El proyecto de Ley de Emergencia Solidaria del gobernador Gustavo Bordet superó la primera etapa, la Cámara de Diputados, y ya pasó al Senado para su sanción definitiva.

La iniciativa dispone un aumento progresivo de los aportes personales para trabajadores, funcionarios, legisladores y jubilados que cobren más de 75 mil pesos a fin de sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones; y también prevé que los propietarios de campos de más de 1.000 hectáreas, los bancos y las entidades financieras paguen una contribución especial.

Este miércoles, los diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron con dureza durante el tratamiento del proyecto. Pese a que la sesión se realizó a través de videoconferencia, los cruces tuvieron el mismo tono de los que se solía ver en el recinto antes de la pandemia.

A grandes rasgos, los argumentos de los bloques pueden dividirse en dos: por un lado, el oficialismo defendió el proyecto como necesario en el marco de la pandemia y para sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones; mientras que los diputados radicales y PRO denunciaron un “ajuste” y consideraron que la actual crisis financiera es también consecuencia de los últimos 16 años de gobierno del PJ.

Presentación

El encargado de presentar el proyecto fue el presidente de la Cámara Baja, Ángel Giano, quien desde una banca en el recinto casi vacío, fundamentó que la iniciativa busca “el normal funcionamiento de la administración y hacer frente a esta crisis sanitaria histórica, inédita e inesperada, garantizando los servicios esenciales que el Estado entrerriano tiene que cumplir”.

Además, señaló que tiene como finalidad “lograr la sustentabilidad de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones” y resaltó que la emergencia es “temporaria” y que finalizará el 30 de junio de 2021.

“A la Ley la podemos dividir en tres aspectos fundamentales: uno referido al fortalecimiento y sustentabilidad de la Caja, a través de aportes o contribuciones tanto del personal en actividad como pasivo; aporte solidario que será mientras se mantenga la emergencia. Es una ley transitoria, extraordinaria y tiene fines públicos claramente reconocidos, en su texto pero también en la realidad que es la única verdad”, explicó.

Enseguida, refirió que el espíritu de la Ley es que “quienes más dinero han ganado más aporten y que sean beneficiados los sectores de menores recursos”.

“Se pretende aumentar la base imponible a las entidades financieras para que aporten o tributen el ingreso bruto sin deducción alguna, como hoy lo están haciendo. Equiparando a provincia como Santa Fe y Córdoba. Es decir, vamos a aumentar la recaudación de un sector de la que últimamente más ganancias ha obtenidos”, señaló luego.

“Hablar de ley de emergencia no es agradable. Entendemos la posición de los compañeros de los gremios. Pero son medidas transitorias, terminan en junio del año que viene; son progresivas,  ya que al 85 no le impacta; del 15% restante, la mayoría son funcionarios o funcionarias. Los salarios más altos, funcionarios, legisladores, jueces, son los que más aportarán. Es una emergencia solidaria”, argumentó.

Críticos y defensores

 El primero de los opositores que habló fue el radical Gustavo Cusinato, quien dijo que la crisis no es nueva en Entre Ríos y que se agravó durante la pandemia. “No la denominaría una ley de emergencia, sino una de agotamiento de modelo estructural de gestión, que hace 16 años gobierna el mismo partido”, dijo y agregó: “Esto es un plan de ajuste”.

A su tiempo, el macrista Nicolás Mattiauda sostuvo que “esta Ley deja al descubierto la grave situación de las finanzas de la provincia y es una ley que recorta derechos”.

“Lamentamos que el Poder Ejecutivo se haya aprovechado para en forma inconsulta para avanzar con este proyecto. El gobernador ha dilapidado parte de su prestigio como dirigente político, ya que cambió su perfil: ha pasado del consenso y el diálogo al autoritarismo”, reprochó.

Asimismo, dijo que “esta es una ley de ajuste y de rebajas; es un parche que no resuelve el problema estructural. Estos $2.200 millones que se pretenden recaudar no resuelven el déficit de este primer cuatrimestre”.

