La distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) presentó ayer un nuevo pedido de aumento de la tarifa eléctrica.
El planteo es al margen de las actualizaciones ya aprobadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), y que ahora son cuestionadas por distintos amparos en la Justicia.
El pedido, cuyo porcentaje no trascendió, fue formalizado ante el EPRE. Y se concreta en medio de una dura batalla judicial que mantiene el Gobierno por sostener la actualización tarifaria resuelta a principios de año.
Enersa es una distribuidora estatal, a cuya cabeza está Alfredo Muzachiodi, y el dirigente sindical de Luz y Fuerza, Sergio Menéndez, como vicepresidente.
Muzachiodi fue uno de los que asistió a la convocatoria que tuvo lugar el 23 del actual en el EPRE, a cuya finalización se rubricó un documento con un expreso aval a los aumentos de la tarifa ya en vigencia.
El texto señala que “frente a los cuestionamientos de público conocimiento que se están sucediendo en sede judicial respecto a la necesaria readecuación de los costos de servicios públicos”, los aumentos aprobados por el EPRE “responden en su totalidad al cumplimiento estricto de lo previsto en el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial y a los contratos de concesión”.
Esos aumentos, dijeron, tuvieron como objetivo “garantizar a los usuarios/consumidores del servicio eléctrico la prestación del mismo y evitando el colapso del sistema energético provincial, con las consecuencias generales que derivarían de no haberse adoptado las medidas normativas y regulatorias hoy cuestionadas”.
El aumento de la luz y tiene dos fallos adversos en la Justicia, firmados por los camaristas Marcelo Baridón en el caso Bioder SA, y Gisela Schumacher en el pleito que inició la Estación de Servicio Laurencena SRL.
Los dos magistrados pertenecen a la Cámara Contencioso Administrativa y ambos amparos corresponden a un mismo empresario, Alejandro di Palma. Resueltos en primera instancia con fallos en contra del Ente Regulador y también de la Fiscalía de Estado, ahora los dos recursos de amparo están a resolución de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Esta semana se aguarda que haya sentencia respecto del primer caso, Bioder SA.
La falta de convocatoria a audiencia pública para debatir el aumento tarifario que el Ente Regulador dispuso por resolución es uno de los reproches centrales de los fallos adversos que cosechó el Gobierno en la Justicia.
El artículo 36º de la Ley Nº 8.196/95 de Marco Regulatorio Eléctrico prevé que las distribuidoras –18 cooperativas eléctricas más la estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa)—aplicar “estrictamente las tarifas aprobadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía”, pero que cualquier modificación debe contar con “difusión pública” y debatida en “una audiencia pública”.
“El Ente Provincial Regulador de la Energía deberá resolver dentro de los 60 días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación –prevé el artículo 37º–. Este plazo podrá ampliarse mediante resolución fundada en causas imputables a la concesionaria. Si no se resolviese en el plazo mencionado, el concesionario podrá ajustar sus tarifas a los cambios solicitados como si estos hubieran sido efectivamente aprobados, debiendo, sin embargo reintegrar a los usuarios cualquier diferencia que pueda resultar a favor de estos últimos si las modificaciones no fueran finalmente aprobadas”.
La jueza Schumacher fue quien más claramente advirtió el incumplimiento de ese apartado legal, al sostener que no pone en discusión en su fallo, que benefició a la empresa Estación de Servicio Laurencena SRL, la necesidad de la actualización tarifaria. “Lo que no es admisible –advirtió– es tratar de enmascarar la omisión de un procedimiento esencial (audiencia pública) bajo la urgencia de la restauración de la ecuación económica financiera frente a la amenaza de quebranto, cuando en la ley que regula el servicio público se prevé un plazo absolutamente veloz que combina la garantía de la ciudadanía en conocer información con la protección del servicio público”.
La resolución Nº 150/15 puso en vigencia el aumento aprobado en la audiencia pública de enero de 2014, en Villaguay, cuando se autorizó una suba del 19,8% que, sin embargo, y como consecuencia de un acuerdo Nación-Provincia, permaneció congelado hasta diciembre último. Pero a ese incremento se sumó el índice de adecuación de los costos de distribución, otro 17,2%, con lo cual la suba resultó del 37%. Aunque aclaró que se trató de un incremento morigerado por cuanto a partir de la fórmula polinómica prevista en el contrato de concesión, ese incremento debió ser del 81,17%.
Pero ese porcentaje se aplicó sólo en enero de 2016. En febrero, el Ministerio de Energía de la Nación aprobó un nuevo incremento para todas las distribuidoras del país que movió el costo de la energía en el mercado mayorista y supuso para el usuario otro 84% de aumento.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.