En Crespo –a 46 kilómetros de Paraná—la gestión del exintendente K Ariel Robles ha sido puesto bajo la lupa de una investigación que surgió desde el propio justicialismo.
La agrupación política Militancia y Compromiso, cuyos referentes son el exconcejal justicialista Alejandro Canavesio y el representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Rolando Kaehler, pidió al actual jefe comunal, Darío Schneider (Cambiemos), un detallado informe sobre la gestión de Robles.
Entre otros asuntos, pretenden saber sobre los gastos de prensa y propaganda durante la gestión K; también, pretenden conocer en qué circunstancias se accidentó un vehículo oficial (VW Vento); y sobre el atraso en la entrega de los fondos para la educación y Defensa Civil.
También, el listado completo de empleados tercerizados; un detalle de la compra de teléfonos celulares; y el registros de cooperativas de trabajo inscriptas en la Municipalidad; identificación de los beneficiarios de gastos municipales en combustibles, aceites y servicios.
No es la primera que Robles –que buscó revalidar su mandato en diciembre último, y perdió el municipio de Crespo a mano de Cambiemos— ve cuestionada su gestión.
En abril, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Crespo, Julián Maneiro, dijo que la gestión del exintendente Robles había abultado la planta de personal con la contratación de 52 trabajadores que estaban trabajando para el Estado “en negro”. Maneiro explicó además que al asumir el actual intendente Schneider se encontraron con “52 contratos de trabajadores sin aportes patronales ni descuentos sociales; es decir, incumpliendo la ley y en absoluta contradicción con los más elementales principios de justicia social y protección de los derechos laborales”.
Maneiro expuso sobre la planta de personal ante el Concejo Deliberante y a pedido del bloque del Frente para la Victoria (FPV). “Al asumir, nos encontramos con un gran desorden administrativo en el área de personal, fruto de años de improvisaciones e incumplimientos a la normativa vigente”, subrayó.
El funcionario dio cuenta que a través del análisis realizado con los responsables de cada área, “se pudo establecer que existía personal contratado que no prestaba tareas efectivas, que no tenía tareas asignadas o que ni siquiera concurría al municipio de manera diaria. Eso que popularmente se denomina ñoqui”.
El secretario de Gobierno hizo hincapié en una situación que consideró “absolutamente irregular”, descubierta en diciembre cuando se estaba por liquidar el mes trabajado. Ahí se detectaron “52 contratos de trabajadores sin aportes patronales ni descuentos sociales; es decir, incumpliendo la ley y en absoluta contradicción con los más elementales principios de justicia social y protección de los derechos laborales”. Y recalcó: “52 trabajadores que no tuvieron aportes jubilatorios ni obra social, y consecuentemente no tuvieron protección de su salud y de su familia por una decisión política de la anterior gestión”.
Según la prueba documental, la orden de no hacer las retenciones partió de exfuncionarios: exsecretario de Servicios Públicos, Leandro Raúl Vacaretti; exsecretario de Gobierno, Jorge Waigel; exsecretario de Planeamiento, Obras e Infraestructura, Fernando Bach; exsecretaria de Economía, Hacienda y Administración, Leonor Evangelina Winderholler; y expresidente municipal, Ariel Jesús Robles.
Maneiro observó que a esos empleados municipales “sólo se les pagaba el salario básico, lo que significa que revistaban en la planta temporaria del municipio, pero en forma irregular”. Además dijo: “Resulta totalmente contradictorio que el propio Estado, que controla la regularidad de los actos de sus ciudadanos, no cumpla con obligaciones que les son propias como el cumplimiento de las leyes sobre jubilación y obra social”.
Después de esa investigación de Cambiemos, ahora es el PJ el que quiere saber cómo administró el municipio el exintendente Robles.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.