«Atención al público por la ventana», dice el cartel en papel blanco, escrito en letras negras, de computadora, pegada a la puerta vidriada de lo que otrora fuera el Apart Hotel Tribunales, y que las autoridades del Poder Judicial convirtieron en la sede del Ministerio Público Fiscal, sobre calle Santa Fe. Allí se acude por citaciones en causas judiciales, para averiguar un caso, para requerir respuestas de quienes ejercen la acción pública en las investigaciones de Fiscalía.
Pero desde que se inició la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, el edificio del Ministerio Público Fiscal se convirtió en una fortaleza inexpugnable para cualquier mortal. Sólo tienen paso habilitado los empleados judiciales, los fiscales, ningún ciudadano de a pie. Toda consulta, cualquier consulta, se atiende a través de un ventanuco, como un kiosco que está en los alrededores de la ciudad y que previene cualquier acción de inseguridad. ¿Cuál es la razón para semejante disposición? ¿Qué norma los ampara?
Si se cruza la Plaza Mansilla, en Casa de Gobierno, hay presencialidad plena y trabajo normalizado desde el 1° de septiembre. Y este lunes 6, el Consejo General de Educación (CGE) también retoma la presencialidad plena; las escuelas, lo hicieron el lunes 30 de agosto.
Tampoco hay restricción sanitaria para ir al super, pasear por la Peatonal, mirar vidrieras, atenderse en un hospital público. Pero sí existen para acudir al Ministerio Público Fiscal. Una situación parecida ocurre en las nuevas instalaciones de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual, en calle Urquiza al 1100. Las puertas permanecen cerradas, y cualquier consulta se debe realizar mediante un sistema de portero eléctrico. Recién entonces, el acceso se libera.
A principios de agosto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprobó el inicio de una nueva etapa de funcionamiento del Poder Judicial de Entre Ríos, y dispuso la actividad de todos los organismos, judiciales y administrativos, a partir del 5 del actual. Las disposiciones fueron adoptadas en Acuerdo General y en el marco de las medidas sanitarias Covid-19.
La Justicia restringió la presencialidad de sus trabajadores y vedó el ingreso a los Tribunales de toda persona ajena a la actividad a partir del 20 de abril de 2020 días después de que se dispusiera el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. La medida, que fue variando conforme avanzaba la pandemia, provocó no pocos cruces con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que había reclamado que se garantizara el pleno ejercicio del servicio de justicia.
Pero en la sede de las Fiscalías se mantiene la atención «por la ventana».
De la Redacción de Entre Ríos Ahora