Fueron miles en las calles. Miles de pibes y de pibas, de docentes, de ciudadanos comunes que acompañaron el reclamo en la segunda marcha federal universitaria, que en Paraná unión Plaza 1° de Mayo con Casa de Gobierno.
No fue distinta que la de abril. Hay quienes dicen que fue mayor la de este miércoles 2. Como fuere, la movilización mostró que la Universidad es un colectivo amplísimo con una certeza: sin financiamiento la educación de grado no puede prosperar ni formar.
El presidente Javier Milei ya vetó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y que otorgaba certeza al funcionamiento de las Universidades Nacionales, y dejaba atrás las discrecionalidades del Poder Ejecutivo. “Dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”, dice el decreto 879/2024 publicado este jueves en Boletín Oficial.
En la madrugada del viernes 13 de septiembre el Senado había aprobado la iniciativa, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. En la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y 1 abstención.
La norma propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
La norma implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto también modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados, áreas de vacancia y actividades de investigación y extensión.
El dictamen que se puso a consideración encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho período.
Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el Indec.
“Lo establecido acerca de la recomposición salarial no se aplicará si las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para 2024 son acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las federaciones representantes de los trabajadores de la educación superior y las escuelas preuniversitarias”, sostiene el dictamen.
De acuerdo con los datos publicados por la Federación Nacional de Docentes Universitarios, al contrastar la pauta salarial de un docente universitario con la inflación publicada por el Indec, en agosto de 2024 la caída del poder de compra fue del 9,2% respecto de diciembre de 2023.
En el Senado la norma, que fue sancionada con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza, más los senadores del PRO Carmen Alvarez Rivero, Alfredo De Angeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala (PRO).
Con información de Chequeado
Fotos: La Lucha en la Calle