El Paraje El Quebracho, ubicado en el departamento La Paz, sobre la ruta 48, a 12 kilómetros de Santa Elena -y unos 135 de Paraná-, volvió a ser escenario de una protesta en medio de una enmarañada causa judicial en la que está involucrada la familia Etchevehere.

Ese punto incierto en el mapa del departamento La Paz se convirtió en la arena de una pelea pública y privada que aún tiene final abierto. En los Tribunales de La Paz se discutió durante más de seis horas el pedido de desalojo de sus actuales ocupantes. El juez se tomará su tiempo para decidir.

En la pelea judicial se encuentran, por un lado, Dolores Etchevehere junto al Proyecto Artigas, integrado por militantes ligados al dirigente social Juan Grabois y el abogado Facundo Taboada; y por otro, la otra parte de la familia Etchevehere, con la compañía de productores rurales de diferentes puntos de la provincia.

Casa Nueva es el nombre de la estancia en disputa. En el lugar se concentraron este miércoles una gran cantidad de productores, que llegaron enarbolando banderas de Argentina y Entre Ríos y con un reclamo: que la fuerza pública desaloje a los actuales inquilinos. «Son una patota. Vienen a usurpar campos, enviados por Juan Grabois», repitieron en la puerta de la estancia, rodeada por cientos de policías.

«Nosotros nos estamos manifestando en forma pacífica», se encargaron de aclarar en los discursos improvisados durante la tarde del miércoles. 
Desde adentro, y a través de comunicados vía Whatsapp, los integrantes del Proyecto Artigas, que encabeza Dolores Etchevehere, denuncian que están siendo hostigados por una patota al mando de Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere. Sus hermanos.

Durante la jornada, los actores de esta historia ganaron la escena con consignas contrapuestas: «¡Por tierra, techo y trabajo!», dicen de un lado, mientras hablan de desarrollar un proyecto agroecológico en la zona y restituir tierras a una escuela rural vecina; por el otro, los productores rurales agitaron banderas bajo las consignas de «defender la propiedad privada» de «los usurpadores».

Los productores demostraron su poder de movilización. Llegaron en caravana y estacionaron a la vera de la ruta. Cada productor se convirtió en una voz a favor de los intereses de una de las familias terratenientes más importantes de la provincia.

A la cabeza de la protesta se ubicaron el exministro Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos, Juan Diego y Arturo Sebastián. Los dos primeros se mostraron más accesibles con la prensa, con el fin de denunciar que se estaba ante el delito de usurpación. Dieron entrevistas a medios locales, provinciales y nacionales mientras seguían expectantes a las noticias que llegaban de la audiencia judicial en los Tribunales de La Paz.

El tercero de los hermanos eligió una actitud más belicosa. Molesto por la situación, intentó avanzar con su camioneta e ingresar a la estancia. Un grupo de policías se lo impidió, mientras algunas voces alentaban al empresario a apretar el acelerador e invitaban a otros a tomar la misma actitud.

En medio de las proclamas y gritos, la Marcha de Entre Ríos suena por alto parlante y, para los movilizados, hay una especie de gesta patriótica en marcha. «Hay que entrar y sacarlos», vocifera uno, decidido a convencer a sus compañeros.

La Policía desplegó un operativo que incluyó cientos de uniformados en el ingreso a Casa Nueva. «Sean pacientes, esperen la resolución de la Justicia», pedía el Jefe de la Departamental de Policía de La Paz, Edgardo Corona. 

Los ánimos fluctuaron durante toda la mañana y la tarde: de las ganas de ingresar por la fuerza, a la calma, y de nuevo al nerviosismo por la falta de una solución. 

En un momento, Luis Miguel Etchevehere y Juan Diego fueron convocados por los Jefes de Seguridad a cargo del operativo. El pedido fue claro: que ayuden a calmar el ánimo de los productores. Los hermanos corren la voz. Y de nuevo a esperar.

Luego, Juan Diego Etchevehere, administrador de la estancia Casa Nueva, brinda una entrevista a Entre Ríos Ahora. Habla de la denuncia por usurpación y plantea que la Justicia debe actuar con celeridad.

Consultado por la denuncia de su hermana, quien afirma que las tierras en disputa fueron adquiridas a precio vil en 2007, responde: «Eso no hay nada que lo respalde. Son dichos contra papeles o hechos concretos. Como se fue conformando la compra de tierras es con escritura pública, comprando y pagando. La prueba mata relato. Cuántas veces en Argentina hemos escuchado una construcción verbal que no está respaldado por pruebas. Si es así, que presente pruebas».

