Entre Ríos, una provincia que tiene tres miembros del clero enjuiciados por corrupción de menores y ningún pedido de perdón de la Iglesia, acogerá a un encuentro panamericano sobre los derechos sociales de la adolescencia y la infancia «y la Doctrina Franciscana», en alusión al papa Jorge Bergoglio, bautizado Francisco cuando asumió el mando del catolicismo, el jesuita que adeuda una respuesta a la carta que le enviaron las víctimas del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de cárcel. El encuentro continental se llama: «Jornadas Panamericanas por los Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes y Doctrina Franciscana».
Tres miembros del clero entrerriano, Justo José Ilarraz, Juan Diego Escobar Gaviria, Marcelino Ricardo Moya, se sentaron en el banquillo, acusados de graves delitos en contra de menores. De los tres, sólo Moya zafó por la prescripción.
Las víctimas fueron abusadas cuando eran niños y estaban como internados en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo e Ilarraz estaba a su cuidado. Un tribunal de juicio, la Cámara de Casación Penal y la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejaron sentada la culpabilidad de Ilarraz. La Defensoría General nunca tomó parte del proceso aún cuando había menores víctimas. Escobar Gaviria era párroco y alter ego de los curas sanadores, dominaba los días y las noches de niños a los que luego abusaba. Moya se pavoneaba como payador en peñas y encuentros folclóricos y tenía un pasado de depredador sexual.
La voz del papa Francisco, la Doctrina Franciscana, nunca se escuchó respecto de esos casos aberrantes.
Extrañamente, en Entre Ríos ahora alumbra la «Doctrina Franciscana» en el cuidado de las infancias, una corriente de pensamiento de la que se carecen de antecedentes. Ilarraz fue condenado en 2018 por abuso y corrupción de menores a 25 años de cárcel y hasta ahora la Congregación para la Doctrina de la Fe, que depende del Papa, no ha resuelto expulsarlo del clero.
Según la información que divulgó el Poder Judicial de Entre Ríos, ese encuentro, que es auspiciado por el Ministerio Público de la Defensa, que encabeza el Defensor General, el concordiense Maximiliano Benítez, reunirá a magistrados, funcionarios y expertos del continente que abordarán, a través de paneles y conferencias magistrales, los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes «con un eje transversal enfocado en justiciabilidad y exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, haciéndose presente la preocupación del Santo Padre y su permanente referencia a estas temáticas en el mundo. En particular en América Latina, señalando las evidentes brechas entre el corpus iuris que consagra los derechos humanos y el ejercicio pleno de los mismos».
El encuentro será durante dos días, 27 y 28 de este mes, en el Centro Provincial de Convenciones.
Esa carta
La Congregación para la Doctrina de la Fe -la antigua Inquisición, más tarde Santo Oficio- , que preside el cardenal español Luis Francisco Ladaria Ferrer, jesuita como el papa Francisco, tiene en sus manos la suerte dentro del clero del cura Justo José Ilarraz, condenado por la Justicia entrerriana a 25 años de prisión por abuso y corrupción de menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, hoy a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Eclesiástico de Buenos, que preside el cardenal Mario Aurelio Poli, ya se pronunció sobre la situación de Ilarraz. pero la medida fue apelada por el sacerdote -que cumple arresto domiciliario en un departamento de calle Corrientes al 300 desde que fue condenado, en 2018,-, y el caso fue derivado a Roma. De acuerdo a un informe firmado por el sacerdote Alejandro Russo, juez del Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires, el cardenal Poli “emitió sentencia de la causa en cuestión, no obstante fue apelada en el mismo momento de la notificación, por tal motivo y al no estar firme no se publicó. Se envió en el plazo prescrito al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, único competente para juzgar estas apelaciones”.
El 16 de agosto de 2013, cuatro víctimas de los abusos del cura Ilarraz enviaron una carta al papa Francisco a través del arzobispado. El texto lo recibió el entonces vicecanciller de la curia, el sacerdote Héctor José Rodríguez -ya fallecido-, y una copia de esa carta fue incorporada al juicio a Ilarraz, que se desarrolló entre el 16 de abril y el 21 de mayo de 2018.
Las cuatro víctimas -entre ellos Fabián Schunk, Hernán Rausch, José Riquelme e I A (nunca quiso revelar su nombre en público)- le pidieron al Pontífice «su intervención, dándonos respuesta a los reclamos que hemos venido realizando ante las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de Paraná por el término de casi 20 años. Así hemos acudido a monseñor Estanislao Esteban Karlic, Monseñor Mario Bautista Maulión y Monseñor Juan Alberto Puiggari. Ellos, en todo tiempo han estado en conocimiento de los hechos acontecidos en nuestra menor infancia dentro del Seminario Menor, al cual entramos con profundo deseo de servir a la obra de Dios Padre Creador, siendo puros cuerpo y espíritu».
Y recordaron que «durante muchos años hemos llevado en soledad y en el más absoluto sigilo nuestros padecimientos psíquicos y espirituales producto de los abusos sexuales y psicológicos cometidos por quien fuera nuestro prefecto de disciplina en el Seminario Menor». Y que a pesar de haber respetado lo indicado por Karlic y por Puiggari, sólo recibieron de ambos «falsas promesas y mentiras». Y agregaron: «A nuestro entender es una absoluta abominación y herejía que un criminal como lo es el Pbro. Ilarraz siga consagrando el pan en cuerpo y el vino en su sangre de Cristo».
«Que le queremos dejar en claro que nunca recibimos apoyo ni ayuda espiritual por parte de los monseñores Karlic, Maulión y Puiggari; ellos sabían todo puesto que teníamos sendas reuniones con los mismos, nos dejaron librados a nuestra propia suerte y fortuna; que hay una investigación diocesana (irregular y no ajustada al derecho canónico vigente en aquel tiempo), que avalan nuestros dichos», dice el texto. Y agrega la carta remitida en 2013 a Francisco que Puiggari «estaba en pleno conocimiento de los hechos desde el año 1989».
La carta, dijeron las cuatro víctimas, es a los fines de hacer formal denuncia ante el Papa «de los delitos de pedofilia cometidos por el Pbro. Ilarraz en nuestras personas; Monseñor Puiggari nos ha cerrado las puertas de su Arquidiócesis y nos ha manifestado que él no tiene ya nada que entender en el tema, que acudamos a Usted directamente».
La carta finaliza así: «Que, a fin de evitar futuras violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes por parte del Pbro. Ilarraz es que solicitamos a Usted su intervención, tomando medidas concretas sobre este caso».
Francisco nunca respondió a las cuatro víctimas. «Francisco no contestó nada de nada -recuerda Fabián Schunk-. Y sabemos que la carta le llegó: fue por vía diplomática».
En 2023, una década después de haber enviado aquella misiva, las víctimas esperan la respuesta de Francisco.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.