El diputado provincial Eduardo Solari (UCR) presentó un proyecto de ley que busca promover una serie de modificaciones en el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos para evitar que los delitos de corrupción contra la Administración Pública se diriman a través de juicios abreviados.
La iniciativa del legislador del bloque Juntos por el Cambio parece tener un destinatario claro: el caso del exdiputado provincial justicialista y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, que arregló sus asuntos con la Justicia mediante una salida de juicio abreviado que, sin embargo, mereció sendos reproches: de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, que lo denunció por un caso de violencia de género; y del periodista Martín Carboni, que lo llevó a los estrados en una causa por amenazas.
No fueron los únicos asuntos tribunalicios que preocupaban a Allende. Tenía abierta una causa por enriquecimiento ilícito y otra por negociaciones incompatibles con la función pública. El Procurador Jorge García y la Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche acordaron con el defensor de Allende, Leopoldo Lambruschini, un acuerdo de juicio abreviado que debió cerrarse el último 1° de julio pero cuya audiencia fue suspendida por el brote de coronavirus en Paraná.
La instancia de juicio abreviado permite que, a partir del reconocimiento del ilícito cometido, la persona se reconozca culpable, acuerde una pena reducida con la fiscalía y evite así una condena mayor producto de un juicio oral y público.
“Estamos observando que la instancia del juicio abreviado termina funcionando como una vía para que las investigaciones no se profundicen más allá de los delitos evidentes (sobre todo en los casos de enriquecimiento de funcionarios actuales y pasados) y, además, obtura la posibilidad que el Estado recupere de verdad lo robado”, afirmó el diputado Solari, que tiene un pleito con el jefe de los fiscales, Jorge García, que está a resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Solari acudió a un recurso de amparo para exigir al Procurador Jorge García le aporte información sobre el número de causas por corrupción que tramitan las distintas Unidades Fiscales de la Provincia. En primera instancia consiguió fallo favorable del juez Elvio Garzón, pero el Procurador apeló al STJ.
“Entre Ríos no soporta más la impunidad ni los privilegios, no soporta que el dinero que falta para equipar hospitales, reparar escuelas o mejorar el salario de docentes, policías y personal de la salud siga en manos de los corruptos, sus familiares o amigos, que muchas veces operan como testaferros y ni siquiera llegan a ser mencionados en las investigaciones”, agregó el legislador. “En otros casos, se han decomisado bienes que significan una exigua proporción de los mal habidos, con multas que no se acercan siquiera a los mínimos legales”, mencionó Solari.
“No debemos olvidarnos, como especial objetivo de este proyecto, que los hechos de corrupción no son delitos comunes ni ingenuos, sino que tienen una enorme incidencia colectiva, social, política, económica y hasta cultural, sin perder de vista tampoco que sus autores intelectuales y/o materiales, -independientemente de su grado de participación- son ciudadanos con mayores responsabilidades, que se aprovechan de su posición para enriquecerse a costa del pueblo, a quien ahora se le pide que contribuya todavía más en el nombre de una Emergencia que es producto de la irresponsabilidad de los que gobiernan hace más de 16 años”, agregó el legislador que ocupa la vicepresidencia de la UCR entrerriana.
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“Los corruptos tienen que ir presos y devolverle al Estado todo lo que se robaron durante años. Este es el camino para tener más recursos para hacer obras y cuidar la salud de la población, y no seguir inventando y aumentando impuestos y metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores”, subrayó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora