«Entendemos que debe ser desplazado del cargo», cerró su exposición el Procurador General Jorge Amílcar García en el alegato de clausura en el jury por mal desempeño al juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, bajo los cargos de violencia de género y maltrato laboral. «Entendemos que se dan las causales. Es el propio magistrado el que ha provocado su situación de mal desempeño, en una conducta pertinaz, encaminada hacia la peor de las soluciones de los conflictos que se daban en su juzgado», expresó.
La denuncia contra el magistrado se originó a partir de las presentaciones efectuadas por la secretaria del Juzgado de Paz, Deolinda Sabina Almada, y por la escribiente María Carolina Almeida, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento. Por el salón de audiencias del STJ expusieron testigos de la acusación y de la defensa entre lunes 15 y miércoles 17. Este último día, además, el juez Salem hizo su alegato de defensa, y negó todas las acusaciones en su contra.
En noviembre de 2020, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió ordenar la formación de causa contra Salem a partir de una denuncia presentada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ): entonces el magistrado quedó suspendido de sus funciones.
«El ambiente interno conflictivo del Juzgado de Paz desde la asunción de la señora secretaria por concurso y que determinan los problemas psicológicos de gravísimo estrés, tanto en ella como en la denuncia posterior de Almeida, se hallan absolutamente probados por una gran cantidad de prueba», planteó el Procurador. «El magistrado ha provocado su propia destitución en opinión del Ministerio Público Fiscal», añadió.
García planteó que el propio Salem generó el conflicto y la incordia dentro de su Juzgado desde el momento en que resuelve enviar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un informe adverso sobre la secretaria, «que no dudamos en calificar como innecesario cuando ella estaba de licencia, licencia justificada, con falsa motivación y con una finalidad aviesa que era ocultar el planteo de violencia laboral que el magistrado ya conocía». Salem, aseguró el Procurador, tenía la «voluntad expulsiva» de su secretaria y eso lo concretó con dos denuncias ante la Fiscalía contra su empleada que fueron desechadas por el Ministerio Público Fiscal. «Esas dos denuncias son archivadas en duros términos por dos fiscales de Gualeguay, y confirmadas por el fiscal de Coordinación», aseveró.
En su exposición, el Procurador anticipó que podría abrir una causa por falso testimonio a la escribiente Nerina Atum, empleada en los Tribunales de Gualeguay, que fue quien suplantó a las empleadas denunciantes que debieron pedir licencia, y que testimonió a favor de Salem. «Fue reticente en su declaración», dijo.
El defensor Ladislao Uzín Olleros rechazó las imputaciones, y dijo que “en ese afán de destituirlo han mancillado su honor, se ha dicho que la prueba que esta defensa ha aportado tiene poca entidad”. Y apuntó que el magistrado fue llevado al banquillo en base a “denuncias mitómanas”.
“Es una canallada”, respondió a los dichos del Procurador cuando habló del conocimiento del Derecho por parte de Salem, que, según testigos, copiaba y pegaba sentencias. “Esto va desnudando la mentira y la falacia que se ha montado para destituirlo y que otro ocupe el cargo”, apuntó el defensor.
Cuestionó la intervención de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial. “Estamos violentando las elementales garantías por un protocolo interno de violencia de género”, analizó. “Esto es suprimir el orden jurídico”, añadió. “Hay que hacer test a quien denuncia y a quien es denunciado para saber si la denuncia tiene visos de seriedad, y no estamos ante una mitómana”, planteó.
En su crítica al procedimiento que se llevó a cabo para suspender a Salem de su cargo, Uzín Olleros concluyó que “cualquiera el día de mañana, porque no le gustó la cara, lo va a denuncia por teléfono y ello va a motivar que lo tengamos como violento y como misógino”. En ese razonamiento, dijo: “En estas cuestiones, nuestros viejos eran más sabios. Cuando había un vecino peligroso, ¿qué hacía el juez? Mandaba a la policía a que preguntara en el barrio cómo es el vecino. Era la información sumaria que se recogía junto a las intervenciones del profesional que aportaban un elemento para ver si la persona era peligrosa. Sesenta años después, nada de eso se hace. Se condena por anticipado con una denunciad por teléfono. Revisemos estos protocolos. Esto es nada más que una denuncia artera, perversa y canalla”.
Al referirse a la denunciante Almada, el defensor habló de un «relato patético, sobreactuado».
Acusó luego a «cierto sector sensacionalista de la prensa que no ha parado de acusar a mi defendido» y del «mal ejercicio de la libertad de prensa y del uso de redes sociales». Y que opinan «sin siquiera conocer la cartulina de la causa». Y habló de «ciertos medios amarillos y ciertas redes sociales que, antes de que se constituyera el Jurado de Enjuiciamiento, ya lo han condenado».
Citó que en Gualeguay -«donde todavía se puede dejar las ventanas abiertas»- le «vandalizaron» el vehículo a la esposa del juez Salem y se hizo «una pegatina profusa de afiches por parte de colectivos que no pedían justicia sino la destitución del juez», y reprochó que «ningún medio se hizo eco de esas cosas»
Olvidó Uzín Olleros que en la tranquila Gualeguay ocurrió, en 2017, el femicidio de Micaela García.
Al finalizar su alegato, señaló: «Creemos haber demostrado la verdad y destruido la mentira, como para solicitar la absolución del doctor Salem, su reinstalación inmediata en el cargo, y el pago de salarios detraídos». Y pidió a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento que «obren en conciencia y con justicia, concediéndole la merecida absolución».
El juez Salem rehusó hablar y sólo tarificó lo dicho por su defensor.
Debate
Ahora, le tocará al Jurado de Enjuiciamiento definir si corresponde apartar al magistrado o desestimar los denuncias por mal desempeño en su función. El Jurado de Enjuiciamiento es presidido por el senador provincial Armando Gay (PJ) y está integrado por los jueces Daniel Omar Carubia, Marcela Davite, Guillermo Bonabotta, el diputado provincial Gustavo Zavallo, y los representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni.
En la apertura de las audiencias, el Procurador García resaltó que en este tipo de procesos el Ministerio Público Fiscal no está obligado a acusar. «La función del Ministerio Público Fiscal es garantizar formalmente el proceso», señaló.
Y agregó que «el hecho de que el Ministerio Público Fiscal cumpla esta función obligatoria de apertura de etapa de plenario, no implica que esté obligado a acusar».
«Van a ser las pruebas que se lleven adelante en este proceso plenario la que van a determinar que el Ministerio Público Fiscal formule la acusación o no», subrayó.
«Vamos a establecer nuestra postura en el marco de la prueba del desarrollo del plenario», finalizó.
A su tiempo, el abogado de Salem, Uzín Olleros, manifestó: «Desde la etapa sumarial de este proceso hemos sostenido la inocencia del encartado y lo vamos a seguir sosteniendo acá, aportando elementos probatorios suficientes y contundentes para demostrar que el propósito que anima a la denuncia que lo tienen sentado hoy es mendaz. Y que tampoco es una persona violenta, hostil y prodiga maltratos a sus subordinados».
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar para emitir dictamen por la absolución o la destitución de Salem.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora