El viernes 2 de noviembre, la Policía de Entre Ríos realizó una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga los contratos truchos de la Legislatura. El procedimiento fue a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que dirige la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche.

Los allanados, entonces, fueron los domicilios de Sergio Cardoso, titular del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados; Alejandro Almada, empleado de la Cámara Baja, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez secretario del bloque de senadores del PJ y cuñado del exgobernador y actual diputado Sergio Urribarri; su novia Micaela Banegas; y sus padres.

En el domicilio de estos últimos, los uniformados hallaron un arma calibre 9 milímetros,  sin la documentación correspondiente. Por esa situación, se procedió al inmediato arresto del padre de los hermanos Almada, el comisario retirado Héctor ‘Pitín’ Almada. Este es suegro de Juan Pablo Aguilera, quien está casado con Belén Almada.

De inmediato, se le abrió una causa por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, en los términos del artículo 189 del Código Penal, que establece que la simple tenencia para uso civil, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de 6 meses a 2 años y multa de entre $ 1.000 a $ 10.000.

El exfuncionario policial estuvo detenido un par de horas, pero fue liberado tras el pago de una fianza. La investigación quedó a cargo del fiscal Martín Wasinger.

Consultado por Entre Ríos Ahora, el fiscal señaló que el viernes último la Jefatura de Policía de Entre Ríos acreditó que le otorgó dicha arma de fuego al retirado comisario.

“Acreditaron desde la Jefatura que fue un arma que le fue entregada en conformidad con un artículo para el personal de retiro de alta jerarquía”, señaló y agregó que debido a esa presentación no se le recibió declaración de imputado.

Según explicó, el artículo al que alude el escrito de la Jefatura de Policía de Entre Ríos es el Nº 15, del Reglamento General de la Policía de la provincia (Ley Nº 5654). Allí se establece que “el personal policial en situación de retiro estará facultado a portar armas adecuadas a su defensa, sea que las mismas le sean provistas por la Repartición o adquiridas de su peculio”.

El artículo completo, dice: “El personal con Estado Policial, perteneciente a los Cuerpos de Seguridad y Técnico, está obligado en todo momento y lugar a portar armas conforme a las normas que se impartan. El personal policial en situación de retiro estará facultado a portar armas adecuadas a su defensa, sea que las mismas le sean provistas por la Repartición o adquiridas de su peculio”.

En ese sentido, indicó que si bien en el momento del allanamiento Almada no poseía documentación que acreditara la posesión del arma, la documentación que se incorporó al expediente podría ser suficiente para enviar al archivo la causa.

“De corroborar la veracidad de la documentación estaríamos archivando la causa por no haber delito”, dijo Wasinger.

Almada, alias ‘Pitin’, es un ex policía que fue exonerado en 1992 –mediante el decreto Nº 196/92- , cuando gobernaba Mario Moine y Hernán Orduna era el vicegobernador. Entonces se lo separó de la fuerza “por dos graves causas judiciales que terminaron condenándolo a prisión”, según reveló el periodista Daniel Enz, de la revista “Análisis”, en una nota publicada el 17 de marzo de 2016.

A Almada se le achacó su rol en la fuga del ex policía Carlos Balla, quien fuera condenado por el secuestro y asesinato del escribano Rubén Calero, hecho ocurrido en 1991. Almada fue exonerado al año siguiente. Sin embargo, en 2007 el entonces gobernador Jorge Busti lo reintegró a la fuerza y lo ascendió al grado de comisario general. El decreto quedó registrado bajo el número 4444, del 23 de agosto de 2007.

Las causas del hijo Almada

En la Justicia Federal sigue abierta la investigación que se inició contra el empleado de la Cámara de Diputados, Alejandro Almada, hijo del excomisario, a quien la Policía le secuestró $374 mil a mediados de enero, en un operativo que se realizó cerca del Acceso Norte a Paraná.

La causa está en manos del fiscal federal Mario Silva, quien investiga si Almada infringió el artículo 303 del Código Penal, que pena el delito de lavado de dinero.

Además, el empleado de la Legislatura será llevado a juicio en julio de 2019 en la causa en la que se investigó la distribución irregular de $24 millones de pesos en concepto de publicidad callejera entre 2010 y 2015.

Y es que Almada hijo figura como socio de la empresa Next SRL, que la fiscalía considera que pertenece a ‘Juampi’ Aguilera, cuñado de Urribarri. En este caso también están imputados por supuesto fraude a la Administración Pública los demás socios de las firmas Tep SRL y Next SRL, a saber: Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada (hermana de Alejandro); y la contadora Corina Cargnel. Otros empresarios acusados es Hugo Fernando Montañana. En tanto, el empresario Jesús José María Bustamante admitió el pago de coimas en un juicio abreviado.

Los principales imputados del caso son el exgobernador Urribarri; Pedro Báez, ex ministro de Cultura y actual diputado peronista; y Gustavo Tamay, quien fuera Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del Ministerio de Cultura.

Aguilera y Belén Almada, con probation por un arma ilegal

El 13 de junio el secretario del bloque del Frente para la Victoria del Senado, Juan Pablo Aguilera, y su mujer Luciana Belén Almada, hija del excomisario, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal por la tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Por ello, el juez de Garantías Elvio Garzón dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año. Así, le impuso al cuñado de Urribarri y su pareja cumplir 96 horas de trabajo comunitario y abonar una multa de $4.000 cada uno por el delito de tenencia ilegítima de un arma calibre 22.

 

 

 

Gonzalo Núñez

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.