En el marco de la jornada 48 del megajuicio al exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, y otros acusados, se dieron las dúplicas y réplicas de los fiscales y defensores. La jornada marca la antesala del cierre del juicio, puesto que el martes 22 los imputados podrán expresar sus últimas palabras al Tribunal antes del veredicto.
En la jornada de hoy, que se extendió desde las 9,30 a las 16,320, los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull replicaron los cuestionamientos técnicos de las defensas; y posteriormente los abogados Emilio Fouces, José Velázquez, Ignacio Díaz, Miguel Cullen, Juan Méndez, Marcos Rodríguez Allende, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez realizaron las dúplicas.
En una apretada síntesis, todos los letrados reiteraron el pedido de excluir como prueba en el juicio los informes realizados por bioingenieros del Ministerio Público Fiscal, por considerar que no estaban habilitados para actuar como peritos,; la documentación sobre comunicaciones entre los imputados, por entender que se violó la intimidad de sus defendidos; y también plantearon agravios por presuntas irregularidades en allanamientos producidos en la causa Imprentas. Las pruebas que atacaron son pilares fundamentales para la acusación de la Fiscalía.
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Los abogados pidieron al Tribunal que no se considere con «valor probatorio» los informes periciales de los bioingenieros Juan Rossi, Guillermo Fritz, y Fernando Ferrari, del Gabinete de Informática del Ministerio Público Fiscal, por entender que no son idóneos para actuar como peritos especializados en cuestiones informáticas y, además, por ser parte interesada en el proceso, ya que trabajan en la Fiscalía.
«Toda esa a prueba fue admitida e incorporada al proceso. El planteo de exclusión resulta extemporáneo”, dijo el fiscal Jua Francisco Ramírez Montrull.
No obstante, los defensores insistieron con el planteo. «Se ha desvalorizado la potestad y facultades derivadas de las incumbencias profesionales. Parecería que con estudiar algunas materias en la facultad se abren las puertas de habilitación para ejercer como peritos. No necesitamos ningún indicio para demostrar que Fritz y Ferrari no estaban facultados para realizar pericias. El alcance del título o incumbencia profesional no es un asunto de hecho, de que sepan o estén capactidados o no. Es un asunto de derecho y exclusivamente en función de la Ley 24.521, dond en su artículo 43 inciso A faculta expresamente y sólo al Consejo General de Educación de la Nación, junto a los Consejo Universitarios y Profesionales a que determinen las incumbencias porfesionales de cada uno», expresó el abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro Pedro Báez.
A su plante suscribió el abogado Emilio Fouces, defensor del exminsitro de Turismo Hugo Marsó y el empresario Gerardo Caruso. «Estas violaciones son evidentes, palmarias, serias y profundas», resaltó.
Enseguida, trajo a colación el proyecto de creación de una Fiscalía Anticorrupción, impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, en la que se establece que el plantel de la unidad debe estar compuesto por personal especializado con incumbencia en materia administrativa, contable, financiera e informática.
«El proyecto habla del cuerpo técnico que va a acompañar a la división de la Fiscalía Anticorrupción. Habla de un contador, de un abogado especializado en procedimiento administrativo, de un cuerpo de peritos y dice claramente que esos peritos debe ser Licenciado a Ingenieron en Informática, no dice que pueden ser Bioingenieros», aseveró.
Más adelante, cuestionó los informes por entrecruzamientos de llamadas y pidió que los mismos sean excluidos del juicio. «Es responsabilidad de este Tribunal merituar los informes y la incumbencia profesional con los que se pretende hacer valer como prueba para condenar a los imputados», afirmó.
En el caso de las comunicaciones, refirió que la Fiscalía pretende «minimizar» la intromisión en la intimidad de los imputados. «Se violó la Constitución y hablan de intromisiones mínimas. Es como decir que se violó un poquito la Constitución», ironizó. «Se ha armado un relato espantoso. Esto es una obra de teatro; es una gran ficción», aseguró.
Luego le siguió Juan Méndez, abogado de Gustavo Tamay, responsable de Certificación de Publicidad en Vía Pública, quien adhirió a la petición de sus colegas.
Le siguió Miguel Ángel Cullen, quien representa al empleado legislativo Alajenadro Almada, a los empresarios Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, a la contadora Corina Cargnel, y al funcionario Gustavo Tortul. El defensor se explayó sobre el pedido de exclusión de los testimonios e informes de los bioingenieros de la Fiscalía, los informes de las telefónicas y otras presuntas irregularidades en la investigación.
En igual sentido se expresó Marcos Rodríguez Allende, defensor de Juan Pablo Aguilera, Alejandro y Luciana Almada; y, por último, Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri.
Tras oír a las partes, el tribunal que componen los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, dio por finalizada la jornada y anunció que el martes que viene cuando los imputados podrán decir sus últimas palabras antes del veredicto.
El eje
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; N° 4.385, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública”; y N° 6.399, caratulado “Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública”.
Al juicio llegaron 15 imputados, pero desde el vamos se bajó el empresario publicitario Hugo Montañana, que adujo problemas de salud y por eso será juzgado en forma separada; también en medio de los debates ocurrió el fallecimiento de Hugo Félix Céspedes, excoordinador de la Unidad Operativa Mercosur. De ese modo, son 13 los imputados, con penas que van de los 3 años de cárcel a los 12 años. La pena mayor está solicitada para Urribarri.
Megajuicio: piden 12 años para Urribarri, y 10 años para Báez y Aguilera
Los acusados son el exgobernador Urribarri, sus exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo; el cuñado Juan Pablo Aguilera, su esposa, Luciana Almada, y el hermano de ésta, Alejandro Almada, la contadora Corina Cargnel, y los empresarios Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, fundadores de Cinco Tipos y después de Tep SRL y Next SRL, el armador del pelotero en Mar del Plata, Gerardo Caruso, el empleado del Estado Gustavo Tamay, el empresario Germán Buffa y el excontador de la Unidad Operativa Mercosur, Gustavo Tórtul.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.