El juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió hoy elevar a juicio la causa que investiga la supuesta comisión de delitos por parte del intendente de Paraná, Sergio Varisco, en la tramitación de un adelanto financiero a la Mutual Modelo, que se comenzó  en el verano de 2016 pero que finalmente no se concretó.

El magistrado rechazó de ese modo el planteo de los defensores, y sostuvo que «sería apresurado dictar el sobreseimiento cuando hay elementos de convicción sobre la punibilidad de los acusados».

En la etapa del juicio oral, declararán como testigos, entre otros, el diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ), el dirigente de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) Pedro Comas, el exdiputado provincial Hugo Vásquez; el contador general de la Municipalidad, Eduardo Campdesuñe; y Cristina Ruberto, secretaria de Hacienda.

 

Varisco está acusado por el Ministerio Público Fiscal por ser autor de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, en tanto que el asesor legal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo, están involucrados como partícipes primarios.

La audiencia de remisión a juicio había quedado en compás de espera desde el último 13 de septiembre. Entonces hubo un cruce de planteos, el principal, la exclusión como querellante particular del diputado provincial Gustavo Guzmán (PJ). A esa petición el juez Bonazzola hizo lugar y el legislador quedó apartado como querellante.

Los defensores de Varisco y Rolandelli son los abogados Rubén Pagliotto y Damián Petenatti, y de Picazzo, Miguel Cullen y Emilio Fouces, .

 

La fiscal Patricia Yedro consideró que se cumplieron todas las etapas procesales como para solicitar la remisión de la causa a juicio oral, con la acusación a Varisco, Rolandelli y Picazzo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública. Dijo que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la Mutual Modelo cuando el 22 de enero de 2016 pidió al Intendente un adelanto financiero de $1,5 millones para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba. La Mutual Modelo tiene entre sus clientes cautivos a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual.

Yedro destacó principalmente las “observaciones” que efectuó el contador general de la Municipalidad de Paraná –designado en 2015,  durante la intendencia de Blanca Osuna-, Eduardo Campdesuñe, lo que derivó en la anulación del primer trámite y la presentación de un nuevo pedido por parte de la Mutual Modelo el 28 de enero. El dinero nunca fue entregado a la Mutual, y el trámite fue rechazado en julio de 2017, luego de que se presentara la denuncia penal en la Justicia.

Yedro dijo que no estaba dentro de las facultades del intendente disponer de esos fondos públicos, ya que estaría vedado por la Ley Orgánica de los Municipios. En respuesta, la defensa le hizo notar que ese tipo de auxilios financieros a las mutuales comenzó durante la gestión del exintendente José Carlos Halle. Y que nunca fue observado, ni siquiera por el ahora juez de juicios Alejandro Cánepa, que fue asesor legal durante la intendencia de Halle, y que antes de asumir como magistrado fue miembro del Ministerio Público Fiscal.

 

 

 

 

El defensor Fouces hizo notar en la primera audiencia de remisión a juicio que «la Mutual Modelo no es la única. Son varias. No tiene un convenio particular con el intendente. Existen reglamentaciones, ordenanzas que regulan este funcionamiento de las mutuales dentro del municipio. El municipio asume el carácter de agente de retención por los préstamos que reciben los empleados municipales. El municipio, en el momento que le retiene a los agentes para luego ser abonado a las mutuales, pasa a ser deudor de las mutuales porque es agente de retención. La Fiscalía habla de adelanto y préstamo. Y en realidad, cuando se da el pedido de adelanto, la Mutual Modelo era acreedora por casi 6 millones de la Municipalidad. No existió perjuicio económico para el municipio”, aseguró.

Miguel Cullen observó la falta de claridad en el hecho imputado, y por eso hizo el planteo de nulidad del proceso. Apuntó que la Mutual Modelo pidió un adelanto financiero, y que el acto de peticionar no puede convertirse en delito por cuanto en ese caso se vulnerarían garantías constitucionales. “Cómo me defiendo en esta proceso si el hecho se imputó es haber hecho una presentación, haber firmado un convenio, todas cuestiones que son legítimas y válidas. ¿Dónde está lo ilegal?”, preguntó.

Pero se detuvo en un punto: los dos delitos por los que acusó la Fiscalía, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la Administración Pública, “son contrapuestos”.

“Es un planteo ezquizofrénico: pedimos el sobreseimiento sobre delitos contrapuestos”, observó.

Rubén Pagliotto también pidió la nulidad de la remisión a juicio por cuanto, aseveró, “ejercemos una defensa en las sombras: uno no sabe de qué defenderse”.

Luego, hizo un fuerte reproche a la Procuración: “No hay política criminal. Los fiscales trabajan a 200 por hora, bajo la abominable teoría de que la Fiscalía tiene que acusar. Eso es mentira. El deber primario del Ministerio Público Fiscal no es acusar. La cuestión primaria es investigar. Y si al final hay mérito para sentar a alguien en un juicio, ahí recién se habilita la imputación y la acusación”

Reprochó que la Fiscalía no haya observado el mismo delito en las mismas operaciones que hubo durante las gestiones de los exintendentes José Carlos Halle y Blanca Osuna. “¿Cuál es el criterio de selección? “, planteó.