La espera se interrumpe por una noticia que parece llegar a medias desde el Juzgado de La Paz: «Cuando los abogados se van a reunir con el juez, el juez se había ido y había cerrado la sala con llave. Hubo mucha incertidumbre, fueron unos 10 o 15 minutos, pero el juez regresó y la audiencia se va a retomar. Me acaban de avisar, les pido unos minutos más de paciencia y ver cómo se resuelve esta cuestión que viene un poquito accidentada. Volvió el juez a Tribunales y se va a retomar la audiencia», comenta Luis Miguel Etchevehere pasadas las 18.

De nuevo la paciencia se agota y algunos productores vuelven a proponer entrar a la estancia y resolver el conflicto «a su manera». La espera se extiende y el sol comienza a esconderse. En los Tribunales siguen discutiendo el pedido de desalojo.

Ya en la oscuridad, los productores acuerdan designar una comisión negociadora que intenta abrir un diálogo con los integrantes del Proyecto Artigas. No hay entendimiento. 

Horas después, en medio de la noche en el Paraje El Quebracho, ya hay una certeza entre los presentes: el juez Raúl Flores no resolvió el desalojo, sino que decidió comenzar a analizar las posturas de las partes. Dará a conocer su decisión dentro del plazo de los tres días hábiles que establece el Código Procesal Penal. La fecha límite es el viernes.

Mariela Gallinger, presidenta de la Federación Agraria Filiar Crespo, anuncia el comienzo de una vigilia a través de mensajes virales: «Ahora sí estamos de vigilia, en medio del campo, en medio de la nada, frente a la entrada de Casa Nueva. No nos vamos a ir hasta que el juez defina qué hacer con esta situación. Todos los productores aquí en la oscuridad, en medio de la nada, con nuestra proveeduría que cada uno trajo, pero no nos vamos a retirar hasta que el juez de turno resuelva. Hoy el pueblo entrerriano no va aflojar, y no vamos a permitir en Entre Ríos ninguna usurpación y que se acaben las usurpaciones en toda la Argentina, y que las que hay, las resuelvan», dice su voz, que se apaga en medio de la noche.

El Proyecto Artigas hace lo propio y ve un pequeño triunfo: «Hoy la verdad venció a la mentira, la resistencia no violenta a la prepotencia de la patota, la legalidad democrática frente a la mafia enquistada. A pesar de todas sus ilegalidades y violencias, no pudieron amedrentar a Dolores ni al Proyecto Artigas; no obtuvieron su desalojo exprés porque el Juez reconoció que no había pruebas para negar el derecho de Dolores y sus compañeros a permanecer en el campo», dicen a través de un comunicado.

«Además, -agregan- nosotros estamos dispuestos al diálogo en el marco de la ley y con veeduría del Estado, no a oscuras y a punta de pistola. Queremos desarrollar en la tierra que legal y moralmente nos corresponda un proyecto agroecológico, libre de glifosato y quema de pastizales, libre de trabajo esclavo y servidumbre indigna».

Escenario de protestas

A principio de los noventa, el Paraje El Quebracho fue escenario de las protestas de los obreros del frigorífico de Santa Elena, cuando se quedaban en la calle ante el paso de la ola privatizadora menemista. Reclamaron allí por el derecho al trabajo. Nadie los escuchó.

Luego se abrió un gran paréntesis. En 2007, el Paraje volvió a ser noticia. Esta vez, por la protesta de docentes, alumnos y padres de la Escuela Agrotécnica Nº 151, que resistieron la venta de tierras a la familia Etchevehere, durante el gobierno de Jorge Busti. 

Aquella vez protestaron para que se garantice el derecho a la educación rural. A pesar de las movilizaciones, la escuela perdió terrenos y se quedó con una porción de hectáreas cerca del arroyo Feliciano y proclives a sufrir inundaciones.

En medio de esa protesta nació Casa Nueva, la estancia que la familia Etchevehere levantó sobre los terrenos del exfrigorífico de Santa Elena.

En 2010, esa misma zona también fue escenario de un intento de desalojo a los pastajeros, exobreros de la fábrica de Santa Elena cuyas tierras fueron vendidas a la Granja Tres Arroyos. Los pastajeros alegan hasta el día de hoy que tienen derechos sobre esa tierra, ya que se les dio como indemnización cuando fueron despedidos del frigorífico.

Diez años después, la zona se convierte en un nuevo punto de protesta, ya con otros actores y otros intereses.

Gonzalo Nuñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora