Gladis Raquel Hilgemberg nunca supo –no tenía por qué saberlo- que haber escrito el número “25” en un formulario oficial le iba a generar un mal momento: un sumario administrativo en su contra, con la posibilidad cierta de una sanción.

Es el segundo caso que trasciende en los últimos días. Otra docente que reclamó judicialmente por el no pago de salarios está entrampada en un sumario que le inició Educación.

Gladis Raquel Hilgemberg vive en Maciá, departamento Tala, a 150 kilómetros de Paraná, y es maestra de nivel inicial en el Jardín Maternal Municipal Mi Pequeño Mundo. En noviembre de 2018 fue a la Justicia con un recurso de amparo por cuanto el Consejo General de Educación (CGE) no le había depositado el sueldo. La mujer, sostén de familia, en ese momento con marido desocupado, nunca supo -no sabe- por qué ocurrió aquel incidente: no cobrar su salario.

Supo que su sueldo no había sido depositado porque, al ser paciente hipertensa, fue a retirar una orden de consulta médica al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre  Ríos (Iosper). Pero allí le dijeron que había sido dada “de baja”. O sea: que no era empleada del Estado y, por eso mismo, no formaba parte del padrón de afiliados de la obra social provincial. Ya le había pasado lo mismo en junio de 2018, pero entonces no reclamó por vía judicial. Pero a finales de ese año su marido había perdido el empleado, y su salario era el único ingreso del hogar.

Acudió entonces a la Dirección Departamental de Educación de Tala. No consiguió demasiado. “Que le contestaron que era imposible, que estaba cargada, que se fije bien. Que con posterioridad constataron en Departamental que no era así, que no estaba cargada, pero nadie le dio una explicación de por qué, qué era lo que había pasado. Volvió a llamar varias veces para pedir explicaciones pero no la atendían, o le decían que llamara más tarde. Que ante la desesperación porque su marido había quedado sin trabajo el 1° de noviembre, siendo el único ingreso de su familia su sueldo y encontrándose sin cobertura de la obra social, habiendo trabajado todo el mes, entonces fue al sindicato para que le indicaron qué podía hacer, donde le sugirieron hacer un recurso de amparo para que le abonasen el sueldo”, se lee en parte de su declaración ante el área de Sumarios del Consejo General de Educación. Fue el 16 de septiembre último, un trámite que todavía continúa.

La docente Hilgemberg tiene un sumario abierto. “En forma clara, precisa y específica el cargo de hecho y de derecho que se le atribuye (…): Se la acusa a la imputada de la siguiente cuestión de hecho: completar erróneamente las planillas de Formulario Único (FU), específicamente colocando número de trámite (25) a la carga de datos, rol que no le corresponde a la docente”. Ese dato, mínimo, insignificante, haber colocado el número “25” en una planilla que sirve para la carga de datos en el Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE), fue la piedra de toque que movió todo el andamiaje legal del Consejo de Educación contra la docente de Maciá.

En su defensa ante el sumariante, aseguró que “no le consta que haya puesto el número 25 en las planillas FU”, pero que “si cometió ese error, fue involuntario, no a propósito, pero, a su vez, cuando la declarante completa la FU, hay tres personas que la revisan”, y por eso le llama la atención que “ninguna de esas tres personas se hayan dado cuenta del supuesto error y le hayan avisado”. ¿Quiénes fueron esas tres personas que no observaron la anotación del número 25 en la planilla del Formulario Único? La directora de radio, Cristina Buffa; la supervisora Andrea Kamerman, y la encargada de la carga de datos en SAGE, Alejandra Sciutto.

En la documentación incorporada al sumario, se da cuenta que la investigación sobre la docente sobrevino luego de que ésta reclamara, vía judicial, el cobro de sus salarios. Una nota elevada a la Secretaría General del Consejo de Educación por el área de Sumarios del organismo señala que “de la información colectada adelanto que la misma habría inducido a un error, consignando datos en las planillas (FU 01), cuya injerencia no son de su competencia”. Aunque también carga responsabilidades sobre la funcionaria encargada de la carga de datos en SAGE de Tala.

Así, concluye, que “de la actitud de ambas agentes, el perjuicio irrogado al Estado en concepto de costas y honorarios causa un detrimento en perjuicio del erario público, es decir de todos los ciudadanos entrerrianos, ello en consecuencia hace reflexionar acerca de la necesidad de investigar si ha existido una conducta contraria a las normas que rigen la carrera docente y la que se rige la carrera en la Administración Pública”.

En marzo último, en la apertura de la instrucción sumaria, hubo una categórica reprimenda a la decisión de la docente de, ante la falta de pago, acudir a la Justicia.

Al respecto, se recomendó  evaluar la aplicación de “una sanción, que la misma se vea representada a fin de evitar que estas conductas tanto activas como omisivas no se vuelvan a reiterar dado que el micro y macro trabajo desarrollado por el ente educativo provincial, cuyo desenvolvimiento administrativo y contable en materia de suplencias es enorme, consideración que no implica tolerar incumplimientos de altos deberes a cargo máxime si de ello resultan perjuicios a los agentes públicos, justifican efectuar una ponderación en el caso traído desde la complejidad propia del trámite de cada una de las miles de suplencias que se gestionan mes a mes (no sólo deben computarse las ´altas´ sino también las ´bajas´ del sistema) y admitir que pueda demorarse la percepción de los haberes alimentarios unos pocos días, pero también evitar que el propio agente (docente) con su accionar derive en la conducción a un error es de trascendental importancia, así en miras a poner fin a la serie de acciones de ejecuciones judiciales que obedecen a omisiones, pero también acciones humanas que entorpecen el sistema y que se traducen en único perjudicado el erario público el organismo educativo viene aperturando investigaciones a partir que va detectando la presunta comisión de una irregularidad administrativa, a esos efectos se eleva la presente pieza, que será puesta a consideración de la autoridad educativa”, según se lee en la enredada redacción de la abogada Miriam Clariá, asesora legal del Consejo de Educación.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.