Tras ello, el diputado peronista Néstor Loggio le respondió que nadie “en su sano juicio puede pensar que no estamos en emergencia” y consideró  lógico que se realice un esfuerzo de los sectores que más ganan. 

“Se dijo que el gobernador no administra bien, sin embargo, en un proceso de estanflación el gobernador acordó paritaria con los trabajadores por encima de la inflación. En ese mismo proceso logró disminuir la plantilla de empleados públicos en 3.500  agentes”, valoró.

La diputada radical Gracia Jaroslavsky fue otra de las voces opositoras más vehementes. “Ustedes hablan de un aporte solidario y la solidaridad que tiene que tener la gente para con el Estado. Y en esta situación complicada en la que nos encontramos la solidaridad debe ser del Estado para con la gente”, reflexionó.

Y agregó: “En este momento no se le puede pedir esfuerzo a ninguno de los sectores, salvo a aquellos que tienen sobrados recursos”.

Más adelante, marcó que el modo en que se presentó el proyecto no se condice con el consenso y diálogo con la oposición que destacó el gobernador en su discurso ante la Asamblea Legislativa, a principios de año. “Me enamoré de ese hombre; me pareció un tipo que tiene un grado de conciencia completamente diferente al que nos está mostrando hoy”, manifestó.

Al finalizar, expresó que con este proyecto de emergencia “se está empujando a la pobreza a la poca clase media que tenemos”.

La diputada peronista Estefanía Cora también salió en defensa del proyecto y le recordó a los opositores medidas del gobierno de Mauricio Macri. “Pareciera que luego de cuatro años han pasado por una de las cabinas sanitizantes del Covid-19 y no recuerdan nada”, chicaneó de entrada.

Enseguida, recordó que el gobierno nacional de Cambiemos rebajó a secretarías al Ministerio de Salud de la Nación y el de Trabajo. “Los responsables de haber sacado la inversión del Estado en Ciencia y Tecnología no somos los representantes del bloque Creer”, planteó.

Luego se sucedieron varias voces opositoras al proyecto: hablaron Jorge Satto, Uriel Brupbacher, Manuel Troncoso, Julián Maneiro, Esteban Vitor y Eduardo Solari.

El macrista Vitor dirigió su discurso al gobernador Bordet. «Usted hizo responsable al gobierno de Macri y habló de un desajuste de 4.000 millones de pesos. Recuerde que cuando usted asumió no había dinero para pagar el aguinaldo ni los sueldos y recurrió al ministro Frigerio y al presidente Macri.  Pidió, además adelantos de coparticipación del 2016 al 2019 como los 23.500 millones para pagar sueldos y jubilaciones en tiempo y forma. También llegaron otros 1.500 millones de pesos y se les restituyó a todos los entrerrianos el 15% de coparticipación que el gobierno anterior (de Cristina Kirchner) no le había pagado un solo peso y sólo de eso recibió 15.000 millones más», detalló Vitor. 

Y añadió: «Respecto a los jubilados justamente un gobierno insensible, como se dijo acá, ayudó con 8.000 millones de pesos a paliar el déficit de la Caja de jubilaciones, también se recibieron otras ayudas para hacer un total de 29.000 millones de pesos en total, aparte de lo que viene por los cánones normales y hay que mencionar también los 17.000 millones de pesos en obras del gobierno nacional en Entre Ríos».

La última palabra fue para el peronista Julio Solanas, que defendió el proyecto de emergencia. “Es lamentable que la oposición haya puesto la mirada en atacar y no preocuparnos por esta situación absolutamente no querida y que ha generado una enorme zozobra en todos los niveles de la provincia”, planteó.

Luego ocupó gran parte de su tiempo en responderle al diputado Vitor, quien había resaltado que durante la gestión de Macri el gobernador Bordet recibió fondos y obras. “Se dejaron muchas obras inconclusas en los municipios. Las que empezaron no las concluyeron”, y recordó las obras pendientes en jardines maternales, en la zona del barrio Gaucho Rivero en Paraná, y hasta el promocionado puente Santa Fe-Paraná. 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora