El Gobierno anunció que, luego de un 2020 cruzado por la pandemia y sin discusión salarial en paritaria, a finales de enero de 2021 empezará la negociación con los sindicatos del Estado. En el ínterin, el Poder Ejecutivo aplicó una suba salarial por decreto para el último trimestre del año basado en sumas fijas – $4.000 para los agentes que perciban hasta $35.000; $3.500 para los que perciben de $35.000 a $55.000; y $3.000 para los que perciben más de $55.000 a $120.000- y además dispuso el pago de un bono de fin de años de $5.000 para los activos, y de $3.000 para los jubilados.
El salario testigo del cargo de maestro de Entre Ríos tiene un valor de bolsillo de $ 24.865, pero está conformado por montos remunerativos de $ 22.445 y $ 2.420 en negro, que vienen como incentivo docente de Nación, y la mitad de ese monto es una suma provisoria, a término. De los $ 22.445 remunerativos, hay $ 5.000 que consiste en un subsidio a la pobreza o adicional para mínimo, que sólo lo perciben los cargos con menor antigüedad y se pierde a medida que pasan los años. “Luego de todos estos sencillos cálculos, debemos decir que el sueldo docente testigo en Entre Ríos es de $ 17.445. Ése es el sueldo que se toma como base de cálculo para el resto de los cargos y horas cátedra y también el que se toma como base de cálculo para los y las docentes jubiladas”, analiza el docente Víctor Hutt, analista especializado en la política salarial docente.
Al respecto, sostiene que “el sueldo remunerativo inicial es de $ 22.445. El valor nominal de ese sueldo de bolsillo es el que se toma como base de cálculo para el aporte a la obra social. El aporte de una maestra o maestro inicial a la obra social es de $ 830; con esos $ 830 como aporte inicial, la obra social debe brindar todos los servicios de salud necesarios. Tengamos en cuenta que una prepaga de salud de cobertura media para un grupo familiar tiene un costo mensual de $ 12.000 como mínimo. La proliferación de pagos de montos en negro en el salario docente genera, además de problemas económicos en la familia, graves problemas en la administración de nuestra obra social, que si además lo analizamos en un marco inflacionario que hace que aumenten los medicamentos y prestaciones y prestadores que exigen actualización de montos a una obra social que no tuvo actualización de ingresos por falta de actualizaciones salariales, podemos entender por qué se nos corta la obra social. Se corta porque tenemos un Gobierno provincial que no actualiza salarios con inflación y paga con montos en negro y porque los prestadores quieren seguir ganando altas sumas por atención sin importar las condiciones de crisis que sufren los afiliados, presionan sobre la pobreza de los trabajadores y cortan el servicio, como si fuera decisión de la obra social no poder subir los montos pagados”.
En ese escenario, Hutt reprocha la sanción, en julio pasado, de la Ley de Emergencia Solidaria, “que quitó salario de trabajadores y jubilados provinciales: sobre un salario 100% devaluado respecto a la inflación anual, sumó recortes extra para equilibrar las cuentas de la Provincia, desequilibrada por sus deudas en dólares, por falta de decisión de recaudar sobre los que más ganan. Quitó 2% del salario sobre ingresos que apenas superan la línea de la pobreza, y en otros casos 4% y hasta 10%, pero sólo a trabajadores y jubilados. A sus patrones, para quienes trabaja (el Gobierno), no les pidió ningún aporte solidario o de justicia social y distributiva. Esa Ley de Emergencia utilizó la palabra solidaridad, pero una solidaridad invertida, de los trabajadores hacia los millonarios, de los que apenas superan la línea de la pobreza a los que juntan fortunas sin trabajar, explotando el trabajo de otros o especulando en el circuito financiero. Eso no es solidaridad: eso es injusticia social, ese es el concepto de defendió Bordet en su política provincial”.
Desde el mes de febrero de 2020, indica el estudio de Hutt, “los docentes reclamamos paritarias. (El Gobierno) la demoró ante la llegada de la pandemia y luego la cerró para siempre. Ahora nos convoca el 23 de diciembre para decirnos que se abrirá a finales de enero de 2021: la confirmación de su política de ajuste a los que trabajan, la confirmación de que durante 2020 no habrá recuperación del salario perdido por inflación. Pero además, no sólo que no abre la paritaria provincial, sino que incumple la paritaria nacional, está por fuera de la legalidad: la paritaria nacional acordó un aumento en noviembre del 10%, llevando el mínimo docente a $ 27.500. En Entre Ríos se mantiene en menos de $ 25.000. La paritaria nacional es de cumplimiento obligatorio para las provincias, ni siquiera requiere que nos sentemos a acordarlo: debe efectivizarse el aumento del 10$ a todo el escalafón en forma inmediata”.
“A partir del incumplimiento de lo determinado por la paritaria nacional, ahora no sólo decimos que Bordet gobierna para las patronales, ajusta a los trabajadores, es la cabeza de un gobierno antipopular, sino que además Bordet está gobernando en la ilegalidad al no cumplir con lo determinado por la paritaria nacional”, subraya.
Entonces, analiza que con haberes de diciembre “se juntan dos nuevos bonos en negro en el salario docente y de todos los trabajadores estatales de la Provincia: el de $ 4.000 y su escala regresiva y un nuevo bono en negro de $ 5.000 para activos y de $ 3.000 (60%) para jubilados, que sumados a los $ 2420 en negro de incentivo docente, nos dan un total de $ 11.420 pesos en negro que no aportan a obras sociales y cajas jubilatorias. Por esos $ 11.420 las obras sociales pierden un aporte de $ 856, entre el 3% de aporte personal y el 4,5% de aporte patronal. Allí hay que buscar el motivo de los problemas que vemos en el Iosper para cubrir las prestaciones, Bordet no sólo nos empobrece, sino que además pone en profundo riesgo la atención de nuestra salud en tiempos de pandemia. Así como hay una evasión de aportes de $ 856 para un sueldo testigo a las obras sociales, por el mismo motivo del pago en negro hay una evasión de $ 3.654 a la Caja de Jubilaciones”.
Hutt asegura que el Gobierno “comenzó el año con un intento de quitarnos derechos jubilatorios, con un intento de reformar nuestra histórica ley de jubilaciones y tuvo que frenarse ante la resistencia en toda la provincia, pero siguió buscando formas de quitarnos derechos y encontró un detalle para darse el gusto, nos quitó el histórico 3 x 1 en la jubilación docente, un derecho que no está en la ley pero que un gobierno anterior lo agregó por resolución, al considerar injusto que los docentes no tengan una quita de años de edad al pasarse en los años de aporte, algo similar a lo que tienen el resto de los trabajadores, su obsesión con la quita de derechos es tan marcada que insistió y encontró un lugar donde golpear derechos, un tipo con claridad de convicciones antipopulares y anti obreras”.
«Bordet -apunta- coronó un año de quita de ingresos, quita de derechos, destrucción de obras sociales, empobrecimiento, implementación de una política de pagos en negro, ingresó en la ilegalidad al incumplir con la paritaria nacional, cerró durante todo el año la paritaria provincial, jamás abrió el diálogo con los trabajadores, todo en perjuicio de los trabajadores y jubilados»
De la Redacción de Entre Ríos Ahora