Las causas por corrupción están avanzando en la Justicia.

Ya fueron condenados el exvicegobernador peronista Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Re por el desvío de unos 6 millones de dólares en el Senado.

También el extitular de la Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, terminó en prisión luego de haber aceptado una condena en juicio abreviado.

Por delante, quedan varias causas que alcanzan al exgobernador Sergio Urribarri y a buena parte de su gabinete.

Este lunes, a las 9, empieza el juicio oral al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad, Jorge Rodriguez.

Rodriguez se sentará en el banquillo de los acusados desde este lunes 14, acusado del delito de peculado: esto es, distraer fondos públicos del Estado provincial para otros quehaceres

Lo juzgará un tribunal conformado por los camaristas Gervasio Pablo Labriola, Gustavo Román Pimentel y Daniel Julián Antonio Malatesta. Las audiencias se desarrollarán durante los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 28 de mayo en los Tribunales de Paraná.

Junto a  Rodríguez, también estarán en el banquillo Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y ex director de esa área, respectivamente.

Rodríguez, Kemerer y Heyde están acusados de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de una escuela con contenidos de formación vial y la cesión por 20 años de un terreno  para su funcionamiento. La escuela creada por la gestión de Rodríguez, en 2014, es la Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, de nivel primario, y se encuentra ubicada en un predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad, en calle Brasil Nº 1050, en Paraná.

La causa se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”.

Las fiscales Patricia Yedro y Carolina Castagno acusan a los funcionarios de haber utilizado fondos de Vialidad para la construcción de la Escuela Privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014, apartándose de las funciones que establece la Ley de creación de Vialidad, Nº 2.936.

Toman como prueba un informe de la asesora jurídica del Tribunal de Cuentas, Nanci Vinagre, emitido el 5 de marzo de 2015, en el que destacó varias irregularidades en la creación de la escuela vial.

El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez de Garantías N°2 Eduardo Ruhl el 17 de febrero de este año. En esa audiencia, las fiscales les imputaron a los funcionarios el delito de peculado, ya que habrían utilizado “fondos públicos cuya administración, les había sido confiada, con destino a poner en funcionamiento, a partir del mes de febrero de 2014, una escuela pública de gestión privada que lleva el Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz”. Y, entre otras cosas, señalaron que para sostener la escuela, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) pagó, desde su creación, 3 millones de pesos a personal docente y cerca de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción del edificio escolar.

También sostuvieron que: “Cuando el Consejo General de Educación (CGE) aprobó la creación del establecimiento escolar, con el único propósito de simular que la escuela iba a ser administrada y sustentada económicamente por una institución privada, formaron una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, presidida por Kemerer y en la cual Rodríguez fue designado secretario”.

“Kemerer, representando a la Asociación Civil Los Viales y actuando en connivencia con Rodríguez y con Heyde, sin observar el procedimiento previsto la Ley de Contabilidad Pública, celebraron un contrato de comodato por el cual DPV le cedió a la Asociación Civil el predio donde funciona la escuela, consistente en una porción de terreno de 150 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Saraví, entre Brasil y JM Esquiú de Paraná, dentro del predio de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, Departamento Almacenes de la DPV”, agregaron en la acusación.

En aquella audiencia, la fiscalía adelantó que solicitará 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, para Rodríguez y Kemerer; y 4 años de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua, para Heyde.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.