidios nacionales, se elevaría considerablemente la tarifa, y sería inaccesible para los usuarios del sistema».
Por la crisis del transporte, buscan devolver 7.000 motos secuestradas
«Creo que hay dos elementos muy importantes -detalla-. En primer lugar, venimos con un servicio que deja mucho que desear y que no está a la altura de las demandas de los usuarios. Y segundo, un proceso de crisis generalizada, basada en la inequidad en la distribución de los subsidios nacionales, lo cual se agravaría con una quita, lo que llevaría a que el sistema se sostenga solamente con la tarifa, que en ese caso sería insostenible por el sistema».
El 5 de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó la suba del 74% en el precio del boleto, que pasó de $117,20 a $204. Pero es imposible imaginar a cuánto se iría de prosperar la quita de subsidios nacionales al transporte, y si las empresas podrán seguir prestando el servicio.
En un día sin colectivos, rige la nueva tarifa de colectivos
Antes, Buses Paraná, la concesionaria del servicio, había presentado en la Secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis y aludió que con la suba de costos se le tornaba imposible sostener toda la plantilla de personal: propuso reducir un 30% el número de choferes, y congelar salarios.
En medio, los choferes llevaron adelante un paro de cuatro días en reclamo de la cancelación del sueldo anual complementario.
Los usuarios, de a pie.
En ese escenario, el Concejo aprobó, con el voto del oficialismo y del bloque de La Libertad Avanza, el Plan Moto, con la idea de que 7.000 usuarios recuperen sus motos secuestrados. Aunque es una lotería: en qué estado están esos vehículos que hace tiempo están abandonados a la buena de Dios.
El concejal Ríos dice que esa estrategia apunta a amortiguar el costo de lo que vendrá, aunque el futuro es incierto en materia de servicio de colectivos en Paraná.
«Nuestros representados son los ciudadanos así que velamos por defender los derechos de los ciudadanos», señala el concejal en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Y agrega un dato: «Es necesario rediscutir la actual concesión, el diseño del transporte, pero necesariamente al no tener claras las medidas nacionales es muy difícil actuar al no tener en claro qué pasará con los subsidios».
Ríos demanda la participación de los intendentes del área metropolitana -Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull- en la discusión sobre el futuro de la prestación del servicio de colectivos. «Es importante que se sumen a una agenda de trabajo para encontrar soluciones que nos piden los vecinos. En este escenario, todos los meses vamos a tener el mismo conflicto con el pago de los salarios a los choferes. Pero otro conflicto mayor es cómo se mejora el servicio. Acá estamos frente a una concesionaria que no ha desarrollando ninguna estrategia para mejorar el servicio, no han invertido nada. El incendio de un coche de la línea 7 nos da cuenta del estado en el que está la flota. Más allá de los fondos para sueldos, es la forma en que se está prestando el servicio», señala.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora