Por Paola Robles Duarte (*)
El representante legal del ginecólogo Leandro Javier Rodríguez Lastra, condenado por impedir un aborto legal en un hospital público de Río Negro, Leandro Javier Rodríguez Lastra, pero habilitado en septiembre último para trabajar en Entre Ríos, medida que luego se dejó sin efecto, llegará el próximo miércoles a Paraná para denunciar penalmente a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y al asesor legal de la cartera a su cargo, Germán Coronel, por “abuso de autoridad”. Así lo anunció el abogado Damián Torres.
Como informó Entre Ríos Ahora, la matrícula N° 12.642 le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia con vigencia desde el 1° de septiembre de 2020 y hasta el año 2025. El profesional fue condenado el 4 de octubre de 2019 por la Justicia de Río Negro a “dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos” y “a un año y dos meses de prisión en suspenso” al haber sido hallado culpable por impedir la práctica un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven de 19 años, víctima de una violación.
El sábado 21 del actual, la ministra de Salud de Entre Ríos firmó la resolución N° 4.649 por medio de la cual suspendió la matrícula que se le había otorgado a Rodríguez Lastra, que se desempeñaba en sanatorios privados en el sur de Entre Ríos –intentó ser acogido por el Colegio Médico de Gualeguaychú pero no prosperó su petición- y argumentó que “la situación actual de Rodríguez Lastra como médico matriculado en el sistema provincial no responde a las exigencias actuales del bien público tutelado por la Ley N° 3818”, a la vez que se enumeró una serie de argumentos jurídicos que dan cuenta de la imperiosa necesidad de dar “cumplimiento por lo dispuesto por la Justicia de Río Negro”.
En el texto, Salud establece “la conexión entre la condena de inhabilitación y la situación administrativa de Rodríguez Lastra frente al sistema de matriculación que lo habilita para el ejercicio de la profesión en razón que no existe consignado un oficio que haya comunicado tal situación legal del médico (…) está claro que aunque exista un certificado de buena conducta, lo cierto y real es que el mencionado galeno ha sido condenado por delitos relacionados a su actividad de médico y que los efectos de parte de la condena que no ha cumplido (la de la inhabilitación)”.
De ese modo, y tras el impacto público que había generado la medida de Salud de otorgarle matrícula a un profesional ligado al movimiento que pregona la “defensa de las dos vidas” y se opone a la legalización del aborto –que ahora discute el Congreso-, Rodríguez Lastra quedó imposibilitado de trabajar en Entre Ríos. Pero la cuestión no se agotó en esa medida: enterado de lo resuelto por la cartera sanitaria entrerriana, el abogado del tocoginecólogo condenado por la Justicia de Río Negro por impedir un aborto legal decidió cargar contra los funcionarios de la Provincia.
En contacto con Entre Ríos Ahora, el abogado Damián Torres adelantó que “en las próximas horas iremos a Entre Ríos para contactarnos con algún colega de allá, y acudir a la Justicia de dicha provincia, no solo para que se habilite la matricula del médico Leandro Rodríguez Lastra sino incluso, en caso que no den marcha atrás con esta ilegal decisión, acusar penalmente a los funcionarios que abusaron de su autoridad e incluso al Gobernador (Gustavo Bordet) por este acto contrario a la ley”.
“Es necesario mencionar que Rodríguez Lastra fue condenado, pero su condena no está firme y falta mucho para ello”, sostuvo Torres y señaló que aún quedan por delante dos instancia de apelación sobre la decisión del tribunal que condenó a su defendido: “Todavía tenemos el recurso del Superior Tribunal de Justicia de Ríos Negro, como así también la posibilidad de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En otro tramo del diálogo con este medio, Torres remarcó que “la inhabilitación solo alcanzaría (si la condena se confirmara en todas las instancias) para ejercer cargo público. Es más, la Fiscalía pidió que se lo inhabilitara para ejercer la medicina, lo cual fue rechazado por el juez y confirmado por el Tribunal de Impugnación de Río Negro. Es decir, que Rodríguez Lastra puede ejercer la medicina de manera privada sin inconvenientes, en cualquier lado del país”.
E insistió: “Un ministro no puede impedirle que obtenga su matrícula para trabajar en lo que la Justicia habilitó, en lo privado, sin que ello sea un delito”.
“Jurídicamente esta decisión no tiene asidero, sino que se explica a través de presiones mediáticas y de grupos minoritarios que ejercieron influencia”, conjeturó Torres en clara referencia al reclamo público que más de 80 organizaciones feministas, sociales, políticas y culturales de Entre Ríos, Buenos Aires y Río Negro, plasmaron en una carta pública al gobierno entrerriano exigiendo la suspensión de la matrícula del médico celeste.
“Ahora será la justicia quien decida y quien juzgue semejante atropello, propio de las épocas de la dictadura, donde el estado de derecho quedaba absolutamente abolido”, fustigó Torres.
“Existe una clara persecución contra Leandro por parte de ciertos grupos, los cuales se preocupan solamente por tratar de perseguirlo a él, y a los que quiero preguntarles: ¿pidieron algún informe para ver cómo está la causa del violador? ¿Juntaron firmas para pedir que alguien actúe? Porque nunca dijeron nada de que la misma fue archivada desde el 2018”, dijo el abogado en referencia a un hecho que no está en discusión en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, jurisdicción en la que Rodríguez Lastra planeaba radicarse y ejercer la medicina de manera privada.
Ante la consulta de esta cronista, Torres explicó que “el Ministerio de Salud Entre Ríos no pudo constatar que Rodríguez Lastra tuviera antecedentes penales ya que no los tiene porque la sentencia aún no se encuentra firme”. Además, cuestionó que “no se le dio derecho a réplica según indica la propia ley de Entre Ríos, en vez de iniciarse un sumario para investigar la situación, se inhabilitó la matrícula constituyendo esto un acto de autoritarismo”.
Por último, el abogado y autor del libro “Cuando salvar vidas se convirtió en delito”, donde cuenta la historia del caso judicial de Rodríguez Lastra, afirmó: “Nos sentimos muy fuertes para seguir peleando, además es muchísima la gente de Entre Ríos que se comunicó con Leandro y con nosotros, creo que se está empezando a ver que así no se puede seguir, asique estamos muy fortalecidos para pelear contra este atropello que estamos seguros que la justicia de Entre Ríos no va a permitir”.
(*) Paola Robles Duarte es periodista en Gualeguaychú. Especial para Entre Ríos Ahora