La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos ya comenzó a recibir consultas de parte de sus asociados, interesados en analizar la posibilidad de acudir a la Justicia una vez que la denominada ley de emergencia social sea sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, activos y pasivos, no ven con buenos ojos la iniciativa que este miércoles tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, y que en su artículo 10° determina que durante la vigencia de la emergencia, hasta junio de 2021, “queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren”.
En la práctica, supone la suspensión de la aplicación de Ley N° 10.068, también conocida como Ley de Enganche, que fue aprobada en 2011 y posibilita que los aumentos para los empleados judiciales entrerrianos sean de igual porcentaje a los otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La emergencia que tramita en la Legislatura establece que toda discusión salarial se hará en el ámbito del Poder Ejecutivo, y para los tres poderes.
Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, entiende que ese cambio supone una afectación de la independencia del Poder Judicial. Y por eso empezaron a recabar la opinión de constitucionalistas para decidir los pasos a seguir, aunque admite que ya hubo asociados que han averiguado de la posibilidad de iniciar demandas en la Justicia.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos ya comenzó a recibir consultas de parte de sus asociados, interesados en analizar la posibilidad de acudir a la Justicia una vez que la denominada ley de emergencia social sea sancionada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, activos y pasivos, no ven con buenos ojos la iniciativa que este miércoles tuvo media sanción de la Cámara de Diputados, y que en su artículo 10° determina que durante la vigencia de la emergencia, hasta junio de 2021, “queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres poderes del Estado Provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren”.
En la práctica, supone la suspensión de la aplicación
“Si bien no lo dice expresamente. No dice que se suspende la Ley de Enganche, indirectamente están dejando sin efecto esa ley. La suspenden. Y dispone que nuestras remuneraciones se van a actualizar con índices de la paritaria de la Provincia. Eso es lo que nos genera más preocupación, mucho más que el aumento de los porcentajes de aporte a la Caja o los recorte en los haberes”, señaló.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, sostuvo que “más allá todo lo demás, lo que más preocupa y nos movilizó y nos alteró desde el viernes, ha sido el tema de nuestra ley, qué va a pasar con la Ley de Enganche. Esto es una herramienta fundamental, y no es solamente para la Justicia, sino para la ciudadanía, que así tiene garantía de un Poder Judicial con independencia, que no tiene que ir a discutir salarios con el Gobernador. Nosotros no tenemos gremio”.
López Arango aseguró: “Yo presidenta Asociación de la Magistratura; no discuto paritaria. ¿Quién se va a sentar en esa paritaria por nosotros?”.
La dirigente señaló que desde 2011, cuando hubo un acuerdo en el gobierno de Sergio Urribarri que después derivó en la Ley de Enganche, no se han registrado conflictos salariales en la Justicia.
Ahora, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial están procurando ser recibidos por el gobernador Gustavo Bordet para plantearle sus observaciones a la emergencia.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos gestionó una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet para dialogar sobre el proyecto de ley de emergencia y, según dijeron, transmitir los motivos por los cuales se opone, entre ellos «la vulneración de los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial».
“Pedimos audiencia con el gobernador Gustavo Bordet y se nos informó que nos recibiría la ministra de Gobierno, Rosario Romero, pero hasta el momento no hemos sido convocados”, dijo la presidenta de la entidad, Gabriela López Arango, al tiempo que indicó que, “junto a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), nos oponemos a este proyecto de ley que, en forma unilateral, se lleva adelante para ajustar los bolsillos de los activos y pasivos entrerrianos”.
Asambleas virtuales
Además, se informó que en las últimas horas, el Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura organizó asambleas por zonas, a través de la plataforma Zoom, a fin de dar a conocer todas las acciones encaradas ante el envío a la legislatura del proyecto de ley de emergencia por parte del gobierno provincial.
El rechazo fue unánime, destacándose la preocupación de asociados y asociadas de distintos lugares de la provincia porque con esa iniciativa “se ataca derechos constitucionales no sólo de los judiciales, sino de todos los ciudadanos”. Asimismo, transmitieron la necesidad de solicitar a las autoridades gubernamentales, información sobre los gastos y fondos de la provincia.
Finalmente, acordaron que, en caso de ser aprobado el proyecto de ley, analizarán la posibilidad de accionar judicialmente.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.