El experito balístico del Poder Judicial de Entre Ríos, Antonio Daniel Vitale, apeló su condena a 12 años de prisión por el delito de amenazas simples y peculado por la sustracción de armas judicializadas, para luego ser vendidas ilegalmente.

Sin embargo, antes de que la Cámara de Casación Penal de Paraná estudie la sentencia dictada el 13 de abril de este año por los jueces Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, otro tribunal deberá resolver sobre las recusaciones a dos integrantes de Casación y la inhibición de uno de ellos.

El Tribunal natural de la Cámara de Casación Penal de Paraná está integrado por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti. La defensa del experito, a cargo de los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti, recusó a los tres porque actuaron en otro momento del proceso, en el marco de una apelación por la prisión preventiva. Según se supo, de los tres magistrados, sólo Perotti se inhibió de actuar.

Para entender en esa situación, se conformó un Tribunal integrado por los vocales Rubén Chaia, que integra el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; junto con Martín Carbonell y Aníbal Lafourcade, ambos integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia. Luego de que se zanje cómo quedará conformada la Cámara de Casación, recién ahí se podrá estudiar los planteos contra la condena interpuestos por los abogados de Vitale.

Los planteos de la defensa contra la condena

En diálogo con el programa Puro Cuento, que se emite por la Radio Pública de Paraná 88.1, el abogado de Vitale, Damián Petenatti, comentó que fueron dos los planteos principales de la apelación a la condena: “Uno es la nulidad de la sentencia, porque entendimos que dos de los jueces intervinieron como jueces de apelación del procesamiento en otra causa que tramitaba con el anterior Código”, dijo.

Los jueces cuestionados son Carolina Castagno y Chemez, quienes habían actuado en la resolución de un recurso de apelación contra el procesamiento de Vitale interpuesto el 3 de octubre de 2017.

El segundo lugar, señaló que reprocharon la declaración de una de las testigos en el juicio, Natalia Giménez, encargada de la mesa de entrada de la oficina pericial, quien dijo que fue increpada por Vitale y cuyo relato también sirvió para el procesamiento del experito en el expediente que se tramitaba con el viejo Código Procesal Penal.

“Hay un episodio que relata una testigo que compartía la oficina pericial con Vitale, y ese mismo episodio lo valoraron para confirmar el procesamiento y durante el juicio esa misma testigo declaró sobre el mismo episodio. Los mismos jueces ya habían dado antes su opinión, de que ese testimonio servía para en su momento confirmar el procesamiento”, señaló Petenatti.

En esa línea, resaltó que para la defensa “está segura de que estos dos jueces –por Castagno y Chemez- tenían tomada una postura antes de que se termine de desarrollar la prueba en el juicio”. “Es claro el prejuzgamiento que ha habido de parte del doctor Chemez y Carolina Castagno”, agregó.

Por otro lado, el letrado también lanzó cuestionamientos hacia el Ministerio Público Fiscal por haber utilizado como testigos en el juicio a tres personas que habían acordado una pena en un juicio abreviado en el marco de la causa del robo de armas.

“Cuando hay múltiples imputados en una causa, en la Justicia Federal hay un criterio que si todos los imputados no acuerdan un abreviado, salvo una sola excepción de hace poco tiempo, la regla es que van todos a juicio”, comparó.

“Es un gran problema porque la causa se inicia exclusivamente contra Vitale a través de la declaración de Bertoni como imputado, con todo el derecho a mentir que le asistía”, señaló en referencia a Mauro Maximiliano Bertoni, exempleado del Departamento Médico Forense de Tribunales que también estuvo involucrado en el robo y venta de armas judicializadas.

En diciembre de 2016, el hombre firmó un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y aceptó una condena de tres años de prisión condicional, más trabajos comunitarios. También accedieron a un juicio abreviado Eduardo Ramón Borgogno, que aceptó una pena de tres años de prisión condicional; y Mario López Alonso, que firmó por un año y seis meses de cárcel condicional, ambos acusados de conseguir clientes y gestionar la venta y cobro de las armas sustraídas del depósito del Poder Judicial.

En el juicio, Bertoni sostuvo que Vitale le proveía de las armas y que él se encargaba de dárselas a Borgogno y López Alonso, quienes después debían venderlas en el mercado ilegal. Luego, cobraba el dinero y le entregaba su parte al experito.

Para el abogado, la tesis de la Fiscalía de que Vitale comandaba la organización no se desprende del análisis de las comunicaciones telefónicas presentadas en el juicio. “De las conversaciones que tenía Bertoni, hablamos de dos meses de comunicaciones telefónica, jamás surgió el nombre de Vitale”, dijo Petenatti.

A renglón seguido, también apuntó al subjefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Gabriel Schmunk, por, supuestamente, haber mantenido una reunión con Bertoni antes de acordar una pena con la Fiscalía.

“Hoy se erige la causa contra Vitale luego de que Bertoni declarara como imputado y reconociendo haber tenido una reunión con el sub jefe de la División Robos y Hurtos”, afirmó Petenatti, para quien el experito fue inculpado por Berotni “a instancias de un tercero y no porque haya sido Vitale quien le suministraba las armas”.

Schmunk fue uno de los testigos propuestos por la Fiscalía y durante el  juicio contó que puso en conocimiento de la Fiscalía que Héctor Martínez, entonces jefe de la Comisaría Cuarta, le reveló que un “datero” –informante- le dio la primera pista sobre la venta de armas judicializadas.

El defensor calificó de inconsistente la declaración que hizo Bertoni en el juicio, quien llegó a decir que le entregó al exfuncionario judicial entre 400 y 500 armas. “No se puede dimensionar semejante cantidad de armas porque según el registro de la fiscalía, que deja muchísimo que desear, se encontró la faltante de 72 armas. Es imposible entender la versión de Bertoni”, subrayó Petenatti.

Por último, el letrado cuestionó a la Fiscalía que no se hayan seguido otras líneas investigativas. “Ha quedado acreditado que han existido personas en la Efectos Secuestrados, que sí ameritaba una investigación profunda en otro sentido y eso jamás fue realizado por el Ministerio Publico Fiscal”.

La condena

El juicio a Vitale comenzó el 8 de marzo de este año. Ese día, en la apertura del debate, el fiscal Juan Malvasio –que actuó junto a Juan Francisco Ramírez Montrull y Fernanda Rufatti (de la Unidad de Violencia de Género)- dijo que “este es un hecho de corrupción sin parangón” en la historia del Poder Judicial entrerriano.

El 13 de abril de este año, el Tribunal integrado por Carolina Castagno, José María Chemez y Cristina Van Dembroucke, condenó a Vitale a 12 años de prisión, que cumple en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, por considerarlo autor del robo de armas judicializadas, y por haber amenazado a una mujer.

Su condena ahora fue apelada y espera ser revisada por la Cámara de Casación Penal, cuya conformación está en discusión por los planteos de recusación interpuestos por los defensores.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora