El exsecretario Legal de la Municipalidad de Paraná, Dante Molina, reclamó al gobierno de Sergio Varisco que invalide un decreto dictado en marzo por el cual se cambió el modo de distribución de honorarios que perciben los abogados de la comuna en los pleitos con terceros.
Lo curioso es que el reclamo de Molina, sobrino de la exintendenta Blanca Osuna, apunta a resguardar su patrimonio, ya que siendo funcionario también participó del sistema de distribución de honorarios, y por tanto tiene cuentas por cobrar en el gobierno de la ciudad aún cuando ya no esté en la función.
¿Y por qué reclama ahora, ya afuera de la función pública? Porque su tía, la exjefa comunal, dispuso un sistema de redistribución de honorarios que nunca se instrumentó, y por eso los recursos, que debieron repartirse entre letrados y personal de planta, quedó depositada en una partida extrapresupuestaria. Y, al parecer, ni siquiera el sobrino de la exintendenta pudo hacerse con sus honorarios.
Dante Molina.
Enterado del dictado del decreto Nº 547/16, Molina acudió con una presentación dirigida a Varisco en la que dice que ese decreto “implementa un regimen de percepción y distribución de honorarios en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica de la Fiscalía Municipal de la Municipalidad de Paraná, el cual, de acuerdo a su contenido y de ser plasmada la forma en que allí se manda a dividir lo recaudado en concepto de honorarios, no sólo se violentarían políticas sociales de suma importancia sino que, además, mis derechos sobre los mismos, ya que en mi carácter de apoderado de la Municipalidad de Paraná se me regularon honorarios en numerosos juicios y que, abonados por la contraparte, se encuentran depositados en la cuenta extrapresupuestaria de ese municipio”.
“En tal sentido –alerta Molina–, solicito que se abstenga de realizar cualquier acto de disposición de tales emolumentos, toda vez que cualquier disposición que se dicte sobre la distribución de los mismos no podrá tener efecto retroactivo sobre los honorarios percibidos y los ya regulados”.
En realidad, durante la gestión de Blanca Osuna se modificó el sistema de distribución de honorarios a los abogados del municipio, lo que derivó en una presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de una letrada, María Eugenia Cánepa, que se sintió afectada por la medida. La Justicia le dio la razón.
Un fallo firmado por la jueza Marina Barbagelata decretó inconstitucionales los artículo 1º y 2º del decreto Nº 823, dictado por Blanca, y restituyó la mecánica de distribución de honorarios tal como lo había dispuesto el exintendente José Carlos Halle.
A través de un decreto -el 1.749 emitido en 2008-, se fijó un sistema de distribución de honorarios entre los empleados a cargo del trabajo (profesionales y administrativos) y se destinaba una parte para costear gastos de las áreas intervinientes. Esa modalidad, organizada mediante una cuenta extrapresupuestaria del Municipio a la que iban a parar los honorarios abonados por los contribuyentes y desde donde se emitían pagos semestrales por recibo de sueldo a los empleados de las áreas en cuestión, fue interrumpida con la llegada del gobierno de Blanca Osuna.
Blanca y su sobrino.
A través del decreto 823, del 28 de mayo de 2012, la gestión municipal derogó el decreto 1.749 de 2008 y dispuso que “todos los honorarios regulados o establecidos, judicial o extrajudicialmente o provenientes de la suscripción de convenios de pago realizados con los contribuyentes, a favor de los profesionales que intervienen en juicios en defensa de los derechos e intereses municipales, que se encuentran depositados y que se depositen en adelante en la cuenta extrapresupuestaria correspondiente, continuarán en dicha cuenta hasta que el Ejecutivo considere su utilización”.
En 2014, los empleados advirtieron que el Ejecutivo aún no había decidido el destino del dinero, que en ese momento se calculó que rondaba los 3 millones de pesos, y pidieron públicamente tener datos certeros de la cuenta y la cifra. Con ese reclamo, integrantes de las áreas involucradas, entre las que figuraban las direcciones de Apremios y Procesos Judiciales, mantuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría Legal y Administrativa, y elevaron por expediente una propuesta de distribución a la Intendenta.
Quizás en respuesta a esa demanda, el 27 de octubre de 2014, el gobierno municipal emitió el decreto 2.419, a través del que establecía un sistema de distribución de los honorarios, tanto de los existentes depositados en una cuenta extrapresupuestaria como los por venir. Amplió el monto destinado a afrontar gastos de las dependencias municipales a cargo del trabajo, en el ámbito de la Secretaría Legal y Administrativa, y definió una tabla de asignación del resto. Para los gastos de funcionamiento asignó el 40%, el 20% a Programas y/o Jardines Maternales y/o Centros de Salud Municipales que el Ejecutivo determine en cada caso y el 40% restante, a agentes administrativos, procuradores y profesionales abogados con prestación efectiva en las áreas de incumbencia. Para este último punto, fijó también porcentajes.
Fundamentó la distribución de los montos acumulados en lo establecido por la Procuración del Tesoro de la Nación: “Independientemente del derecho que se reconoce al abogado de percibir los honorarios cuando las costas son a cargo de la contraparte, la Administración representada se encuentra facultada a reglar su forma de percepción y su distribución ulterior entre los distintos agentes letrados y no letrados que integran la asesoría jurídica de que se trate”. Además, resaltaba que el abogado que trabaja en relación de dependencia del Estado Municipal recibe la colaboración de otros empleados, profesionales y administrativos, y cuenta con una infraestructura para trabajar (oficinas, material bibliográfico, entre otros), por lo que se imponían los principios de equidad y justicia.
Pero el problema es que el decreto 2.419.
Y Dante Molina, sobrino de Blanca, responsable de los cambios en los sistemas de distribución de honorarios, al parecer, quedó con cuentas por cobrar, y ahora, alertado del nuevo cambio que impuso Varisco, se sintió afectado en su patrimonio.
Y quiere que de aquella cuenta con fondos extrapresupuestarios que su tía creó conformada por los pagos de honorarios se reserve una parte para poder cobrar su parte
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.