El médico «provida» César Augusto Pazo expuso hoy en el recinto del Concejo Deliberante de Paraná como uno de los postulantes a ocupar el cargo de Defensor de Adultos Mayores, selección que es paralela a la elección del Defensor de Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto. Nadie lo incomodó con ninguna pregunta relativa a su pasado «carapintada» ni respecto de sus posturas en torno al debate en torno a la discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se desarrolló en 2018 en el Congreso. Pazo es un declarado antiabortista.

Pazo tiene un ecléctico pasado político. Militó en el Partido Popular de la Reconstrucción (PPR), que fundara el líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, estuvo con e bustismo, luego se alineó con el partido de Sergio Massa, el Frente Renovador, en 2015 apoyó la fórmula de Alfredo de Ángeli para la Gobernación, y de Sergio Varisco para la intendencia, y más tarde se arrimó al calor de los grupos «provida» que durante todo 2018 batallaron contra la legalización del aborto. Ahora, este cardiólogo paranaense quiere asumir como Defensor de Adultos Mayores.

Pazo expuso hoy ante los concejales sobre su idea para ejercer como Defensor de Adultos Mayores.  Habló de su proyecto de realizar “campamentos” para cambiar la motivación de los adultos mayores, y de un trayector formativo de 18 meses al cabo del cual se otorgaría el título de Ciudadano Mayor, y el trato honorífico de “Don” y “Doña”.

Después de su breve exposición, de diez minutos, llegó el turno de las preguntas. Fueron dos. El concejal Luis Díaz (Frente Renovador), lo consultó si tenía en cuenta cuáles son los derechos de los adultos mayores que hoy están vulnerados. “Yo creo que el adulto mayor tiene que volver a sentir que es una persona digna, ya sea en su seno familiar o cuando viene a hacer un trámite. Los adultos mayores no saben manejar una computadora, son más lentos, se confunden. Por eso, planteo que en los organismos públicos haya gente con ganas de ayudarlos”, dijo.

El concejal Santiago Gaitán (Paraná de Pie) lo trató de tú a tú, y aseguró que “me sorprendió que te hayas presentado. Sé de tu laburo como cardiólogo, que sos un profesional excelente. Mi pregunta es, de ser elegido, dispondrían del tiempo necesario. Se necesita bastante tiempo para esta función”.

Pazo eludió con astucia la respuesta. Y habló de lo que quiso hablar. “Mi tarea sería ponerle una impronta seria, que no sea solamente que los adultos mayores se diviertan, se rían un poquito y que después se olviden de ellos. Y sobre todo hacer hincapié en la vida digna. Nuestra Constitución dice que hay vida desde la concepción hasta la muerte. Eso puede llegar a interpretarse de manera mala, hablando de leyes que están circulando para matar a los adultos mayores. Y dentro de eso, las leyes de eutanasia. La Argentina se tiene que caracterizar, yo he militado con vos en política –dijo, refiriéndose a Gaitan-, y sabes lo que busco siempre, apoyado en eso, busco que los adultos mayores tengan vida digna”.

Nadie hizo referencia a esa causa en la Justicia que lo tuvo a maltraer a Pazo.

Su nombre quedó impreso en un expediente judicial.

El 7 de noviembre de 2018, la Fiscalía de Estado de Entre Ríos presentó el comprobante de depósito de la suma a la que lo condenó la Justicia en el marco de una causa civil iniciada por una mujer, a la que le fue negado el acceso a la práctica de un aborto no punible, fue obligada a continuar con su embarazo, dio a luz fuera de la provincia y como consecuencia sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) cuyas secuelas la acompañan de por vida.

El monto global que depositó la provincia en la Justicia es de $646.720,25, “correspondiente al pago total de capital condenado ($460.32,25) y honorarios regulados en primera y segunda instancia al doctor Martín Rodrigo Navarro ($91.750) y $41.300, respectivamente) y doctor Arsenio Aditardo Navarro en primera instancia ($18.350) y los honorarios de la Perito Médica Nadina Desiree Schumacher ($35.000)”, según el texto de la presentación que hizo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

El 10 de septiembre de 2018, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná,  con el voto del juez Oscar Benedetto, al que adhirió Eduardo Romeo Carbó, con la abstención de Graciela Aída Basaldúa, confirmó un fallo que había dictado un año atrás, el 22 de septiembre de 2017, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Martín Furman, que condenó al Estado a pagarle a MG, una mujer oriunda de María Grande, una indemnización por los daños ocasionados al negarle una práctica que había recomendado un comité de profesionales del Hospital San Roque, pero que le fue negada en el Hospital San Martín.

