El empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, que se hizo conocido como el “jardinero K”, compareció esta mañana ante la Justicia entrerriana en un juicio por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público. Barreriro declaró que no sabía que era funcionario y se plantó como víctima: “Soy un perseguido político”. Es el turno de Pedro Báez.
Al “Jardinero K”se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial.
En ese marco, Ricardo Fabián Barreiro –ahora sin bigotes- se presentó esa mañana en Tribunales, acompañado por su abogado, el ex diputado nacional del FpV y exconvencional constituyente, Raúl Barrandeguy.
Durante más de 40 minutos Barreriro declaró ante el juez correccional Pablo Vírgala y aseguró haber desconocido que ocupaba un cargo como funcionario en la provincia de Entre Ríos al tiempo que estaba inscripto como proveedor del Estado entrerriano.
“Soy un perseguido político”, sostuvo el Jardinero K.
El fiscal Alejandro Cánepa, en tanto, hizo notar que el pliego de la licitación que finalmente ganó Barreiro, como proveedor del Estado, lo retiro nada menos que Aníbal Beorda, nuevo director del Centro Experimental de Industrial Culturales de Entre Ríos (CEICER).
Barreiro, justamente, había sido nombrado en el cargo – ad honorem- de coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dirigía Sebastián Lorenzo, y que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación, entonces al mando de Pedro Báez, hoy diputado provincial del FPV.
El jardinero fue designado en ese cargo el 15 de agosto de 2012, mediante el Decreto Número 2.693, por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro Báez. El 7 de noviembre de ese mismo año el ex mandatario firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó. Barreiro, llamativamente, ingresa en el Registro de Proveedores del Estado, con el número 4.711, el 15 de octubre, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. En ese trámite de registración sostuvo que no era funcionario o empleado provincial. Ahora, lo que dijo Barreiro, era que no sabía que era funcionario.
Cuatro meses después de su designación en el Ceicer, en diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis, en Villa Martelli, Buenos Aires.
La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó. Extrañamente, Barreiro fue el único oferente. Hubo funcionarios judiciales que en la etapa de instrucción de la causa intentaron investigar si existió una licitación amañada, pero esa posibilidad se abandonó con escasas argumentaciones.
Al empresario santacruceño, vinculado a la familia Kirchner, se lo juzga en el tribunal unipersonal, que integra Pablo Vírgala, juez Correccional Nº 1 de Paraná por un delito tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
De la redacción de Entre Ríos Ahora