«En la ciudad de Concordia, a los 28 días del mes de marzo de 2018, en mi caracter de representante de la Dirección Departamental de Escuelas, y conforme las facultades al especto que surgen de la normativa vigente, me constituyo en el Establecimiento Educativo N° 2 Almfuerte, sito en Urquiza 272, se requiere la exhibición de los registros de asistencia de los días 5, 6, 23, 26/3/18».

El acta fue labrada por la directora departamental de Educación de Concordia, Griselda di Lello, y es parte de la nueva modalidad que adoptó el Consejo General de Educación (CGE); dejar en poder de los referentes territoriales el control de asistencia de los docentes y establecer el nivel de ausentismo por adhesión a las medidas de fuerza. El control llega con una advertencia: el director o rector de escuela que retacee información incurrirá en «incumplimiento a los deberes que como director tiene a su cargo como parte de la coordinación y dinamización de la gestión administrativa del establecimiento».

Si el directivo persiste en la negativa, se le impone un plazo de dos días hábiles para que recapacite , «bajo apercibimiento de considerar su comportamiento reticente un incumplimiento de sus funciones propias, pasible de sanción».

La medida oficial ya produjo reacciones.

La agrupación sindical Colectivo de Trabajadores de la Educación señaló: «Lejos de amedrentarnos, los trabajadores tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos como tales. Hacemos un llamamiento al conjunto general de los compañeros a tomar partida sobre lo que está pasando. A analizar este conflicto y a tomar cartas sobre el asunto, porque es nuestro asunto, nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo y de vida. Urge organizarnos conscientemente ante este panorama en torno a un plan de lucha».

También se pronunció la seccional Concordia de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que repudió «el itinerario persecutorio ejecutado» por la directora departamental de Educación. «Este accionar nefasto no tiene otro fin que intentar quebrar la lucha legítima docente», señaló el gremio.

«No es de extrañar este accionar de contralor burocrático en una persona que días atrás desnudó sus matrices autoritarias a través de la viralización de un audio», recordó Agmer Concordia.

La referencia es a un audio que se viralizó a comenzos de mes, en el que Di Lello se dirige en muy malos términos a los docentes de la Escuela N° 1 Vélez Sarsfield, a los que conmina a no hacer medidas de fuerza so pena de ser sometidos a un proceso de sumario.

Di Lello se dirige al supervisor de la Escuela Vélez Sarsfield, Marcelo Tischler, a quien envía un audio de whatsapp de tono muy virulento, por el reclamo de la escuela ante la falta del personal necesario para dar inicio al ciclo lectivo 2018.

Los reta, y advierte que “las clases empiezan igual, porque yo les voy a hacer un sumario si me suspenden las clases en la Vélez Sarsfield, así nomás te digo. Ahora, le estaremos mandando el ordenanza, pero que no empiecen a apretar porque yo inicio sumario al que no me empiece las clases este año, así concretito y al pie te lo digo.Es un disparate que quieran suspender las clases porque tienen problemas de ordenanza. Atrevidos son!”.

Un año atrás había ganado consideración pública la funcionaria por otro enfrentamiento con los docentes.

Los controles de ausentismo docente se basan en la resolución N° 2.565 que aprobó el denominado Manual de funciones para informar novedades de los establecimientos educativos, en 2008. Se trata de una guía cuyo objetivo “es establecer las distintas tareas que se deberán cumplimentar para poder informar correctamente las novedades que puedan originarse en un establecimiento educativo”.

Tres son objetivos que deben cumplir los directores de escuela: informar sobre reclamos respecto de liquidaciones de sueldos por parte de los maestros; dar cuenta de los gastos de traslado; y, por último, “informar novedades docentes”.

El director de escuela, así, está obligado a informar qué docente concurre a trabajar y cuál no. De ese modo funciona el descuento de los días de paro, que prevé la circular N° 30 dictada por el exgobernador Jorge Busti en 2007, y que ordenó a los servicios administrativos contable de la Administración Pública sólo abonar los salarios a los agentes estatales por los días efectivamente trabajados. Es decir, no pagar por las jornadas no trabajadas.

Esa circular cobró vigencia a través del decreto Nº 4.940, del 22 de agosto de 2008, que estableció que el Ejecutivo podía tomarse hasta diez días para abonar los salarios a los activos, y hasta 20 días para los pasivos. El artículo 4° de ese decreto “ratificó” la vigencia de la circular N° 30 dictada por Busti.

En 2017, Di Lello observó incumplimientos en los directivos a esa normaiva. “Quien va a trabajar tiene tanto derecho como el que no va a trabajar, y va a querer cobrar y va a querer estar, figurar en su planilla”, dijo la funcionaria. Al respecto, llamó a respetar “los derechos de los niños a estar en las escuelas, de las personas que hacen paro y de las que no hacen paro. Tenemos que hablar del derecho de todos”, afirmó.

Ahora, la titular del Consejo de Educación, Marta Landó, dejó en manos de los directores departamentales de Educación el control sobre los directivos de las escuelas.

“Por la presente se encomienda a los Directores Departamentales de Escuelas, como máximas Autoridades Educativas en cada Departamento de la Provincia, que arbitren las medidas necesarias que garanticen la carga en tiempo y forma de los trámites que reflejen la adhesión del personal bajo su órbita a las medidas de fuerza adoptadas por Asociaciones Gremiales”, dice el texto de la circular que firmó Marta Landó, presidenta del Consejo de Educación.

El control de ausentismo -y la decisión de descontar los días de paro- se da en el marco de una agudización del conflicto: el martes 27 el Gobierno resolvió retrotraer la oferta salarial para 2018 al 22 de febrero, y presentar una propuesta de aumento del 15%, en tres tramos, y retirar la última, del 17%, en dos tramos. La decisión se adoptó tras  las insistentes negativas del principal gremio, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), a aceptar la suba salarial y dar por concluido el conflicto.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre  Ríos Ahora.