La Cámara Civil  consideró “reprobable y antijurídica” la actitud del Estado al haber impedido a una mujer “corregir su patología cardíaca de base y negarle la posibilidad de concretar la ligadura de trompas como medio anticonceptivo lícito sin justificación alguna, ambos derechos humanos fundamentales: al disfrute del más alto nivel posible de salud y a decidir no tener más embarazos; todo lo cual desembocó en la gravidez cuya interrupción había consentido y tampoco pudo llevar a cabo por los motivos expuestos, y en la posterior cesárea y el accidente cerebro vascular”.

En primera instancia, el juez Furman condenó al Estado a pagarle  $448.000,00 más $12.320,25 por daños y perjuicios.

El día 9 de agosto de 2011, MG fue evaluada por la médica residente Romanela Montenegro. Esa profesional solicitó una interconsulta con Cardiología. El día 10 la atiende otra residente, María Gimena Fernández, que también pidió interconsulta con Cardiología. Ese mismo día la vuelve a controlar Montenegro, y también la doctora Lucía López. Y después, la doctora María Belén Montero.Entonces, aparece la intervención del médico César Pazo, un militante pro vida que ahora se muestra junto a la Red de Familias Entrerrianas, una ONG antiaborto. En la historia clínica de MG “obra un asiento, sin fecha” de la intervención de Pazo. ¿Por qué intervino y provocó que MG no accediera al aborto recomendado por el ateneo interdisciplinario del Hospital San Roque? El juez Furman entendió que su intervención fue “por motivos ideológicos y no estrictamente médicos”.“Es importante recordar -sostiene el magistrado- que el aborto era legítimo porque se justificaba para proteger la salud y la vida de la mujer embarazada. Así, es claro que Pazo interfirió indebidamente en una decisión legítima que la paciente ya había tomado para proteger su salud y su vida, violando su derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud”-Conseguida la interrupción del aborto y de la cirugía de ligadura de trompas, MG fue devuelta al Hospital San Roque y, desde allí, derivada al Hospital Posadas, de Buenos Aires. “Entonces, es evidente que la actora sí consintió la cancelación del aborto y que ella decidió continuar con su embarazo. No fue alegado que haya viajado a la Provincia de Buenos Aires privada ilegalmente de su libertad ni que así haya estado durante su internación.

Ahora bien, ese consentimiento y esa decisión están viciadas”, dice el fallo.Para la Justicia, lo “concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV el día 2/12/2011, es decir, en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después. Y, como también dijo la experta, en las mujeres embarazadas que sufren la Tetralogía de Fallot no corregida, los cambios hemodinámicos pueden agudizarse. En otras palabras, también es posible y probable que el ACV haya sido consecuencia de no haber interrumpido el embarazo”.

Fin de las exposiciones

La legislatura de la capital entrerriana llevó adelante este miércoles la cuarta y última jornada de entrevistas personales a los aspirantes a ocupar los cargos de Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores de Paraná, de esta manera se dio por finalizada la sesión ordinaria especial convocada para tal fin.

Los postulantes que expusieron en esta oportunidad fueron: Paula Beatriz Barrios, Ligia Natalí Blanco, Mirta Lucía Pabón Morales, Lucila María Moro, Stella Maris Perrone, César Augusto Pazo y Rosana Mabel Toso.

Cabe destacar que el concursante Agustín Alberto Díaz no asistió a la entrevista, lo que significa la renuncia a la postulación al cargo de Defensor de Adultos Mayores, para el cual se había inscripto.

Las conclusiones de las entrevistas personales realizadas y el dictamen de Comisión, previsto en el artículo 3º de la ordenanza Nº 9389 (Defensor de los Derechos de las Personas Mayores), se abordarán por el Concejo en la reunión especial de acuerdo, convocada para este jueves 21 de noviembre a las 9,30.

La decisión final de los concejales para la elección de quienes ocuparán cada uno de los tres cargos concursados se dará en Sesión Especial a realizarse el día 26 de noviembre, a las 9,30, en la Sociedad Unión Árabe de Paraná, en calle España 353, donde procederá como temario único la designación del Defensor/a del Pueblo, Defensor/a del Pueblo Adjunto/a y Defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores, conforme lo dispuesto por los artículos 10º y 24º de la ordenanza 8391 y artículo 4º de la ordenanza 9389.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.