El caso tuvo repercusión nacional.
El intendente de Larroque, un pueblo ubicado a 280 kilómetros de Paraná, Darío Benedetti (Cambiemos), decidió devolver al Ministerio del Interior de la Nación más de 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública que ejecutada por su antecesor, Raúl Riganti, del Frente para la Victoria, y financiada por el Estado nacional, y que ejecutó la firma OICSA.
La planta de OICSA, en el ingreso a San Benito.
A través del Convenio Único de Colaboración y Transferencia, el municipio devolverá esa cifra a las arcas del Estado nacional, luego de detectar un presunto sobreprecio en una obra de pavimentación.
La Nación había destinado esa cifra para terminar pagar la inversión total de 21 millones de pesos que costó la pavimentación de 14 cuadras en el pueblo de 8 mil habitantes. El municipio debía transferir ese monto a la empresa contratada, Organización Integral Constructora SA (OICSA), una constructora ubicada en el ingreso a San Benito, cuyo titular, en los papeles, es el empresario Daniel Hereñú.
En su página web institucional, Oicsa se presenta como “una empresa constructora reconocida en la Argentina, en constante expansión y crecimiento, que cuenta con tecnología de punta y mano de obra capacitada”.
Claro que el dinero no fue a parar a manos de la empresa, sino que quedó en una cuenta del municipio en el Banco Nación, mientras culminaba la auditoría para analizar los números de la gestión del intendente saliente.
El peritaje arrojó que la obra podría haber costado como máximo $ 5.4 millones, lo que determina un sobreprecio de $ 15,6 millones. La empresa ya había recibido un pago de 8,6 millones.
Daniel Hereñú.
OICSA ha sido una de las empresas más beneficiadas en los contratos de obra pública durante la gestión del exgobernador Sergio Urribarri. Incluso, formó parte del selecto club que se llevó la friolera de $38 millones por servicios prestados en la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2014.
Esos gastos ahora los investiga la Justicia para evaluar la posible comisión de algún delito.
La mayor beneficiada con los contratos de la cumbre resultó la constructora Cemyc SRL, que se alzó con $ 12.979.337,82; le siguió en la lista Antonio Caballi SA, del empresario Miguel Ángel Marizza, que se alzó con $ 12.683.198,14.
En tanto, Szczech & Szczech SA: cobró $6.88.198,97; le siguió OIC SA, que percibió $5.644.639,94.
La que menos cobró fue Luis Losi SA, donde gerencia un hermano del titular de YPF, Miguel Galuccio: apenas percibió $ 535.184,34.
Usualmente, esas empresas se conforman en pool y disputan la obra pública.
La Mutual Modelo, por ejemplo, se asoció con las constructoras Caballi SA, Sczczech y Sczczech y Cemyc SA , y proyectó la construcción de un plan de 800 viviendas repartidas entre Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito.
Ese plan, ahora, está en veremos, y las obras, paralizadas.
El jueves 23 de julio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Entre Ríos el contrato de conformación de una nueva sociedad, con sede en Concordia. Su nombre es Puerto Príncipe SA y fue aprobada su constitución por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia.
Está conformada por cuatro accionistas: la firma OICSA, con el 25% del capital social; Néstor Iván Szczech, con igual porcentaje; Caballi SA, regenteada por Miguel Ángel Marizza, con otro 25%; y Adrián Fernando Bruffal, con el restante 25%. Bruffal es presidente de la Mutual Modelo, que se asoció con Caballi, Cemyc y Sczczech en la construcción de aquellas 800 viviendas de las cuales no se tiene noticias.
Como se ve, un selecto club en el que conviven siempre los mismos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.