El empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro, popularizado como el “Jardinero K”,  por sus vínculos con la familia Kirchner, tendrá que comparecer ante la Justicia entrerriana el año próximo en la causa que lo tiene como procesado del delito de falsificación ideológica de documento público. Este viernes se conoció que la Oficina de Gestión de Audiencias de Tribunales fijó la fecha de debate de juicio para el lunes 15 y martes 16 de mayo de 2017.

De la disposición ya fueron notificados los abogados defensores del empresario, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, como así también el fiscal Rafael Cotorruelo. La causa está en manos del juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. Cabe recordar que los jueces Correccionales intervienen en los casos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, es decir el 22 de septiembre de 2014, y cuyo delito prevea una pena máxima de hasta 10 años. El empresario kirchnerista está procesado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.

 

 

A Barreiro se le imputa haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial. Y es que el empresario también ostentaba el cargo ad honorem como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación (hoy dividido en dos secretarías).

 

El sitio RíoBravo.com reveló en 2013 que el “Jardinero K” tenía un cargo en la administración de Sergio Urribarri. En rigor, el sitio informó que el 15 de agosto de 2012, mediante el Decreto Número 2.693, Barreiro fue designado en el Ceicer por el entonces gobernador Urribarri y su ministro Pedro Báez (hoy diputado provincial por el FpV). El 7 de noviembre de ese mismo año el ex mandatario firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó. Lo llamativo es que Barreiro figuraba (y figura con el número 4.711) en el Registro de Proveedores del Estado desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. Es en ese trámite de registración en donde “el ex jardinero” sostuvo que no era funcionario o empleado provincial.

 

En diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires). La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó.

La causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet en mayo de 2013. El letrado pidió que se investigue cómo fue nombrado por el Ministerio de Comunicación y Cultura y luego contratado para dar un servicio al Estado.

 
Gonzalo Núñez

Especial para Entre Ríos Ahora.