El ex intendente de Paraná José Carlos Halle, apenas llegado al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) como interventor, debutó en el cargo presidiendo una audiencia pública para dirimir si hay un nuevo aumento en la tarifa eléctrica. De autorizarlo finalmente Halle, sería la tercera suba de índole provincial en lo que va del año.
La audiencia fue el miércoles en Villaguay y Halle compartió la mesa con dos funcionarios polémicos. Uno, Marcos Rodríguez Allende cuya presencia sorprendió a parte del público, pues a mediados de agosto debió alejarse de la intervención del EPRE de la peor manera: a pedido del gobernador Gustavo Bordet a causa de su reiterada defensa de narcotraficantes. Después trascendió por lo bajo el porqué estaba ahí: pertenece a la planta permanente del Ente desde hace una década y tiene el cargo de Director Jurídico en el organismo, se informó.
Del otro lado de Halle estuvo el ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, quien asumió a principio de año como subinterventor del EPRE. Rodríguez, mientras presidió Vialidad, fue denunciado penalmente por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público. Cabe aquí un aclaración al margen: tanto el cargo de subinterventor como el de interventor no están contemplados en la ley de creación del organismo, según publicó este sitio. Sí, están previstos cargos de directores del EPRE: tres, por vía de concurso. Pero desde que surgió el Ente, a mediados de la década de 1990, siempre ha estado intervenido.
La sala del Cine Berisso empezó a completarse después de las 10 del miércoles 31, cuando la apertura arrancó con palabras del flamante interventor quien puso énfasis en la instancia de participación ciudadana de las audiencias. El auditorio estaba en su mayoría compuesto por hombres que fueron ocupando los asientos del amplio salón, que en un momento quedó repleto con la presencia de afiliados al Sindicato Luz y Fuerza.
El comienzo de los expositores, de una lista de veintiuno, fue para la Cooperativa Eléctrica de Concordia y, seguidamente, para Enersa. En ambos casos, el grueso de las exposiciones fue largo y tedioso, plagado de tecnicismos y gráficos de difícil comprensión para el llano del público. “No entendí nada”, dijo una señora que pidió la palabra, y resumió de manera rotunda y breve lo que pensaba el resto. La excepción fue la claridad con que la distribuidora de Concordia planteó un duro reclamo a Enersa en relación al costo del peaje de la electricidad.
Mientras las agujas del reloj avanzaban lento, a lo largo de unas tres horas, algunos mataban el tiempo con el celular, otros hasta se dormitaban y había quienes intentaban mantener la atención.
Pasadas las dos, hubo un desbande de público: “Les picó el bagre”, apuntó, a modo de justificación, uno de los asistentes. Pero la mayoría no volvió para el otro tramo de la audiencia, en el que participaron oradores en representación de los usuarios. En esta etapa, hubo reclamo por la falta de información a los usuarios, se objetó la facultad del EPRE de autorizar actualizaciones de precio de tarifa trimestrales sin audiencia pública, Se planteó el peso de la carga tributaria en las boletas: del orden del 40%, y se pidió se evalúe la posibilidad de que los Municipios sacrifiquen los cobros. También se expuso sobre el impacto, en el caso de Enersa, que viene teniendo la partida de personal (pago de sueldos y contrataciones de terceros como la contratación de una consultora de nombre Quantum cuyos integrantes tuvieron a cargo buena parte de la exposición con argumentos del pedido de aumento de la tarifa). Tanto ha sido el crecimiento de esa partida que terminó sobrepasando el gasto que insume la compra de la electricidad, fue la conclusión de un análisis realizado en base a los balances de la distribuidora.
Participaron en representación de los usuarios la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Defensa del Consumidor de la provincia, Oficina Municipal de Información al Consumidor de Diamante, Defensores de los Derechos de los Usuarios (en representación de los Colegios de Abogados y de Ingenieros de Entre Ríos) y la Unión Entrerriana de Entidades Vecinales y Comunitarias. Fue durante la exposición del representante de esta última organización, el vecinalista Miguel León, cuando se tensó el clima de la sala, ya casi desierta. Es que el vecinalista, con estilo de interpelación, dirigió reproches directos, a la cara del ex interventor Rodríguez Allende respecto al crecimiento presupuestario del Ente durante su mandato y preguntó respecto de algunas compras de artefactos que se habrían distribuido en épocas de campaña electoral. Finalmente los defensores de los usuarios coincidieron, haciendo hincapié en distintos puntos del tema, en rechazar el aumento pedido por Enersa, del 23%, y de la empresa de Concordia, del 25%. Y algunos de ellos, como la Defensoría del Pueblo, solicitaron que en el caso de que el EPRE defina finalmente una suba, se aplique el año que viene en forma gradual.
El Ente, con Halle a la cabeza, tendrá 60 días para definir qué hacer.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.