El 25 de noviembre próximo se cumplirá un año desde que la fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió llevar a juicio en Entre Ríos al empresario santacruceño Ricardo Fabián Barreiro. El “ex jardinero K”, como lo denominó la prensa nacional por sus vínculos con la familia Kirchner, está procesado por el supuesto delito de falsificación ideológica de documento público. Delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.

¿Qué se le imputa a Barreiro? Haber introducido datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de ser funcionario provincial. Y es que el empresario también ostentaba –y ostenta porque aun sigue vigente el decreto de designación- el cargo ad honorem como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que dependía del Ministerio de Cultura y Comunicación (hoy dividido en dos secretarías).

El 15 de agosto de 2012, mediante el Decreto Número 2.693, fue designado en el Ceicer por el entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro Pedro Báez (hoy diputado provincial por el FpV). El 7 de noviembre de ese mismo año el ex mandatario firmó el Decreto Número 3.793 con el cual se le asignaron viáticos, pero que nunca utilizó. Lo llamativo es que Barreiro figuraba (y figura con el número 4.711) en el Registro de Proveedores del Estado desde el 15 de octubre, es decir, dos meses después de ser nombrado “coordinador” de Cultura. Es en ese trámite de registración en donde “el ex jardinero” sostuvo que no era funcionario o empleado provincial. Dato que no coincidía con la realidad.

En diciembre de 2012, su empresa RP Transporte SA le cobró al Estado provincial 220.000 pesos para trasladar estudiantes secundarios de la capital entrerriana al complejo de Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires). La licitación fue realizada por el Ministerio de Turismo, que en ese momento estaba a cargo de Hugo Marsó.

La causa comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por el abogado Guillermo Mulet en mayo de 2013. El letrado pidió que se investigue cómo fue nombrado por el Ministerio de Comunicación y Cultura y luego contratado para dar un servicio al Estado.

La única vez que trascendió que Barreiro pisó los Tribunales de Paraná fue el 13 de junio de 2014, cuando prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción Número 7, del magistrado Elvio Garzón. En aquella ocasión negó las imputaciones en su contra.

“Barreiro llegó puntual al latoso edificio de tribunales, junto con sus abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez. Vestía un pantalón de jean, camisa celeste, pulóver y saco azul”, describió entonces Juan Cruz Varela, periodista de Página Judicial.

Al poco tiempo, el 28 de julio de 2014, Barreiro fue procesado por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi. La decisión fue apelada por la defensa del empresario pero en noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná, integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento.

Licitación y designación, en el mismo día
Los jueces Chemez, Giorgio y Garzón señalaron que “el argumento defensivo de que Barreiro desconocía que era funcionario público de la provincia de Entre Ríos es insostenible a la luz de la lógica y la experiencia”. Y explicaron que en la indagatoria reconoció que tomó conocimiento de la licitación pública del Ministerio de Turismo “en ese transcurrir de ida y vuelta’ a la provincia: llamado a licitación pública que fue publicado el 26 de septiembre de 2012 en la página 21, casualmente el mismo día que se publicó el decreto de designación en la página 5”.

Negociaciones incompatibles, descartadas

Otro punto a destacar de la causa Barreiro fue la decisión de la fiscal Viviana Ferreyra, quien desestimó ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública a pesar de que tanto el juez Franchi como el tribunal de apelación advirtieron que podría haber incurrido en ese delito.

Se demora la fecha de audiencia
En marzo de 2016, quien escribe, informó que la causa del empresario santacruceño, quedó en manos del juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala. El magistrado solicitó información a entes públicos involucrados en el caso para, respuestas de oficio mediante, fijar la fecha de debate.

Multe: “es inexplicable el atraso para fijar fecha de audiencia”
En relación a la demora de la fecha de juicio, en diálogo con Entre Ríos Ahora el abogado Guillermo Mulet, cuya denuncia inició la investigación, sostuvo: “es inentendible porque ya casi un año que está elevado a juicio. No solamente se da en este el atraso sino que se da en todas las causas”.

“No es solamente en la causa Barreiro que se da el atraso en la fijación de fecha de audiencia por el Código Procesal Penal anterior. Al existir dos sistemas hay uno que marcha muy rápido que es el nuevo Código y el otro está atrasado con al fijación de audiencia”, evaluó Mulet.

En ese sentido, el letrado concluyó que “es inexplicable a esta altura el atraso para fijar fecha de audiencia, como tampoco es inexplicable que la fiscal a pesar de la recomendación de la Cámara no sea llevado [Barreiro] a juicio por negociaciones incompatibles con la función pública. Y la fiscal no requirió sobre esa cuestión”.

Más dolores de cabeza
A principio de julio los periodistas Hugo Alconada Mon y Germán de los Santos, de La Nación, dieron a conocer que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó una denuncia ante la Justicia federal de Rosario para que investigue si el patagónico integra un conglomerado de empresas sospechada de lavar millones a través de supuestas exportaciones.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.