El juez José María Chemez, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, oyó este miércoles por la mañana los planteos de nulidad que interpusieron la defensa del diputado Pedro Báez (PJ) y el empresario Germán Buffa, en la causa en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del legislador.

Los defensores Igancio Díaz (Báez) y José Velázquez (Buffa) atacaron la resolución del juez de Garantías Nº5 Elvio Osir Garzón, quien el pasado 2 de marzo autorizó el allanamiento en dos propiedades de Buffa, y donde se recolectaron pruebas de interés para la causa, entre ellos computadoras y teléfonos. La resolución del juez Chemez se conocerá el viernes.

Los allanamientos cuestionados por los defensores fueron en una propiedad ubicada en el ingreso a Aldea María Luisa; y en una casa ubicada sobre calle Toribio Ortiz, de Paraná.

En la audiencia de hoy, un comentario del abogado de Buffa, Velázquez, despertó sorpresa en el fiscal de la causa, Juan Malvasio. “Que se quede tranquila la Fiscalía que de los elementos secuestrados no hay elementos de interés para la causa”, manifestó el letrado luego de pedir la nulidad de los allanamientos y con ello de toda la prueba.

El fiscal advirtió que esa expresión fue llamativa, habida cuenta de que semanas atrás los abogados interpusieron ante el juez Garzón un recurso que suspendió los peritajes sobre los teléfonos y computadoras secuestradas hasta tanto el Tribunal de Apelaciones resuelva sobre la validez de los allanamientos. “Si dicen que no se van a encontrar elementos para la causa, por qué no dejan que se periten los teléfonos”, razonó el fiscal.

“Si lo que se pretende con estas apelaciones es fijar un criterio, hubiesen dejado peritar los teléfonos y computadoras y no interponer un recurso de revocatoria ante el juez de Garantías para que disponga el efecto suspensivo, habida cuenta que íbamos a tratar en esta audiencia la validez o no de las órdenes de allanamiento. Evidentemente se pretende dilatar el proceso”, planteó Malvasio.

Luego subrayó que “la actitud de la defensa del diputado Báez no es otra que dilatar y poner trabas al avance de esta investigación penal preparatoria”.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los argumentos de los defensores “son meros disconformismos a la detallada y meticulosa resolución del juez de Garantías, que autorizó el allanamiento del 2 de marzo y que el 5 de abril rechazó el planteo de nulidad de Báez y la exclusión probatoria de Buffa”.

Más adelante, consideró paradójico y sorprendente que el diputado Báez, a través de su abogado, cuestione el allanamiento realizado sobre el empresario Buffa. “Si no tienen ninguna vinculación no se entiende por qué se pretende nulificar la resolución del juez de Garantías Nº 5”, sostuvo el fiscal y agregó que en las diferentes audiencias los defensores no demostraron que se afectó el derecho de defensa y el debido proceso.

Al finalizar las exposiciones, el juez Chemez anunció que dará a conocer su resolución el viernes, a las 12,30.

La causa

La sospecha de la Fiscalía es que, siendo funcionario público, el diputado Báez incrementó de manera desproporcionada su patrimonio entre 1991 y 2016.  Como detalló Entre Ríos Ahora, hasta ahora, en el expediente surgió que entre su patrimonio figuran una casa quinta en la zona de calle Jozami al 2000, en la Toma Vieja; una casona sobre calle Cervantes al 400; un yate que amarra en el Club Náutico – una embarcación modelo Mamba 25, a un costo de mercado de unos 50 mil dólares, bautizado Petit Pois-; además, junto a su esposa, la trabajadora social Sofía Riquelme, manejan la firma Innova Turismo, la SRL que regentea el hotel Amanzi Termal, en Villa Zorraquín, en Concordia.

Además, la Fiscalía considera que existen elementos de convicción que permiten sostener como probable que el empresario Germán Buffa sería testaferro de Báez. Buffa maneja una franquicia de Planeta Pizza en Paraná, y también está al frente de la empresa Global Means, que en 2011 consiguió que la gestión de Sergio Urribarri y Báez le diera una pauta de publicidad oficial un mes antes de que fuera constituida legalmente. Por ese hecho, el juez de Transición Gustavo Maldonado lo procesó junto a los actuales diputados en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública.

En la investigación por el supuesto enriquecimiento ilícito de Báez, la fiscalía cuenta entre la prueba con un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), fechada el 17 de abril de 2017, en el que surge que Buffa es apoderado de la firma Innova Turismo, en la que la cónyuge de Báez es socia. Además, existe un documento firmado por una escribana mediante el cual se autorizó a la pareja del diputado y a su hijo a conducir un automóvil propiedad de la empresa Global Means SA, que preside Buffa.

 

Gonzalo Núñez

De la redacción de Entre Ríos Ahora.