En la Plazoleta IV Siglos de Salta capital tiene lugar un reclamo de la comunidad Wichí Misión Chaqueña que exige una ley de educación indígena. Óhchujwenyaj Hape Lha’ Nihayaj. Eso se lee en una bandera negra con letras blancas, cuya traducción al castellano es: “Por una ley de educación indígena”.

En Salta, la segunda provincia en importancia del noroeste argentino, los Wichí reclaman desde 2007 que se cumpla con la Ley de Educación Provincial Nº 7.546,  que establece, entre otros puntos, que se garantizará el desarrollo intercultural bilingüe.

Sin embargo, desde entonces no han obtenido respuestas y ahora el reclamo va dirigido al gobierno de Juan Manuel Urtubey (PJ), candidato a presidente por Alternativa Federal, el sector que reúne a gobernadores peronistas que tienen buen diálogo con la Casa Rosada y reticentes a una alianza con la ex presidenta Cristina Kirchner.

El asunto volvió a escena hace aproximadamente 45 días atrás, antes de que culmine el año 2018. Fue cuando la comunidad pidió que la docente Anadelia Villa Fuente, de origen Wichí, sea nombrada directora de la Escuela Primaria N° 4228, de Embarcación, en el departamento San Martín. El Estado salteño cerró la puerta a esa designación.

La denegatoria llegó de parte de la ministra de Educación, Analía Berruezo; y de la ministra de Asuntos  Indígenas y Desarrollo Social, a cargo de Edith Azucena Cruz.

Además del nombramiento de una docente Wichí, exigen la promulgación de una ley de educación indígena, la oficialización de la lengua de los pueblos indígenas, la creación de un instituto de oficios y la creación de una escuela de gestión social.

Leonardo Pantoja, dirigente Wichí, explica que el reclamo comenzó en la ciudad de Embarcación, que está a 267 kilómetros de la capital salteña. Unas cuatro horas de viaje en automóvil. Ante la falta de respuestas, la protesta se trasladó a la capital el 4 de enero de este año y desde entonces mantienen un acampe en el que visibilizan la problemática a través de radios abiertas y festivales.

“Hemos venido por un compromiso de la ministra de Educación y de Asuntos Indígenas. Ellos nos dijeron que sí, que no hay problema, que la comunidad tenía que venir a Salta capital a hacer todos los papeles para entregar y llegamos aquí 70 hermanos y en la Junta Calificadora nos encontramos con otra novedad: las dos ministras no estuvieron presentes. Mandaron a un secretario, que no se puede hablar”, cuenta Pantoja.

El pedido también llegó al ministro de Derechos Humanos de Salta, Marcelo López Arias. Pero también recibieron negativas. Que la docente Wichí no cumple los requisitos, que hace falta una ley. Y más peros.

“Ellos dicen que nosotros no tenemos derechos como pueblo indígena. Nosotros no estamos integrados en parte de educación. Ellos están violando nuestros derechos, nuestros artículos que nos amparan”, protesta Pantoja, mientras mastica hojas de coca.

El gobernador Urtubey está enterado del conflicto, pero según la comunidad no ha dado respuestas. “Nosotros dejamos una carta en Gobernación y también a manos de López Arias, porque él se comprometió de hacerlo llegar al gobernador para que tengamos un diálogo. Hasta ahora no tenemos respuesta y aun esperamos diálogo con algún funcionario de alto rango”, comenta el dirigente Wichí.

A pesar de las faltas de atención oficial, la comunidad comenzó a organizarse y, junto a un grupo de abogados que prestan colaboración, redactan un proyecto de Ley de Educación Indígena, para que sea tratada por la Legislatura.

Pantoja cuestiona que el gobernador Urtubey aspire a la presidencia de la Nación, cuando en la provincia no se resuelven conflictos con la comunidad. “El gobierno está en otras partes politiqueando y no puede resolver una cosa que es para la sociedad. El gobernador no puede solucionar nuestra problemática dentro de una comunidad y menos va poder resolver dentro de la provincia o Nación. Ahora se habla que quiere ser presidente. Si no pude resolver algo de la comunidad, no tiene sentido que sea presidente”, dice.

Finalmente, señala que si el conflicto continúa trasladarán el acampe a Buenos Aires, para que de una vez por todas sean oídos.

Leco Zamora es otro referente de la comunidad Wichí. Es un crítico de toda la clase política salteña y sobre todo de los grupos que se transforman en “intermediarios” del pueblo originario. Para el dirigente, algunos sectores se acercan para sacar un rédito de la comunidad. En ese lugar ubica a las congregaciones religiosas, Ong’s y, por supuesto, los punteros políticos de diferentes partidos.

“Tenemos muchas necesidades por la falta de un buen gobierno. Por la corrupción de los funcionarios del Estado, incluso corrupción de los que trabajan en las Ong incluyendo las sectas religiosas, llámese católica o evangélica. A ellos le dan fondos para solucionar ciertos problemas y el Estado es el culpable porque no se acercan directamente a las autoridades de las comunidades para buscar la forma de solucionar. Siempre tienen intermediarios. Si no es religioso, una Ong o puntero político”, reprocha Zamora.

Zamora explica que los Wichí se encuentran geográficamente distribuidos en la provincia de Salta, Formosa, Chaco, la parte sur de Bolivia y en la costa del río Pilcomayo del lado paraguayo y en parte de Jujuy. En cuanto a la cantidad de habitantes, sospecha de las cifras del Estado y las organizaciones no gubernamentales. “El Estado nunca va a mostrar la realidad,  busca hacer que somos pocos. Siempre hablan de 45 mil o 60 mil. Algunas Ong dicen 75 mil y nosotros decimos que somos más de 100 mil”, resalta y agrega que tienen su idioma, su propia historia religiosa, un amplio conocimiento sobre las plantas y el suelo, entre otras cosas.

Sobre el reclamo puntual por una Ley de Educación Indígena, afirma que “los que no cumplen con respetar los derechos indígena es el mismo Estado, el nacional y provincial”. “El artículo 75 de la Constitución, inciso 17, habla del reconocimiento de la cultura. Significa que deben respetarnos y en la ley de educación nacional también hay una parte que habla de educación intercultural bilingüe. Nos da la posibilidad a las comunidades indígenas a tener diferentes tipos de escuelas. Ahí también últimamente que se habla de escuelas de gestión social. Nosotros tenemos el derecho de escuela social-comunitaria. Analizando la falta de compromiso de estos funcionarios decidimos quedarnos”, añade.

Por último, también dio su opinión sobre la aspiración presidencialista del gobernador Urtubey. “Pienso que cada uno tiene esa libertad y aspiraciones. El problema de la gente es que hay una gran ignorancia y fanatismo para ciertos partidos políticos.  No pueden pensar si esta gente que se candidatea para diputado, senador y presidente son aptos para gobernar”.

“Estamos en mano de partidos políticos que se adueñan de nuestros territorio, de nuestra vida y Nación. La corrupción tanto de la izquierda y derecha y el centro es lo mismo. Porque les falta espiritualidad. Que quiere decir: falta de honestidad, solidaridad, cariño, bondad. Lo que falta es más dignidad humana”, finaliza.

 

 

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.